Se plantea que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sea la encargada de identificar las páginas con «efectos nocivos» y elaborar una lista con aquellas consideradas adecuadas
El PSOE y Sumar buscan perfeccionar la redacción del proyecto de Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia en los Entornos Digitales, actualmente en trámite en el Congreso de los Diputados, para establecer con mayor claridad la prohibición del acceso a redes sociales a menores de 16 años. Han convenido que dicha restricción se aplicará únicamente a plataformas que contengan contenidos «nocivos» para la infancia y adolescencia. Quedan exceptuadas las enciclopedias digitales, las plataformas sin fines lucrativos orientadas a la educación o investigación, los repositorios de software, además de aquellas que se «constate que no representan un riesgo para la seguridad y salud» de los menores.
A través de varias enmiendas transaccionales presentadas este jueves a Junts, PP y PNV, las formaciones del Gobierno de coalición proponen que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sea la entidad responsable de supervisar los contenidos y otorgar una autorización explícita tras verificar que las redes sociales prohíben conductas y contenidos —incluyendo la publicidad— que «puedan afectar el desarrollo físico, mental y moral de los menores» y que no apliquen prácticas que «inducciones a un uso compulsivo o adictivo» ni provoquen «una exposición excesiva o pérdida de privacidad».
De manera «excepcional», y aunque no cumplan algunas de estas condiciones, el Ejecutivo permitiría el uso de redes por parte de menores siempre que no causen «efectos nocivos». La CNMC dispondrá de un plazo máximo de tres meses para resolver. Esta entidad publicará un listado de las redes sociales que quedarán excluidas de la prohibición.
Esta disposición deberá desarrollarse posteriormente mediante un real decreto que deberá ser aprobado en un plazo máximo de seis meses. La transaccional estipula que la prohibición no tendrá efecto hasta la entrada en vigor de dicho real decreto.
Por lo penal
Por otro lado, ambos partidos plantean tipificar como delito la manipulación algorítmica y la amplificación de contenidos ilegales, así como establecer la responsabilidad penal de los directivos en caso de no retirar los contenidos ilícitos de sus plataformas. Hasta ahora, las sanciones han sido de naturaleza administrativa. Estas son dos demandas de colectivos médicos y psicológicos que trabajan con menores, aunque se quedan incompletas, dado que no se extiende la responsabilidad penal a aquellas plataformas que no implementen sistemas eficaces para verificar la edad de sus usuarios.
«Este Gobierno no se rendirá ante los tecno-oligarcas. Transformaremos el espacio digital en un entorno seguro para los jóvenes», declaró este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
«No consentiremos que cuatro magnates desde Silicon Valley vulneren los derechos de la infancia», afirmó en el mismo sentido la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, asegurando que «los líderes digitales tendrán responsabilidad penal en España por los contenidos difundidos en sus plataformas».
La realidad es que cualquier menor puede acceder con facilidad a cualquier red social o sitio pornográfico, debido a que las herramientas de control de edad, cuando existen, son muy laxas y se evaden sin dificultad. El Gobierno prometió implementar un sistema de verificación de edad coordinado con la UE, aunque su puesta en marcha ha sufrido retrasos.