El juez Pedraz lleva a cabo una investigación contra Mercedes González y Manuel Llamas por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia. La Fiscalía sostiene que se habría ejercido «presión» sobre la UCO mediante la apertura de expedientes.
«La continuada apertura de informaciones reservadas dirigidas exclusivamente a funcionarios involucrados en investigaciones de alta relevancia, coincidiendo con momentos procesales especialmente delicados y sin una auténtica justificación disciplinaria, puede ser un indicio claro de que el objetivo real no era la sanción administrativa, sino más bien crear un efecto de intimidación para influir en el desarrollo de las pesquisas. En otras palabras, el expediente disciplinario dejaría de ser la finalidad para convertirse en un instrumento de intimidación».
Esta fue la conclusión de la Fiscalía Anticorrupción, respaldada por el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quien imputó ayer a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO) del cuerpo, Manuel Llamas, por los delitos continuados de prevaricación y de obstrucción a la Justicia en el marco de la causa relacionada con las cloacas del PSOE.
El proceso judicial deberá esclarecer si los investigados intentaron provocar un «efecto disuasorio» contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a partir del «uso excesivo de la potestad disciplinaria como forma de presión institucional».
La sospecha de la Audiencia Nacional es que las informaciones reservadas que ordenó abrir la directora de la Guardia Civil, con la ejecución por parte del DAO, contra integrantes de la UCO, se usaron como «un mecanismo de coacción para condicionar la función de policía judicial» en las investigaciones de corrupción que involucran al Ejecutivo, al PSOE y al entorno familiar del presidente Pedro Sánchez.
Mercedes González y Manuel Llamas deberán declarar el próximo 16 de julio en calidad de investigados, ante la existencia de indicios que, preliminarmente, sin perjuicio de la instrucción posterior, podrían constituir delito.
El juez Pedraz, respaldado por Anticorrupción, examina las maniobras de la ex militante del PSOE Leire Díez, quien, bajo contrato con el partido, elaboró un plan para investigar a la UCO por posibles filtraciones en casos que afectaban al Gobierno y a la familia presidencial. De la investigación judicial se extrae que la llamada fontanera, actuando bajo órdenes del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, diseñó una estrategia para abrir una investigación interna contra miembros de la UCO con la finalidad de amedrentarlos y desalentarlos a continuar con las pesquisas sobre la corrupción socialista.
Para ejecutar este plan, Leire Díez —quien anotó en su agenda la frase «Investigación interna G.C. para filtraciones»— se aprovechó de su acceso a la directora de la Guardia Civil, que decidió iniciar esas informaciones reservadas contra la unidad élite del Instituto Armado especializada en la lucha anticorrupción. Se abrieron tres expedientes internos señalando supuestas filtraciones atribuidas erróneamente a miembros de la UCO.
En su petición de imputación, la Fiscalía subraya el impacto que esto pudo ocasionar en los investigadores: «La sucesiva apertura de informaciones reservadas contra integrantes de una unidad policial dedicada a investigaciones penales relevantes tiene un claro potencial para generar un efecto desanimador en el ejercicio independiente de la función de policía judicial. La presión no se limita solo al perjuicio directo sobre el funcionario afectado, sino que transmite un mensaje institucional a toda la unidad investigadora: desarrollar ciertas líneas de investigación puede acarrear sanciones disciplinarias para quienes las impulsen».
El departamento comandado por el fiscal de Sala Alejandro Luzón solicitó las imputaciones de González y Llamas luego de que dos exjefes de la UCO, Rafael Yuste y Alfonso López Malo, confirmaran ante el juez que se les había ordenado «mantener un perfil discreto» en pesquisas como la que afecta al hermano del presidente. La directora de la Guardia Civil y el DAO son llamados a declarar como investigados para garantizar sus derechos —incluyendo el de no declarar o no autoincriminarse—, distinto del estatus de testigos.
Según ha revelado la investigación judicial, Mercedes González mantuvo dos reuniones con la fontanera del PSOE, a pesar de que inicialmente tanto la directora de la Guardia Civil como el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, negaron estos encuentros.
Los generales Yuste y López Malo descartaron que González los convocara tras el estallido del escándalo para informarles sobre los contactos que había mantenido con Leire Díez.
Así, durante sus declaraciones ante el juez Pedraz, los ex responsables de la UCO refutaron la explicación dada por González en el Senado, donde la directora de la Guardia Civil negó que las indicaciones de su DAO sobre el caso del hermanísimo fueran ciertas y aseguró que había comunicado a los mandos conocer a Leire Díez.
Al respecto, Anticorrupción enfatizó que «en una nota de prensa de la Directora General de la Guardia Civil y en su testimonio ante el Senado el 16 de junio de 2026, reconoció al menos dos encuentros, sin especificar duración, fecha ni contenido, que hasta ese momento eran desconocidos para la Unidad Central Operativa, según declaraciones de los testigos hasta la fecha (todos ellos generales de alta responsabilidad dentro de estas investigaciones y subordinados directos del DAO)».
La Audiencia entiende que «la instrumentalización de expedientes disciplinarios como método de presión hacia los investigadores policiales puede constituir un delito de obstrucción a la Justicia conforme al artículo 464.1 del Código Penal». Esta norma sanciona a quien, con violencia o intimidación, intente influir tanto directa como indirectamente en cualquiera de las partes involucradas en un proceso judicial, incluyendo denunciante, imputado, abogados, procuradores, peritos, intérpretes o testigos, para modificar su conducta procesal.
El propósito es «asegurar el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia mediante la protección de la autonomía de actuación de quienes participan en procedimientos judiciales, evitando que esta pueda ser afectada por cualquier tipo de presión ilegal», tal como señalaron las fiscales Anticorrupción.
Por su parte, el delito de prevaricación sanciona la emisión de resoluciones «arbitrarias» o «manifiestamente injustas», adoptadas en contra del interés público.
Finalmente, el magistrado Santiago Pedraz desestimó ayer incluir como investigado al anterior director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, al no encontrar indicios de delito en su actuación.