La Comisión Permanente del órgano de los jueces celebró este domingo una reunión telemática, y se adoptará la decisión definitiva este lunes a las 9.00 horas.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene previsto reunirse mañana para valorar la posible apertura de un expediente contra el juez Juan Carlos Peinado por una presunta falta de respeto hacia los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La presidenta del órgano de gobierno de los jueces, Isabel Perelló, convocó de forma urgente anoche a la Comisión Permanente a un encuentro virtual a las 10.00 horas de hoy, que ha sido finalmente aplazado a las 9.00 horas de mañana para poder realizarse presencialmente dada la relevancia del asunto.
Ayer, Peinado emitió un auto que inicia juicio oral contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por cuatro delitos. En esa misma resolución, también estableció medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte, argumentando que «no cabe duda» de que sus escoltas policiales, «bien por iniciativa propia o siguiendo instrucciones de sus superiores jerárquicos», podrían colaborar en su fuga. Estas declaraciones generaron una enérgica reacción por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, así como de los sindicatos policiales.
El CGPJ examinará si corresponde remitir el auto al Promotor de la Acción Disciplinaria para que este abra diligencias informativas conforme al artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, debido a una posible «falta grave de consideración» hacia los «funcionarios de la Policía Judicial».
Fuentes jurídicas consultadas por EL MUNDO indican que el órgano de gobierno no tendría competencias para pronunciarse sobre las decisiones que adopta el juez en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, pues esta potestad corresponde a la Audiencia de Madrid; por ello, no estaría facultado para evaluar la imposición de medidas cautelares que impiden a la esposa del presidente salir de España.
Por lo tanto, el debate en la Comisión Permanente se centraría exclusivamente en los términos específicos en que Peinado menciona la posibilidad de que la escolta policial de Gómez participe «en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga, que imposibilitaría que la acusada se ponga a disposición de la justicia», según versa el auto.
Marlaska presentó ayer «una queja contundente» ya que, en su opinión, tales manifestaciones constituyen un grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuyo trabajo se desarrolla exclusivamente en el marco legal y representa una de las principales garantías del Estado de Derecho.
En el auto, fechado el sábado y con una extensión de 84 páginas, el magistrado sostiene que «no cabe duda» de que los agentes que escoltan a Gómez pueden, «bien por iniciativa propia o acatando órdenes de sus superiores jerárquicos», colaborar «en la acción o acciones destinadas a facilitar esa fuga, que impediría que la acusada se encuentre disponible para la justicia».
Marlaska añadió que las dudas del magistrado se extienden no solo sobre los agentes asignados al acompañamiento, sino también sobre sus superiores jerárquicos, sugiriendo la posibilidad de que pudieran emitir órdenes ilegales.
El ministro del Interior calificó estas afirmaciones como «un asunto de suma gravedad» y solicitó al CGPJ que adopte «las medidas pertinentes en ejercicio de sus competencias».
La Policía rechaza la «valoración especulativa» de Peinado
La Dirección General de la Policía Nacional rechazó la «valoración especulativa» del juez Juan Carlos Peinado sobre los escoltas de Begoña Gómez y defendió «el honor, la integridad y el prestigio» de los miembros del cuerpo.
«Resulta infundada cualquier argumentación que ponga bajo sospecha la labor de los agentes, sugiriendo que podrían colaborar en la evasión de la justicia o en el incumplimiento de medidas cautelares por parte de personas bajo su custodia o protección», sostiene la Policía Nacional en un comunicado divulgado este domingo.
En el texto, la Policía recuerda que desempeña su función «basándose en principios de neutralidad política, absoluta imparcialidad y estricto sometimiento al imperio de la ley, lo cual excluye por completo el cumplimiento de órdenes manifiestamente contrarias al marco jurídico».
«La honorabilidad de la Policía Nacional se fundamenta en su historia de servicio público y en la confianza que la sociedad deposita en ella», indica el cuerpo, que añade que esta defensa de la integridad de sus funcionarios «no contradice el respeto institucional a la independencia judicial ni a todas las decisiones y resoluciones emanadas del Poder Judicial». | EFE