Este lunes se decidirá si constituye una «falta grave» insinuar que la Policía podría facilitar la fuga de Begoña Gómez
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunió pasada las nueve de la mañana para evaluar la posible imposición de una sanción por «falta grave» contra el juez Juan Carlos Peinado, debido a que en su auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, incluyó el siguiente argumento para justificar la suspensión temporal del pasaporte de Gómez y evitar que abandone el país escapando a la Justicia: «El abogado de la acusada sostiene que, por ser esposa del actual Presidente Del Gobierno, está siempre custodiada por miembros de los Cuerpos de Seguridad Del Estado, pero [de] lo que no hay duda es [de] que esos agentes, ya sea por iniciativa propia o cumpliendo órdenes de sus superiores, podrían ser precisamente quienes colaboren para facilitar esa huida».
De esta forma, Peinado fundamentó la retirada del pasaporte en la posibilidad de que los policías encargados de la custodia de Gómez sean quienes ayuden en su fuga, lo que generó una reacción unánime de rechazo entre los sindicatos policiales, que calificaron la afirmación como una «deslealtad institucional», además de incomodar al propio Gobierno, que tras semanas afrontando reveses judiciales inusuales y enfrentando un desgaste que parecía insostenible, recibió el argumento de Peinado con alivio, considerándolo evidencia del lawfare (uso partidista y distorsión de la Justicia) que, tras la imputación del ex presidente Zapatero y la irrupción del caso Leire Díez, representa la última defensa retórica de Moncloa.
Así, el Gobierno tomó medidas para presionar directamente al Consejo General del Poder Judicial, enviando su «más enérgica queja» a Isabel Perelló, su presidenta, solicitando que sancione a Peinado y respalde de este modo la versión de Moncloa desde que el magistrado inició la instrucción, con la intención de extender simbólicamente la supuesta injusticia a otros jueces que, según el Ejecutivo, tienen al PSOE en su punto de mira: la teoría de la persecución.
Después de darse a conocer el auto del sábado en el que Peinado acusa a Gómez de tráfico de influencias, corrupción entre particulares, apropiación indebida y malversación de fondos públicos, los sindicatos policiales, encabezados por Jupol y SUP (Sindicato Unificado de Policía), solicitaron pocas horas después al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que interviniera en defensa de sus profesionales.
Al ser consultados por este periódico, responsables tanto del SUP como de Jupol dejaron claro que su preocupación no era la defensa de Gómez frente a la imputación, sino proteger su «dignidad profesional» y exigir un «respeto institucional adecuado», ya que consideraban que Peinado había cometido una «excesiva e intolerable» infracción —«es una barbaridad», afirmaban en Jupol— al afirmar que los escoltas de Gómez podrían facilitar su huida, ya fuera por iniciativa propia o acatando órdenes.
Ambas organizaciones pidieron el sábado por la tarde a Marlaska que tomara medidas, y este diario fue informado a media tarde de que Interior preparaba una respuesta que mostrara la oposición del Gobierno a la investigación realizada por Peinado desde el principio. Finalmente, Marlaska se manifestó hacia las 20 horas a través de una nota pública, en la que calificaba de «grave cuestionamiento» la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya labor se desarrolla exclusivamente dentro del marco legal y constituye una de las principales garantías del Estado de Derecho.
Según la nota, el ministro señalaba que las declaraciones de Peinado representan «un hecho de extrema gravedad» y anunciaba que había decidido «ponerlas en conocimiento de la presidenta del CGPJ para que, en su caso, se adopten las medidas que correspondan conforme a sus atribuciones». Esto es, solicitaba al CGPJ que le brindara respaldo en su demanda para justificar la teoría del lawfare.
Mientras tanto, fuentes internas del propio consejo expresaron a EL MUNDO su desacuerdo con la manera en que Peinado cuestionaba la garantía de que la esposa del presidente no huyera antes del juicio oral, repitiendo en cierto modo los argumentos que algunos sindicatos habían manifestado a este diario a media tarde del sábado: «Es cierto que el juez puede temer que se produzcan hechos, dado que los escoltas de este tipo de personalidades suelen ser simpatizantes, y en España han ocurrido situaciones similares, como la fuga de Carles Puigdemont por motivos parecidos… El problema radica en la forma de expresarlo, muy torpe y agresiva. Se podría haber sostenido la misma idea sin formularla así».
Qué vota el CGPJ
TEXTO ÍNTEGRO. Presentado por la presidenta Isabel Perelló, este es el documento que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial someterá a votación: «Ordenar al promotor de la acción disciplinaria, conforme a lo previsto en el artículo 608.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el inicio de un expediente disciplinario contra el magistrado Juan Carlos Peinado García, por si las expresiones contenidas en el auto de 20 de junio de 2026 (procedimiento del Tribunal del Jurado 1146/2024), que sugieren que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrían colaborar en la fuga de una persona investigada, constituyeran una infracción disciplinaria según lo dispuesto en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial».