Muchas empresas consideraban que esta obligación podía aumentar la competencia entre empleadores y elevar las remuneraciones
La próxima implementación de la directiva europea sobre transparencia salarial no implicará, por el momento, un cambio en uno de los aspectos más solicitados por quienes buscan empleo en España. El borrador preparado por el Ministerio de Trabajo para adaptar esta normativa comunitaria a la legislación nacional excluye la obligación de revelar el salario antes de las entrevistas laborales, de modo que los aspirantes continuarán accediendo a numerosos procesos de selección sin conocer la retribución que se ofrece.
El documento presentado a los interlocutores sociales realiza una transposición parcial de la Directiva (UE) 2023/970, cuyo fin es fortalecer la igualdad salarial entre hombres y mujeres. No obstante, una de las novedades más esperadas no se refleja: las compañías no estarán obligadas a incluir el salario en las ofertas de empleo ni a informarlo antes de realizar la primera entrevista con los candidatos.
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La falta de esta medida tiene especial relevancia en un mercado laboral donde la información sobre salarios sigue siendo reducida. Actualmente, solo una pequeña parte de las ofertas públicas menciona el sueldo, lo que obliga a muchos candidatos a participar en procesos de selección sin disponer de uno de los datos más cruciales para evaluar si la posición se ajusta a sus expectativas profesionales.
Asimismo, el borrador no modifica otra práctica habitual en las entrevistas de trabajo. Los responsables de selección podrán continuar preguntando a los postulantes sobre el salario que percibían en su empleo anterior, cuestión que en algunos países europeos ya está restringida para evitar la perpetuación de las diferencias salariales entre distintos cargos.
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Carmen Cerdán, directora de Recursos Humanos para Iberia, Latinoamérica y África de Cegid.
Igualdad salarial entre hombres y mujeres
La directiva europea surgió en un contexto marcado por la dificultad de numerosas empresas para encontrar trabajadores y por la creciente competencia para atraer talento. En ese marco, la publicación de los salarios en las ofertas laborales generó un debate intenso entre empresarios y administraciones, dado que muchas empresas argumentaban que esta obligación podía incrementar la competencia entre empleadores y presionar al alza las retribuciones.
No obstante, el propósito principal de esta normativa europea no era alterar los procesos de selección, sino fortalecer la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Bruselas considera que una mayor transparencia en los salarios ayuda a detectar y corregir posibles discriminaciones, facilitando que los trabajadores conozcan si existen brechas injustificadas en empresas y organizaciones.
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Justamente en ese ámbito el borrador español introduce algunos cambios. Los empleados que ya formen parte de una organización verán reforzado su derecho a acceder a información sobre los criterios que se emplean para establecer salarios, ascensos o promociones. Estos criterios deberán ser objetivos, neutrales y conocidos por todos los integrantes de la plantilla, consolidando obligaciones que ya se habían comenzado a implementar con las normativas aprobadas en años recientes.
Otra novedad afecta al denominado secreto salarial. La futura regulación eliminará las cláusulas que prohíban a un trabajador hablar libremente sobre su sueldo con otros empleados. No obstante, esta mayor transparencia coexistirá con una protección reforzada de los datos personales, ya que la información proporcionada nunca permitirá identificar el salario concreto de un compañero.
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El propio Gobierno admite que la norma presentada no incorpora todos los elementos previstos en la directiva europea. Algunas cuestiones deberán resolverse mediante futuras reformas legales cuya tramitación aún carece de calendario definido. Entre ellas se encuentra la obligación de adoptar medidas específicas cuando exista una brecha salarial injustificada superior al 5%. La directiva comunitaria prevé actuaciones automáticas en caso de que se superen ciertos niveles de desigualdad salarial, mientras que el borrador actual no incluye referencias a esos mecanismos.