Las claves
Francisco Granados ha sido sentenciado a dos años y medio de prisión por fraude continuado y prevaricación, al favorecer contratos a Waiter Music entre 2007 y 2014.
La resolución judicial establece que Granados actuó como un «facilitador político» de los amaños, ejerciendo influencia sobre los órganos decisorios sin contar con competencia administrativa directa.
También varios exalcaldes de municipios madrileños han sido condenados, mientras que los de Móstoles han quedado absueltos.
La trama consistía en otorgar contratos para festejos y eventos a Waiter Music, beneficiando a la empresa mediante expedientes predeterminados y pagos irregulares.
La Audiencia Nacional ha impuesto una condena de dos años y medio de cárcel a Francisco Granados por delitos de fraude continuado y prevaricación, al favorecer entre 2007 y 2014 a la empresa organizadora de espectáculos Waiter Music en la adjudicación de contratos.
La sentencia considera que Granados, quien fue consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y alcalde de Valdemoro, no actuó simplemente como gestor, sino como un «elemento impulsor y facilitador del sistema» de amaños desde una posición de poder político e influencia decisiva.
Así lo resaltan los jueces de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, encargados de juzgar esta pieza separada número 7 de la macrocausa denominada Púnica.
En esta parte del caso se juzgaba a 14 personas, entre alcaldes y técnicos, por una serie de contratos otorgados por la Comunidad de Madrid y distintos ayuntamientos de la región a favor de Waiter Music, propiedad del empresario Jose Luis Huerta, quien falleció antes de sentarse en el banquillo de los acusados.
La resolución indica que «Granados mantuvo una capacidad de influencia constante sobre los órganos decisores, a pesar de no poseer formalmente competencia administrativa directa».
«Se benefició además de esta relación mediante la recepción sistemática de prestaciones en especie no remuneradas, consistentes en eventos privados sufragados por el empresario [José Luis Huerta]», señala la sentencia.
Granados no es el único condenado. También figuran en esta lista exalcaldes de Valdemoro, como José Carlos Boza y José Miguel Moreno.
Ambos han recibido penas de cuatro y dos años de prisión, respectivamente.
La Sala de lo Penal les impuso asimismo dos años de cárcel a la exalcaldesa de Ciempozuelos, María Ángeles Herrera, y al exalcalde de Moraleja de En Medio, Carlos Alberto Estrada.
Quedaron absueltos los exalcaldes de Móstoles, Esteban Parro y Daniel Ortiz Espejo.
De acuerdo con los hechos probados, Waiter Music colaboró con el Ayuntamiento de Valdemoro entre 2004 y 2013, y entre 2007 y 2011 con los ayuntamientos de Móstoles, San Martín de la Vega, Algete, Chinchón, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco y Moraleja de En Medio, todos gobernados en ese periodo por alcaldes del PP.
El resumen de los amaños es claro: «Los diversos expedientes administrativos, cuando existían, estaban predeterminados para que se adjudicaran, ya fuera a Waiter Music o a empresas vinculadas directa o indirectamente a José Luis Huerta».
Según la sentencia, este último «para seguir asegurando el favor de los políticos municipales en la concesión de festejos», llegó a asumir personalmente algunos gastos de estos eventos.
En otros casos, presentó facturas con cantidades superiores al beneficio comercial real derivado de los actos.
Estos eventos incluían fiestas patronales, conciertos, celebraciones de Carnaval y cabalgatas de Reyes Magos, entre otros.
Otra pieza de ‘Púnica’
Granados estuvo en prisión preventiva desde 2014 hasta 2017 por el caso Púnica. Actualmente, se encuentra en libertad.
Como informó EL ESPAÑOL, a finales de mayo pasado, el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña lo ha enviado a juicio por otra pieza de esta macrocausa, la número 8.
Piña tomó igual decisión con los empresarios Javier López Madrid y David Marjaliza.
Esta pieza separada número 8 de Púnica se centra en presuntas irregularidades cometidas entre 2003 y 2011 relacionadas con operaciones de la empresa pública Arpegio y en posibles amaños de contratos de transporte en la Comunidad de Madrid.