El incidente ocurre tras la resolución judicial que anuló la orden de arresto contra el creador de contenido por no presentarse en una causa en la que se le investiga
El despacho Ospina Abogados ha reportado el robo del expediente de Vito Quiles en sus oficinas situadas en Madrid. El hurto sucedió luego de que un juzgado levantara la orden de detención emitida contra el creador de contenido por su falta de comparecencia en la causa en la que se le investiga por la difusión de un supuesto bulo relacionado con un funcionario de Hacienda.
De acuerdo con EFE, la denuncia ubica los hechos alrededor de las 22:30 horas del sábado en la sede del bufete. Las primeras inspecciones del despacho indican que varios individuos ingresaron sin provocar daños visibles en la puerta y solo sustrajeron la carpeta física correspondiente al procedimiento judicial de Quiles, mientras que el resto de los documentos y objetos valiosos permanecieron intactos.
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El despacho declaró a la agencia que todo el trayecto de los intrusos quedó registrado por el sistema de videovigilancia, y que dichas imágenes ya están en manos de la Policía Nacional. Además, aseguran que quienes accedieron a las oficinas actuaron con conocimiento previo de las instalaciones y desactivaron el sistema de alarma sin ocasionar daños innecesarios.
La razón por la que Vito Quiles estaba bajo investigación
La orden de arresto emitida contra Quiles obedecía a una querella por la difusión de un supuesto bulo sobre un trabajador del Ministerio de Hacienda, al que presentó en redes sociales como asesor de la exministra María Jesús Montero. La persona afectada sostiene que Quiles divulgó información “completamente falsa” al acusarle de delitos por los cuales “habría estado en prisión” y una posterior liberación apoyada por Montero, quien supuestamente “lo encubrió y contrató” en el Ministerio. Quiles compartió el nombre completo y una fotografía del demandante.
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La demanda argumenta que esa exposición causó una “persecución pública” con cientos de reacciones en redes sociales, incluyendo “insultos, vejaciones y amenazas”, y que el daño persiste debido a que las publicaciones permanecen accesibles en internet.
El periodista y escritor Antonio Maestre reflexiona sobre su confrontación con Vito Quiles, analizando la reacción violenta como un comportamiento aprendido y vinculado a los "valores masculinos" con los que no se identifica.
Según fuentes judiciales, el juzgado emitió la orden tras la incomparecencia de Vito Quiles en dos citaciones. Posteriormente, el 1 de julio, agentes de la Policía Nacional acudieron a las oficinas de EDATV, donde trabaja Quiles, para ejecutar dicha orden, pero no lo encontraron en el lugar.
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Finalmente, la orden de detención fue retirada luego de que Quiles anunciara que se presentaría a las 17:00 horas del viernes en los juzgados de Plaza de Castilla acompañado de su abogado Juan Gonzalo Ospina. Horas previas había afirmado en X que en los juzgados “se está formando un lío monumental” y que le habían informado que “quieren detenerme”.
Los otros procesos abiertos
El expediente por el supuesto bulo no constituye la única causa judicial contra Quiles. También está imputado por un presunto delito de odio derivado de una protesta en 2024 contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la cual se enfrentó a una persona con discapacidad; la Fiscalía solicita dos años de prisión y la inhabilitación para ejercer periodismo.
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Además, enfrenta un proceso por un presunto delito de revelación de secretos contra la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, tras divulgar en redes sociales la dirección y fotos de su domicilio después del apagón del 28 de abril de 2025. Por esta causa declaró el 7 de abril ante el Tribunal de Instancia de Madrid. Un tercer juzgado en Sevilla lo investiga por un presunto delito de injurias y calumnias contra el secretario general de Facua, Rubén Sánchez. En este caso, la demanda atribuye a Quiles tres delitos continuados de calumnias con agravante de odio ideológico, combinados con dos delitos de injurias con publicidad, solicitando nueve años de prisión, 60.000 euros de indemnización y nueve años adicionales de inhabilitación.
*Con información de EFE