Las claves
La defensa de Begoña Gómez ha presentado una denuncia contra el juez Juan Carlos Peinado ante el Consejo General del Poder Judicial debido a la falta de notificación formal sobre la apertura del juicio oral y las medidas cautelares.
El abogado de la esposa del presidente del Gobierno fue informado de dichas resoluciones judiciales únicamente por medios de comunicación, sin recibir aviso por las vías procesales habituales.
Desde la defensa aseguran que esta circunstancia implica una importante irregularidad y solicitan que se investiguen las razones y condiciones que motivaron la ausencia de notificación formal.
Reclaman al CGPJ que adopte las acciones necesarias si se confirma una actuación anómala o indebida del órgano judicial, además de que se determinen las posibles responsabilidades disciplinarias correspondientes.
El auto mediante el cual el juez Juan Carlos Peinado inicia el juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y establece medidas cautelares, fue comunicado por el instructor al gabinete de prensa del Tribunal Superior de Madrid para su difusión pública el pasado sábado, sin que el letrado de la esposa haya sido notificado directamente.
Así consta en la denuncia presentada por Antonio Camacho, difundida por EL ESPAÑOL.
«En fecha 20 de junio de 2026, este abogado ha tenido conocimiento por medio de la prensa sobre la adopción de resoluciones judiciales que incluyen la apertura de juicio oral contra mi representada y la imposición de medidas cautelares personales», manifiesta el defensor.
«Lo que realmente preocupa y motiva la presente queja es que tales resoluciones, presuntamente dictadas el sábado mencionado, no fueron notificadas en ningún momento a esta representación legal, por lo que el compareciente — en calidad de defensa técnica — debió enterarse de su existencia y contenido únicamente por la prensa, sin haber recibido aún notificación oficial por las vías procesales establecidas», explica.
Para la defensa, esta circunstancia configura «una seria anomalía en el funcionamiento del órgano judicial, contraria a los principios y garantías que sustentan el proceso penal en un Estado democrático».
«La apertura del juicio oral y, sobre todo, la adopción de medidas cautelares son decisiones de gran relevancia que requieren una notificación formal, inmediata y efectiva a las partes implicadas y sus defensas», destaca el escrito.
Según documenta la queja, «el hecho de que el abogado defensor haya tenido que enterarse por la prensa — y no por los procedimientos legales establecidos — representa una situación sumamente grave que afecta negativamente la percepción pública de la Administración de Justicia y el principio de igualdad procesal entre partes».
El letrado solicita al Consejo General del Poder Judicial que ordene a la Inspección de Tribunales «comprobar las circunstancias en las que fueron emitidas las resoluciones mencionadas, poniendo especial atención en los motivos por los cuales no se realizó la notificación a esta defensa».
También pide al órgano rector de los jueces que «tome las medidas adecuadas si, tras las inspecciones, se confirma un funcionamiento irregular o defectuoso del órgano judicial, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias que pudieran derivarse de los hechos expuestos».