Las claves
La Guardia Civil está sumida en una indignación generalizada debido a que su directora general y el DAO siguen en sus puestos a pesar de estar imputados por delitos graves en el caso Leire.
Los agentes cuestionan la doble vara de medir del Gobierno, que mantiene a los altos mandos imputados mientras suspende inmediatamente a otros agentes por hechos similares.
Predomina entre los guardias civiles el desánimo y la frustración, que exigen la dimisión de los implicados y denuncian el bochorno provocado por esta situación.
El ambiente interno se ha tensionado considerablemente, pues la UCO tendrá que investigar posibles delitos que implican a sus propios máximos responsables.
Este jueves, el desconcierto y la indignación llenaban cada conversación en la cafetería de la Dirección General de la Guardia Civil, ubicada en la calle Guzmán el Bueno (Madrid). Al no poder trabajar debido a la caída de los sistemas, un gran número de agentes se concentró en ese lugar.
En medio de ese tumulto de uniformes verdes, la mayoría coincidía en que, tras la imputación de la directora general y el DAO, probablemente se enfrenta a la peor crisis que haya atravesado el Cuerpo: «Todos estamos avergonzados. El sentir general es que deben dimitir«.
Así lo expresa un mando a EL ESPAÑOL, reflejando la vergüenza que genera la permanencia de Mercedes González y Manuel Llamas en sus cargos pese a estar imputados en el caso Leire.
Las falsas declaraciones de la directora general, primero negando y luego admitiendo sus reuniones con la fontanera del PSOE, junto a la protección que le brinda el ministro Fernando Grande-Marlaska, quien la mantiene en el cargo pese a la imputación y los engaños, irritan a quienes están presentes.
Este mando no es el único en expresar esa opinión. Entre los generales predomina una postura similar: «El ambiente es increíble. Todo el mundo exige la dimisión del DAO. Están cansados de él», confirman fuentes de la cúpula.
La realidad es que, tras el respaldo de Moncloa e Interior a la directora y al DAO, manteniendo la «confianza» para que sigan en sus cargos a pesar de la imputación, se anticipa que la Guardia Civil seguirá hundiéndose en un pozo de desafección durante las semanas próximas.
Otro mando consultado sintetiza la frustración en que no se adoptarán medidas disciplinarias: «A un guardia, al menor indicio, se le abre un expediente y se le suspenden las funciones. A nosotros nos apartan. Porque con estas personas, cualquier desviación significa estar acabado».
Los agentes consultados insisten en esa sensación de «desánimo» y en una lejana «esperanza de que renuncien a sus puestos».
Así, en las próximas semanas se vivirá una situación anómala, pues los mismos agentes de la UCO encargados de investigar el caso Leire deberán realizar indagaciones que afectan directamente a sus máximos responsables, la directora y el director adjunto operativo del Cuerpo.
El doble rasero de Marlaska
De acuerdo con asociaciones como la AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles), en casos como el de Manuel Llamas, la Ley 29/2014 del Régimen del personal de la Guardia Civil (artículos 92 y 79) establece los motivos para la suspensión de funciones.
«Se podrá acordar la suspensión como consecuencia del procesamiento, inculpación o adopción de medidas cautelares contra el imputado en un procedimiento penal o por la apertura de un expediente disciplinario por falta muy grave», señala la normativa.
«El ministro de Defensa, atendiendo a la gravedad de los hechos imputados, la existencia o ausencia de prisión preventiva, el perjuicio que cause la imputación en el régimen del Instituto o la alarma social generada, podrá decidir la suspensión de funciones».
Mientras tanto, «el ministro del Interior determinará si dicha suspensión implica también el cese en el puesto».
Las designaciones y ceses de los cargos y destinos de oficiales generales son competencia del ministro del Interior. Sin embargo, para justificar la decisión de Marlaska de no actuar, desde el gabinete de comunicación de la Guardia Civil alegan que la ley «no obliga a hacerlo».
Por ello, los agentes interpretan que existe un doble rasero por parte del ministro, dado que hace pocas semanas en la Dirección General la aplicación de la ley fue mucho menos indulgente.
A mediados de junio, la Guardia Civil abrió expediente a cuatro agentes de la zona de Carballo (A Coruña), investigados por presuntos delitos de revelación de secretos en el marco de una operación contra un clan familiar vinculado al tráfico de drogas.
La apertura del expediente fue rápida. Según ese documento, al que tuvo acceso EL ESPAÑOL, se sustentó la suspensión de los agentes en el siguiente argumento: «Debe considerarse asimismo que los hechos bajo investigación afectan seriamente a la confianza en la correcta y eficaz ejecución de las funciones por parte de la Institución».
«Dado que una de las funciones de la Guardia Civil es la persecución y prevención, entre otros, de los delitos presuntamente cometidos, esto implica que la naturaleza de estos delitos es especialmente reprochable en un miembro del Instituto«, continuaba el expediente.
«Además, su conducta presunta ha quebrantado gravemente el principio de disciplina, que debe regir la actuación profesional de todo miembro, afectando en gran medida al buen funcionamiento de la Guardia Civil», seguía el texto.
Estos agentes fueron expedientados rápidamente porque los delitos imputados son «acciones totalmente reprobables para cualquier ciudadano», pero «más aún para un miembro de la Guardia Civil, estando ante la presunta comisión de delitos de extrema gravedad, que además generan una alarma social especial».
Muchos, al repasar estos párrafos, echan de menos una medida semejante después de la imputación de la directora general y, especialmente, del DAO, por delitos tan graves como la prevaricación y contra la Administración de Justicia… en definitiva, contra sus propios subordinados.
Otros recuerdan un hecho que ha pasado desapercibido estas semanas, pero que hace un año levantó sospechas. El 27 de mayo de 2025, cuando este caso comenzaba a tomar forma, la mano derecha de Marlaska dimitió tras ocho años a su lado.
Rafael Pérez Ruiz se marchó discretamente, abandonando su cargo como secretario de Estado de Seguridad, en plena escalada del caso Leire.