La sentencia lo identifica como «un motor y facilitador del sistema desde una posición de poder político y una influencia decisiva».
La Audiencia Nacional ha impuesto una condena de dos años y medio de prisión a Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid y ex número dos de la expresidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre, debido a irregularidades en los contratos otorgados a la empresa Waiter Music para organizar las fiestas populares en varios municipios madrileños, dentro del contexto del caso Púnica.
Así lo ha resuelto la Sala de lo Penal, que le ha impuesto esa pena por un delito continuado de fraude. Además, le sancionan por un delito continuado de prevaricación, asignándole ocho años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
El tribunal aclara que la participación de Granados «no se desempeña como gestor directo del expediente administrativo, sino como un motor y facilitador del sistema desde una posición política de poder e influencia determinante».
La Audiencia Nacional sostiene que Granados «tuvo una influencia constante sobre los órganos decisorios, aunque no poseyera formalmente competencia administrativa directa, y se benefició de esta relación mediante la recepción reiterada de prestaciones en especie no remuneradas, consistentes en eventos privados sufragados por el empresario» José Luis Huertas.