Las claves
En 2024, el Gobierno concedió el indulto a José Luis Peñas, exconcejal del PP que hizo pública la red Gürtel, basándose en motivos de utilidad pública y justicia.
Aunque Peñas fue condenado a cinco años de cárcel y a la inhabilitación, su cooperación con la Justicia fue crucial para obtener el indulto y recuperar su puesto como funcionario.
El Ejecutivo criticó la reducción de pena aplicada a Víctor de Aldama, quien colaboró en otra investigación de corrupción, pese a que la Fiscalía también respaldó sus beneficios.
Diversos empresarios ligados a la Gürtel evitaron la prisión tras colaborar, lo que ha abierto un debate sobre los incentivos a los informantes en casos de corrupción política.
Un mes antes de que Víctor de Aldama abandonara la cárcel provisional con la promesa de colaborar con la Justicia, el Gobierno otorgó el indulto a José Luis Peñas.
Peñas, exconcejal del PP en Majadahonda, fue quien en 2007 denunció ante la Fiscalía Anticorrupción el inicio de la investigación sobre la trama Gürtel.
Fue sentenciado por cinco delitos con una pena de cinco años y tres meses de prisión, aunque no ingresó en la cárcel debido a su cooperación judicial.
Sin embargo, recibió una inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos que el Gobierno levantó en octubre de 2024 por motivos de «justicia y equidad» y «utilidad pública».
«El mensaje que transmitimos es claro: aquel que colabora con la Justicia cuenta con el respaldo del Gobierno de España, y quien contribuye a la persecución del delito tiene el reconocimiento y apoyo gubernamental», destacó Félix Bolaños, ministro de Justicia.
En la sede de Moncloa, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Bolaños enfatizó que la colaboración con la Justicia «debe entenderse como fortaleza institucional y no como debilidad».
También señaló que tanto el Tribunal Supremo como la Fiscalía respaldaron la concesión de este indulto parcial, que le permitió reincorporarse como funcionario en el Ayuntamiento de Madrid.
No obstante, menos de dos años tras ese indulto, es el mismo Gobierno quien cuestiona los beneficios otorgados a Víctor de Aldama por colaborar con la Justicia.
Cuando Aldama declaró tener «pruebas de todo» y que facilitaría el esclarecimiento de la trama sentenciada este lunes por el Supremo, Pedro Sánchez respondió: «Menuda inventada».
El ministro de Transportes, Óscar Puente, presente en el Consejo de Ministros que aprobó el indulto de Peñas, criticó los beneficios concedidos a Aldama, que también cuenta con el visto bueno de la Fiscalía.
Finalmente, la sentencia del Supremo impuso cuatro años y medio, pero Aldama no ingresará en prisión por su «aporte al descubrimiento de los delitos».
Esta decisión molestó a Puente, quien escribió: «¿Lo ven, niños? Si cometen delitos, pero luego colaboran, el perdón llegará; con entregar un simple informe, evitarán la cárcel».
Por su parte, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, expresó su preocupación por la exención de prisión de Aldama: «¿Compensa ser corruptor en España?», cuestionó en X, añadiendo: «Realmente es difícil de comprender».
Además, el programa electoral del PSOE de 2023 mencionaba la necesidad de «fortalecer» la puesta en marcha de la Autoridad de Protección del Informante, dirigida a quienes aporten evidencia en casos de corrupción.
El documento socialista habla de la «aprobación por parte del Gobierno de la Estrategia Nacional Anticorrupción, que incluirá el Sistema de Integridad de la Administración General del Estado y un conjunto de instrumentos para prevenir y responder al fraude».
En la Gürtel, varios empresarios evitaron la prisión. Es el caso de Alfonso García-Pozuelo, expresidente de Constructora Hispánica, quien reconoció haber entregado cuatro millones de euros a la red de Francisco Correa sin cumplir condena en prisión.
Similar situación ocurrió con varios empresarios valencianos que admitieron haber pagado más de un millón de euros en negro para financiar actos electorales del PP mediante facturas falsas emitidas a la empresa Orange Market.
Actualmente, personas como la fontanera del PSOE Leire Díez o Julito Martínez, supuesto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, podrían optar por colaborar con la Justicia para obtener beneficios penales a cambio de aportar pruebas.