Las claves
La Fiscalía Anticorrupción considera probado el espionaje a Luis Bárcenas por medio de la trama Kitchen con la finalidad de extraer documentos comprometidos para el PP.
Anticorrupción solicita una pena de 15 años de prisión para el exministro Jorge Fernández Díaz, identificado como el «número 1» de la estructura.
El excomisario Villarejo fue responsable de reclutar y vigilar al chófer de Bárcenas, quien percibió pagos mensuales procedentes de fondos reservados.
La Fiscalía remarca que la operación tuvo un carácter ilícito desde sus inicios y no formó parte de las investigaciones judiciales en el caso Gürtel.
La Fiscalía Anticorrupción considera «acreditado» que la denominada trama Kitchen espió a Luis Bárcenas con el propósito de sustraer al extesorero del PP «documentos que pudieran comprometer al partido y a sus máximos dirigentes».
Todo esto, con la finalidad de «extraer» dicha información de la Justicia, que en ese momento, en 2013, avanzaba en las investigaciones del caso Gürtel.
Así lo expresó el fiscal César de Rivas este martes en la Audiencia Nacional durante su informe final en el juicio del caso Kitchen.
Anticorrupción ha enfatizado la existencia de un «operativo parapolicial delictivo» dirigido contra Bárcenas y su entorno familiar, lo cual se constata también por el «interés de los acusados en recuperar documentos perjudiciales para el PP».
En este proceso judicial, se juzga, entre otros, al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, para quien la Fiscalía pide 15 años de cárcel y a quien define como «el número 1» de la trama.
Este apodo aparece en las agendas usadas por otro de los procesados, el excomisario José Manuel Villarejo.
Respecto a este último, De Rivas indicó que fue responsable de la «reclutación, manejo y supervisión» de Sergio Ríos, chófer de Bárcenas y su familia.
A cambio, según la Fiscalía, el conductor, conocido como K, Kitchen o Cocinero, recibió pagos mensuales de 2.000 euros provenientes de fondos reservados.
La Fiscalía también ha pedido condenar al exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, a quien Villarejo mantenía informado sobre los avances en las gestiones con Ríos, tal y como muestran las agendas.
Para fundamentar su argumento, Anticorrupción resaltó que Villarejo reflejó desde 2013 en sus agendas el «interés» de los acusados por obtener documentación en poder de Bárcenas.
«En persona podría mostrarse fanfarrón, pero en sus agendas no puede engañarse a sí mismo…», valoró De Rivas. «Esa alusión al ‘número 1’ es una mención clara a Fernández Díaz», añadió.
El fiscal señaló que los procesados intentaron de manera «errática» justificar sus actos. Sin embargo, la Fiscalía rechaza esta versión y recalca que la trama criminal no procuró «localizar las cuentas bancarias que Luis Bárcenas tenía en Suiza».
«Esa información ya había sido incluida en [el sumario del caso] Gürtel en 2012, tras una comisión rogatoria», señaló la Fiscalía.
«Desde el momento en que se concibió, presentó carácter delictivo«, concluyó el fiscal acerca de la denominada Operación Kitchen.
Según subrayó el Ministerio Público, los implicados «no mantuvieron contacto con el magistrado instructor [del caso Gürtel] ni con la UDEF [la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera, que actuaba como Policía Judicial]».
«En ningún caso estuvo vinculada a una operación legal como complemento a la investigación de Gürtel», destacó el fiscal.
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