Según el ministro del Interior, la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «se realiza exclusivamente dentro del marco legal y constituye una de las principales garantías del Estado de Derecho».
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presentado la «más enérgica queja» ante la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, debido al «serio cuestionamiento de la profesionalidad de los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado» que, a su juicio, realizó el magistrado Juan Carlos Peinado, juez del juzgado número 41 de Madrid, en el auto publicado hoy. En esta resolución, Peinado ha decidido sentar a Begoña Gómez ante un jurado por cuatro delitos y aplicar medidas cautelares a la esposa del presidente del Gobierno: le retira el pasaporte, le impide salir del país y obliga a su comparecencia quincenal en el juzgado.
En dicho auto, Peinado fundamenta estas medidas cautelares basándose en que los escoltas de la esposa de Pedro Sánchez, «ya sea por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos», podrían ser «quienes faciliten la acción o acciones orientadas a posibilitar la fuga».
Para el ministro del Interior, estas afirmaciones del juez «constituyen un severo cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuyo trabajo se realiza exclusivamente en el marco de la legalidad y es una de las garantías fundamentales del Estado de Derecho». Estas sospechas infundadas no solo afectan a los agentes asignados directamente al servicio de escolta de la esposa del presidente del Gobierno, sino también a sus superiores, insinuando que podrían haber dado órdenes ilegales.
Como máximo responsable de la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el ministro del Interior, continúa el comunicado, considera que tales manifestaciones revisten «una gravedad extrema», motivo por el cual ha decidido informar a la presidenta del CGPJ para que tome, si procede, las medidas oportunas en el ejercicio de sus atribuciones, y reitera en su escrito la absoluta profesionalidad de tanto los agentes que forman las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como de sus mandos superiores.