El Parlamento Europeo otorgó la aprobación final a una nueva normativa de la UE que permite la creación de centros controversiales de retorno fuera del bloque y registros domiciliarios, con el apoyo de los conservadores y grupos de extrema derecha para aprobar la ley.
El miércoles, el Parlamento Europeo ratificó una ley diseñada para acelerar la devolución de migrantes sin derecho legal a permanecer en la UE, gracias al respaldo de grupos políticos de centro-derecha y extrema derecha.
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La “regulación de retorno” representa el cambio más severo en la política migratoria del bloque en varias décadas. Resulta polémica porque permitiría a los países de la UE establecer centros de deportación fuera del bloque, conocidos como hubs de retorno, mediante acuerdos con países no comunitarios.
Estos hubs podrían funcionar como instalaciones de tránsito, donde las personas esperarían su regreso a su país de origen, o bien como lugares donde los migrantes podrían permanecer por períodos prolongados, posiblemente sin límite temporal ni garantía de repatriación. Solo los menores no acompañados quedarían exentos de esta medida, aunque las familias con hijos podrían ser trasladadas a estos centros.
La ley fue aprobada con 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones. Tras el anuncio del resultado, los partidarios celebraron mientras algunos eurodiputados en el ala derecha del hemiciclo corearon “devuélvanlos”, haciendo referencia a los migrantes irregulares.
Los legisladores del lado opuesto respondieron con gritos de “vergüenza para ustedes”.
La votación evidenció la formación de una mayoría de derecha en el Parlamento sobre temas migratorios. El Partido Popular Europeo (PPE), de centro-derecha, se alineó una vez más con los Conservadores Europeos y Reformistas (ECR) y los partidos de extrema derecha Patriots for Europe (PfE) y Europe of Sovereign Nations (ESN). Varios eurodiputados del grupo liberal Renovar Europa también respaldaron la ley.
El PPE sigue descartando una cooperación formal con partidos considerados demasiado extremistas, como la alternativa de derecha Alternative for Germany (AfD) y el Rassemblement National de Francia. Manfred Weber, líder del PPE, ha rechazado reiteradamente la posibilidad de alianzas oficiales con dichas fuerzas.
Sin embargo, para el PPE sus votos son esenciales para aprobar normas migratorias más estrictas, creando así una mayoría alternativa frente a la coalición tradicional de centro formada por PPE, Socialistas y Demócratas (S&D) y Renovar Europa.
Los socialistas y eurodiputados de izquierda manifestaron amplia oposición a la ley, argumentando que podría afectar los derechos fundamentales de los migrantes.
“Esta regulación corre el riesgo de normalizar prácticas legalmente cuestionables que hace unos años habrían sido impensables en la UE”, declaró Ana Catarina Mendes, vicepresidenta del grupo Socialistas y Demócratas (S&D), en un comunicado.
Además de los hubs de retorno, la ley incorpora una disposición que autoriza la inspección de un “lugar de residencia u otras dependencias relevantes” de migrantes irregulares, lo cual ONGs y la sociedad civil equiparan con las controvertidas redadas realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.
Otras medidas contemplan períodos de detención más prolongados, restricciones más severas para entradas y nuevas facultades para localizar a migrantes irregulares.
Se aumenta el tiempo máximo de detención legal para migrantes irregulares que esperan ser retornados, pasando de seis meses a dos años, con la opción de extenderlo seis meses más y una duración indefinida para personas consideradas como riesgo para la seguridad.
Las prohibiciones de entrada también se endurecen considerablemente, elevándose de cinco a diez años en la mayoría de los casos, con la posibilidad de vetos de por vida para quienes sean considerados una amenaza para la seguridad.
La legislación también modificaría el proceso de apelación. Actualmente, las deportaciones se suspenden automáticamente mientras estén pendientes los recursos legales. La nueva norma eliminaría esta suspensión automática, dejando a los tribunales la decisión, caso por caso, sobre la suspensión de una orden de retorno.