La fiscal jefe ha instruido a las Fuerzas de Seguridad para que informen sobre cualquier acción de este tipo, con el fin de responder al aumento de estos incidentes.

La Fiscalía Antidroga ha ordenado a las Fuerzas de Seguridad que reporten toda actuación violenta protagonizada por tripulantes de narcolanchas. El propósito es añadir al delito de tráfico de drogas la figura de piratería, que el Código Penal sanciona con penas de entre 10 y 15 años de prisión.
La base de esta decisión se encuentra en la instrucción iniciada el lunes por la fiscal jefe de Antidroga, Rosana Morán, dirigida a Policía y Guardia Civil: «Los actos violentos y acometidas que se vienen produciendo con mayor frecuencia en aguas tanto internacionales como nacionales contra integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o funcionarios de Vigilancia Aduanera, quienes son atacados mediante EAV [embarcaciones de alta velocidad] u otras embarcaciones, han aumentado en los últimos años sin que se haya ofrecido una respuesta punitiva adecuada para enfrentar el desafío que estas conductas violentas representan para la seguridad de la navegación marítima, así como para la vida e integridad física de los afectados».
El delito que se pretende aplicar es el 616 ter del Código Penal, que prevé penas de 10 a 15 años de prisión para quien «con violencia, intimidación o engaño, se apodere, dañe o destruya una aeronave, buque u otro tipo de embarcación o plataforma marítima, o bien atente contra las personas, carga o bienes que se hallen a bordo de las mismas».
Antidroga sostiene que esta redacción permite imputar cargos en los casos de maniobras violentas realizadas por las narcolanchas, considerando que el propósito principal de esta norma es «proteger la seguridad de la navegación marítima».
Para fundamentar esto, se apoya en una reciente sentencia del Tribunal Supremo que confirmó una absolución por piratería dictada por la Audiencia Nacional y posteriormente revocada en apelación. La resolución del Alto Tribunal «abre la posibilidad de aplicar este tipo penal en determinadas conductas que implican acometidas, actos violentos y ataques con narcolanchas u otro tipo de embarcaciones usadas específicamente para el transporte de droga contra miembros y fuerzas de seguridad del Estado o funcionarios de vigilancia aduanera».
Antidroga requiere que en los atestados de las Fuerzas de Seguridad «se haga constar de manera expresa y detallada cualquier acto de violencia, intimidación, ataque o acometida, directa o indirecta, cometidos por los conductores y ocupantes de estas embarcaciones contra embarcaciones oficiales o las personas que las tripulan».

