María Guardiola y Jorge Azcón aceptan la “prioridad nacional” con la finalidad de establecer las bases de una gran coalición que posibilite a Alberto Núñez Feijóo alcanzar La Moncloa.
Han pasado poco más de dos meses desde que PP y Vox firmaron sus acuerdos de Gobierno a nivel autonómico. Estos pactos, elaborados con cautela, dieron origen al concepto de la «prioridad nacional», ya consolidado como lema en las legislaturas de María Guardiola y Jorge Azcón en Extremadura y Aragón. Posteriormente, Alfonso Fernández Mañueco aceptó las mismas condiciones para sostener el poder en Castilla y León, y Juanma Moreno deberá hacer lo propio para continuar como presidente en Andalucía.
Una serie de acuerdos que funcionan como preámbulo al consenso que Alberto Núñez Feijóo pretende alcanzar con Santiago Abascal tras la victoria que prevén las encuestas en las próximas elecciones generales. En este contexto, estos pactos representan el primer contacto entre ambas formaciones, permitiéndoles evaluar el rumbo de su relación antes de avanzar hacia una formalización más profunda.
Dentro de este marco, durante estos primeros 60 días, Aragón se ha destacado como el principal frente en la batalla de Vox contra la inmigración.
Alejandro Nolasco asumió la vicepresidencia del Gobierno y la gestión de la consejería de Bienestar Social y Familia, con la finalidad de supervisar de cerca la administración de los centros de menores no acompañados. Desde su incorporación, el Gobierno de Aragón ha comenzado a hacer públicas las agresiones cometidas por los residentes contra el personal, además de anunciar la contratación de seguridad privada para prevenir actos delictivos en dichas instalaciones.
Asimismo, el Ejecutivo regional implementará «todas las trabas posibles» para impedir llegadas consideradas «fraudulentas». Según Nolasco, «seremos mucho más rigurosos» en la verificación de la edad real de los menores atendidos, mediante peritajes realizados por el Instituto de Medicina Legal de Aragón, actualmente solicitados a la Fiscalía.
«Actuamos conforme al acuerdo de Gobierno suscrito. Somos previsibles porque estamos cumpliendo con las expectativas», señalan fuentes de Vox a este medio. No obstante, las llegadas no han disminuido y en Aragón se reportaron 14 menores no acompañados en los 10 días previos a la redacción de este artículo y un total de 130 desde la aprobación del Real Decreto que estableció el nuevo sistema de distribución. «Es una imposición forzosa y un reparto arbitrario», aseguran internamente en la formación.
Por parte del PP, se muestra el consenso para enfrentar la batalla contra la distribución de menores migrantes determinada por el Gobierno. Desde el entorno de Jorge Azcón consideran que «las políticas del PSOE son injustas y generan un agravio comparativo con otras comunidades autónomas, como el País Vasco y Cataluña», que quedan excluidas de esta normativa. Así, aunque no evidencian una afinidad pública destacada, defienden que el pacto ofrece «estabilidad» para el desarrollo autonómico y descartan la intención de romper el acuerdo.
En Extremadura, el clima de cordialidad es considerablemente mayor. Alejándose de la tensión que marcó las relaciones entre María Guardiola y Vox antes y después de las elecciones, actualmente, con ambas formaciones consolidadas en el poder regional, la sintonía es completa.
Una muestra de ello es que, al asumir sus cargos, acordaron formalizar los primeros presupuestos de la legislatura, los cuales marcarán su desarrollo, y tanto en privado como en público ambas partes coinciden en que atraviesan «un momento excelente» en su relación.
Óscar Fernández Calle, líder de Vox en Extremadura y vicepresidente de la Junta, tiene la responsabilidad de la consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, al igual que Alejandro Nolasco en Aragón. También ha pedido a la Fiscalía que se realicen pruebas de determinación de edad a menores migrantes no acompañados acogidos en el sistema regional, cuando no exista una «garantía documental fehaciente» o existan «dudas» sobre su edad. «Primero los españoles, sin duda», señala con énfasis.
Con la aprobación del anteproyecto de presupuestos, Fernández Calle afirmó que comienza «un cambio real» en Extremadura, que se iniciará con un recorte de 10 millones de euros en la financiación de asociaciones que «fomentan la inmigración ilegal».
En consonancia con la línea adoptada en estas primeras semanas, Vox también eliminará, según lo establecido en el acuerdo de Gobierno, las clases de árabe y cultura marroquí en los dos colegios de Talayuela que las impartían desde 2002. Este ha sido el único desacuerdo registrado en estos dos meses con el Partido Popular, que, para mitigar la polémica generada, anunció que mantendrá este programa durante el próximo curso, aunque fuera fuera del horario escolar.
En definitiva, el desarrollo de los primeros dos meses de colaboración entre PP y Vox evidencia la voluntad de ambas fuerzas por evitar, a toda costa, cualquier choque que pueda alejarlos de su objetivo principal: derrocar al Gobierno de Pedro Sánchez.