El juez de la Audiencia Nacional adopta la resolución a raíz de una propuesta formulada por la Fiscalía Anticorrupción
El magistrado encargado en la Audiencia Nacional de investigar la actuación de la fontanera del PSOE en el caso Sepi ha imputado a 25 personas en total. Entre ellos se encuentra Belén Gualda González, actual presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). La resolución ha sido tomada por el juez Santiago Pedraz tras una solicitud de la Fiscalía Anticorrupción.
El escrito presentado por Anticorrupción detalla que uno de los implicados, el ex presidente de la Sepi Vicente Fernández, envió a un chat compartido con la fontanera un archivo relacionado con el rescate de Tubos Reunidos. «En dicho documento queda reflejada la cronología de la solicitud y los procedimientos seguidos, señalando que ésta contaba con informes favorables de las unidades de Sepi, de asesores externos y del Ministerio de Industria, además del compromiso por parte de su presidenta, Belén Gualda González, con el CEO de Tubos Reunidos, Francisco Vicente Irazusta, para que la solicitud fuera aprobada por el consejo gestor del fondo el 29-06-21, o a más tardar el 06-07-21″. Irazusta será citado con la misma condición procesal que Gualda.
En la causa —de cuya investigación deriva la pesquisa sobre las cloacas de Ferraz— se están revisando cinco operaciones de Sepi en las que habrían intervenido la fontanera, el ex presidente de la Sepi y el empresario Antxon Alonso, amigo de Santos Cerdán. En cada una de ellas se habría cobrado comisión por sus gestiones. Los asuntos se trataban a través de un chat denominado Hirurok (que significa «nosotros tres» en euskera).
El rescate de Tubos Reunidos por 113 millones supone la operación de mayor magnitud. Otra investigación está relacionada con Enusa, la empresa pública encargada del uranio, donde trabajó Leire Díaz. Su ex presidente, José Vicente Berlanga Arona, figura entre los imputados por presunta colaboración con el grupo Hirurok para facilitar la venta de activos públicos. Al menos un directivo de Acciona, la compañía que se beneficiaría de esta operación, también ha sido imputado.
José Ramón Sempere, antiguo presidente de Mercasa, aparece igualmente en la lista. La sospecha en su caso se centra en una operación inmobiliaria vinculada al traslado de la sede de la empresa pública encargada de los mercados.
Las citaciones afectan también a personas implicadas en otras dos operaciones adicionales. Una está vinculada a Forestalia y sus proyectos de energías renovables dirigidos por Fernando Samper Rivas, quien está bajo investigación. Se indagan gestiones ante Sepides para la inversión de 17,32 millones y una operación societaria que generó un beneficio de 6,8 millones de euros a estructuras controladas por los investigados.
La quinta operación sometida a investigación está relacionada con la sociedad Erri Berri. El grupo Hirurok habría influido para que recibiera una adjudicación pública aunque presentó una oferta que se consideró baja temeraria.
Del análisis conjunto de todas las operaciones se desprende, según las fiscales encargadas, que existía «un esquema común caracterizado por la identificación de oportunidades para intervenir en procedimientos administrativos o societarios con relevancia económica; el uso de relaciones personales y acceso a información privilegiada para condicionar su tramitación y la posible manipulación o condicionamiento de decisiones públicas o procesos de contratación.
Todo ello culminaba en «la obtención de contraprestaciones económicas, bien directamente o mediante estructuras societarias intermediarias y operaciones mercantiles con apariencia legal».
Los principales investigados, es decir, Vicente Fernández, Antxon Alonso, Leire Díaz y Santos Cerdán, habrían actuado como «vínculo de influencia entre intereses privados y tomadores de decisiones públicas». Los imputados actuales habrían colaborado con ellos en estas operaciones, según los indicios.
La Fiscalía considera que podrían haberse cometido delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación administrativa y uso de información privilegiada. En el caso de los tres integrantes del chat Hirurok, también se investiga la posible pertenencia a una organización o grupo criminal.