La iniciativa persigue incrementar la participación privada en los mercados de capitales del bloque para fortalecer la competitividad global de la UE
El esquema de pensiones privadas está próximo a implementarse en la Unión Europea, donde algunos de los Veintisiete enfrentan dificultades a corto, medio y largo plazo para garantizar las prestaciones de sus jubilados, así como para incorporar mano de obra al mercado laboral, generando un desequilibrio entre trabajadores contribuyentes y pensionistas.
Este viernes, los embajadores de los Estados miembros lograron un consenso para actualizar la regulación sobre los fondos de pensiones de empleo, permitiendo que las empresas puedan complementar las jubilaciones de sus empleados. El acuerdo conserva varios “elementos principales” de la propuesta legislativa inicial diseñada para “fomentar las actividades transfronterizas y fortalecer la cooperación e intercambio de información” entre las autoridades nacionales competentes.
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En noviembre de 2025, la Comisión Europea modificó el marco del fondo de pensiones de empleo (IORP II), que establece reglas comunes para “asegurar una adecuada gestión y supervisión” de estas entidades, tras observar que “muchos regímenes siguen siendo demasiado limitados para diversificar sus inversiones y ofrecer rendimientos óptimos a los ahorradores”.
“Incrementar la participación privada en nuestros mercados de capitales es fundamental para fortalecer la competitividad general de la UE”, subrayó el ministro de Finanzas de Chipre, Makis Keravnos, cuyo país ejerce la presidencia rotatoria de la UE hasta el 30 de junio. Además, los socios del bloque acordaron establecer en el 100% de su cartera el umbral para que estos fondos destinen inversiones a acciones y bonos corporativos en mercados regulados, superando así el 70 % planteado inicialmente por el Ejecutivo comunitario, con el propósito de “favorecer la inversión en la economía real”.
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El texto definitivo deberá ser sometido a votación en el Parlamento Europeo una vez que los eurodiputados definan sus líneas rojas y se encuentren preparados para iniciar las negociaciones. Asimismo, de aprobarse el acuerdo, serán los propios Estados miembros los responsables de aplicar límites “más restrictivos” en caso de considerarlo necesario.
Enrique Devesa, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), explica cómo la pensión que perciben los jubilados en España supera en un 60% lo que han cotizado a la Seguridad Social.
Las inversiones deben mantener niveles de riesgo adecuados
En cuanto al ámbito de aplicación de las normas, los gobiernos podrán implementar la directiva directamente a los fondos de pensiones de empleo, a la entidad autorizada encargada de su gestión o a ambas, siempre que exista una separación jurídica de los activos. Además, los Estados retiraron las disposiciones relativas a los sistemas de seguimiento de pensiones, la asignación de funciones a organismos de supervisión de la UE y la instauración de “diálogos de supervisión” entre los fondos de pensiones de empleo y las autoridades para “disminuir la carga administrativa”.
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Por otra parte, Bruselas afirmó que la posición del Consejo conserva el “principio de prudencia” que garantiza que las inversiones se realicen respetando unos niveles de riesgo adecuados, además de mantener las normas para fondos con múltiples promotores, el marco para transferencias colectivas nacionales y transfronterizas, y las reglas básicas de conducta empresarial propuestas por la Comisión Europea.
Esta regulación, junto con la referida a los planes paneuropeos de pensiones de empleo (PEEP), acordada recientemente por los Veintisiete, constituyen los dos pilares legislativos con los que la Unión pretende fomentar planes privados que ayuden a los europeos a complementar sus pensiones de jubilación. Ambas piezas legislativas también buscan profundizar los mercados de capitales en el continente y avanzar hacia la denominada Unión de Ahorros e Inversiones.
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