El Ministerio del Interior pagará 25 euros por hora extra para este caso, mientras que el resto del personal continuará cobrando 10 euros por cada hora adicional.
El Gobierno ha reavivado la controversia en la Policía Nacional relacionada con el proceso de regularización de inmigrantes residentes en España, esta vez por motivos económicos. Si bien el Cuerpo ya manifestó su descontento por la falta de información durante la tramitación, ahora la causa del malestar son las horas extra que cobrarán los funcionarios encargados de esta labor. El Ministerio del Interior remunerará esas horas a 25 euros, mientras que al resto del personal se les mantendrá el pago de 10 euros por hora extra. En la Policía, esta diferencia ha sido interpretada como un «agravio». El llamado «plan de choque» aprobado por la Dirección General de la Policía para gestionar más de un millón de permisos de residencia derivados de la regularización masiva es, según las fuentes policiales consultadas, «un fracaso».
El plan contempla la apertura de oficinas de documentación en horario vespertino y los sábados, con el objetivo de absorber la gran cantidad de expediciones de Tarjetas de Identidad de Extranjero (TIE), remunerando estas jornadas extraordinarias con 25 euros por hora y 125 euros por día sábado. El sindicato Jupol ha criticado la disparidad presupuestaria entre departamentos en las horas extra. «Es inadmisible que la Administración encuentre recursos económicos de inmediato para ejecutar una decisión política mientras sigue negándose a resolver problemas esenciales que afectan directamente a los policías nacionales, como la actualización de las dietas, una regulación adecuada de los servicios extraordinarios, una jubilación digna mediante el reconocimiento efectivo como profesión de riesgo o la equiparación salarial real», reivindican. Esta medida incidirá en «el personal destinado en las unidades de Documentación, asegurando la experiencia y capacitación de quienes participan».
«No puede haber presupuesto para implementar decisiones políticas de forma instantánea mientras nunca se asigna fondos para dignificar las condiciones laborales de quienes garantizan la seguridad ciudadana», concluye el sindicato.
El tema de las horas extra constituye otra controversia en este proceso, calificado por mandos policiales como «falto de transparencia». La ausencia de una distribución clara de competencias sobre la tramitación —habitualmente gestionada por las brigadas de Extranjería— llevó al Gobierno a improvisar externalizando la gestión. En este sentido, Correos y la empresa Tragsa se encargaron de tramitar las solicitudes, generando recelo y preocupación dentro de la Policía, puesto que nadie ha comunicado qué ocurrirá a partir de ahora. No se ha aclarado si los expedientes gestionados —más de un millón— serán remitidos a Extranjería para verificar el cumplimiento de requisitos o si, por el contrario, se aceptarán directamente como válidos. La Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional advirtió desde el inicio sobre este escenario impuesto por el Ejecutivo central. Se lamentó la ausencia de directrices para enfrentar esta reforma estructural, considerada por el Gobierno como una «urgencia social». El documento del máximo responsable de Extranjería advierte que una regularización de tal escala podría provocar «efectos negativos significativos» y un posible «efecto llamada» para nuevos flujos migratorios irregulares, así como tensiones sociales, problemas de seguridad y orden público.
El proceso concluye con cifras muy alejadas de las expectativas iniciales y con la Policía Nacional calificando esta tramitación como «apocalíptica». Desde su anuncio en febrero, los agentes han detectado una «gran cantidad» de personas que han intentado acceder al proceso mediante métodos fraudulentos. La Comisaría General de Extranjería y Fronteras emitió una alerta interna en un oficio, al que tuvo acceso EL MUNDO, acerca de un aumento del 866% en las denuncias por supuestos extravíos de pasaportes de ciudadanos paquistaníes, una maniobra identificada para evadir controles penales y facilitar la regularización.