La Mesa, que ahora bloquea la posibilidad de instar al presidente a tomar alguna acción, sí procesó iniciativas relacionadas con prerrogativas exclusivas del Ejecutivo, como la destitución de ministros o la presentación de los Presupuestos.
El PSOE y Sumar, mayoría en la Mesa del Congreso, rechazaron ayer las enmiendas de Junts y el PP que instaban a Pedro Sánchez a disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas. Esta propuesta carecía de efecto legislativo y se planteó solo para que la Cámara Baja se pronunciara a favor de adelantar las elecciones y solicitara al presidente que las convocara.
Luego, el presidente podría decidir libremente si las convoca o no, sin ninguna obligación. Sería simplemente una solicitud, aunque con un peso político significativo: la mayoría de la Cámara estaría pidiendo ir a las urnas no solo verbalmente —como ya ocurre— sino también mediante sus votos.
El fundamento que usó la Mesa para vetar la iniciativa es que la convocatoria de elecciones generales es una facultad exclusiva del presidente del Gobierno, y por eso ambas enmiendas «invaden competencias constitucionalmente reservadas a la Presidencia del Gobierno».
Sin embargo, el criterio previo de la Mesa contradice esta interpretación estricta, pues señala que el Congreso carece de capacidad para votar sobre asuntos reservados exclusivamente al presidente.
En esta legislatura, hasta en diez ocasiones recientes, la Mesa del Congreso ha autorizado la tramitación de mociones o proposiciones no de ley vinculadas a competencias exclusivas del presidente o de miembros del Gobierno.
No se han generado consecuencias posteriores ni se ha invadido la competencia del Ejecutivo, ya que las mociones y PNL existen precisamente para que la Cámara exprese un pronunciamiento mayoritario que inste al Gobierno a actuar. No obligan, sólo solicitan.
Por ejemplo, la presentación de los Presupuestos, prerrogativa constitucional exclusiva del Ejecutivo. En octubre de 2025, la Mesa gestionó una moción consecuencia de interpelación urgente que exigía al Gobierno presentar los Presupuestos. En noviembre, la iniciativa fue votada y aprobada con 171 votos a favor y 166 en contra.
En febrero de 2025, Junts consiguió que la Mesa tramitara una PNL solicitando al presidente que planteara una cuestión de confianza. Es fundamental subrayar que Junts no proponía una cuestión de confianza, sino que pedía a Sánchez que la presentara él, lo único que puede hacer.
Más ejemplos: el artículo 97 de la Constitución establece que «el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado». Sin embargo, el Congreso puede instar a que esa política exterior sea orientada de otra manera.
Así sucedió en mayo de 2024, cuando el PP presentó una moción por interpelación urgente mediante la cual el Congreso instó al Gobierno, entre otros puntos (siete de ocho fueron aprobados), a «recuperar la posición histórica de neutralidad activa de España respecto al contencioso del Sáhara Occidental», derogando así el giro inesperado de Pedro Sánchez en 2022, cuando se alineó sin explicación con las posturas expansionistas de Marruecos.
Esa moción también exigía «cumplir el compromiso con la OTAN de invertir en Defensa hasta alcanzar el 2% del PIB en 2030» y «reafirmar la posición del Congreso sobre la solución de dos Estados para resolver el conflicto en Oriente Próximo».
Adicionalmente, se requería al Gobierno «exigir en todos los foros internacionales en los que participa España, la realización de elecciones libres y justas en Venezuela».
Esto plantea una cuestión válida: ¿es posible votar en el Congreso sobre la celebración de elecciones en Venezuela pero no en España?
El artículo 100 de la Constitución señala que «los demás miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta de su presidente», y únicamente a propuesta de él. Igual ocurre con la cuestión de confianza. En los últimos meses se han aprobado dos mociones que instan al presidente a ejecutar la destitución de determinados ministros.
El 24 de septiembre, la mayoría de la Cámara apoyó que el Pleno reprobara a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, solicitando su cese por el fracaso de las pulseras antimaltrato.
También fue admitida a trámite una proposición no de Ley del PP que reclamaba la reprobación y cese del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras el asesinato de dos guardias civiles en Barbate. Aunque esta es una competencia de Sánchez, puede ser solicitada su ejecución, y la Mesa tampoco vetó esta iniciativa.
Otras solicitudes sin efecto legislativo que han sido tramitadas pese a referirse a competencias intransferibles y exclusivas del Ejecutivo abarcan asuntos de política de defensa, tráfico e incluso la exigencia al Gobierno para que ejerza su potestad reglamentaria en materia de etiquetado inclusivo y en alfabeto braille.