Para Antonio Camacho, esto representa «una seria irregularidad en el funcionamiento del órgano judicial, contraria a los principios y garantías que rigen el proceso penal en un Estado de derecho».
El letrado de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el juez Juan Carlos Peinado por supuesta vulneración del derecho de defensa.
En el documento, al cual Efe tuvo acceso este domingo, el abogado Antonio Camacho manifiesta que se enteró «a través de los medios de comunicación» sobre la apertura del juicio oral contra Gómez y la imposición de medidas cautelares, tales como la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del país.
Ayer, Peinado envió a Begoña Gómez a juicio por cuatro delitos y estableció como medidas cautelares la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer quinquenalmente en el juzgado.
«Lo verdaderamente preocupante y motivo de esta queja radica en que dichas resoluciones, supuestamente dictadas este sábado 20 de junio de 2026, nunca fueron notificadas a esta parte, por lo que el compareciente —en calidad de defensa técnica— tuvo que conocer su existencia y contenido a través de la prensa, sin que hasta la fecha de presentación de este escrito se haya recibido notificación formal mediante los canales procesales establecidos legalmente», argumenta el abogado en la queja, remitida a las 12:07 horas del día de hoy.
Según el abogado de Gómez, representa «una grave irregularidad en la labor del órgano judicial, contraria a los principios y garantías que regulan el proceso penal en un Estado de derecho», al vulnerar el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva al imponer medidas cautelares sin notificación.
En el escrito, Camacho solicita al CGPJ que requiera a la Inspección de Tribunales «verificar las condiciones en las que se emitieron las resoluciones mencionadas, con especial énfasis en los motivos que impidieron su notificación a esta defensa», y que adopte «las acciones pertinentes» si considera que tales actuaciones demuestran «un funcionamiento anómalo o irregular del órgano judicial».
Mañana, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial evaluará la posibilidad de abrir un expediente a Peinado por sus declaraciones en el auto que envía a juicio a Gómez y en las que indicaba que sus escoltas podrían facilitar una posible fuga.
En dicho auto, el juez señala que «no cabe duda» que los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que integran la escolta de Gómez «en algún momento podrían, ya sea por iniciativa propia o bajo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en las acciones destinadas a facilitar esa fuga que imposibilite la disposición judicial de la acusada».
Este posible expediente contra Peinado se iniciaría por una «falta grave de consideración» hacia los funcionarios de la Policía Judicial, contemplada en la Ley Orgánica del Poder Judicial.