Las claves
ASFACUME denuncia que el proyecto de la CUME disminuye los derechos de familias con menores afectados por enfermedades graves.
La asociación critica el incremento de la burocracia y el control administrativo, lo que complica el acceso y la continuidad del beneficio.
Rechazan que el horario escolar y el enfoque clínico sirvan de criterio para otorgar la ayuda y advierten sobre las consecuencias sociolaborales de las nuevas normativas.
ASFACUME alerta que las omisiones del proyecto excluyen a numerosas familias del ámbito social, laboral y sanitario.
La Asociación de Familias en situación de Cume (ASFACUME) denuncia que el proyecto de regulación elaborado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones implica «un recorte en derechos para las familias con menores que padecen enfermedades graves».
El texto del reglamento para la CUME (Prestación por Cuidado de Menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave) «no se ajusta a las necesidades reales de cuidado, sino que incorpora modificaciones que complican el acceso y la continuidad de la prestación», según manifiesta un comunicado de ASFACUME.
La asociación señala que desde hace tiempo viene solicitando una actualización del RD 1148/2011 debido a fallas significativas en la gestión actual. Sin embargo, consideran que el borrador presentado no mejora la situación, sino que la agrava.
A su parecer, el Ministerio ha utilizado las demandas planteadas por las familias en sentido contrario, con medidas que aumentan el control administrativo y disminuyen la protección.
Uno de los aspectos que ASFACUME señala con más énfasis es el incremento de la burocracia. Pese a que el borrador propone renovaciones cada ocho meses, la entidad afirma que el procedimiento se torna más complicado al exigir que las renovaciones estén avaladas por especialistas externos a Atención Primaria.
Esto implica la necesidad de presentar informes de inspección médica cada dos años y restringe la certificación únicamente al sistema público de salud, aunque muchas familias cuentan con seguimiento en centros privados igual de válidos.
La asociación rechaza también que el horario escolar se incluya como un criterio para solicitudes o renovaciones de la prestación. Afirman que esta información no debe condicionar la concesión del derecho.
Argumentan que la asistencia escolar no elimina la necesidad de cuidados, terapias, controles médicos o desplazamientos habituales de los progenitores. En su opinión, utilizar la escolarización como referencia abre paso a extinciones injustificadas y desconoce las situaciones cotidianas de estas familias.
Otro punto clave en la denuncia es el enfoque clínico que, según ASFACUME, limita la prestación a la clasificación médica de una enfermedad específica. La asociación sostiene que el factor crucial no es únicamente el diagnóstico, sino el grado real de cuidados constantes, directos y continuos que requiere cada menor.
Por ello, critican que se eliminen o modifiquen patologías sin considerar la carga total de atención necesaria para los niños, así como la restricción de los cuidados paliativos sólo a la fase final de la vida.
El comunicado también advierte sobre el impacto sociolaboral de las nuevas regulaciones. ASFACUME señala que la prestación se extinguiría en casos de prácticas formativas no remuneradas realizadas por el beneficiario o el hijo causante, lo que complicaría aún más la reincorporación laboral de estas familias.
Además, critican que se elimine la prestación si el otro progenitor está en situación de gran invalidez, incapacidad permanente total o absoluta, o jubilación por enfermedad, puesto que esa condición no disminuye la necesidad de cuidados, sino que la aumenta.
La entidad añade que el borrador tampoco responde adecuadamente a las familias con más de un hijo que requiere cuidados continuos, ni a los menores que necesitan atención después de los 26 años. Para ASFACUME, estas ausencias condenan a muchas familias a la exclusión social, laboral y sanitaria.
En conjunto, la asociación interpreta que el borrador busca masificar la extinción de prestaciones y disminuir el valor social y económico del trabajo de cuidados realizado por estas familias.
Recuerdan que su labor evita consultas, hospitalizaciones, situaciones de dependencia y crises de salud, además de salvaguardar el bienestar y, en muchos casos, la vida de sus hijos.
Por ello concluyen con un mensaje contundente: los cuidados no están en venta y no aceptarán que un ministerio que incluye la palabra “inclusión” en su nombre promueva la exclusión real de miles de personas.