Así se refleja en el último informe de esta unidad enviado al juez de la Audiencia Nacional que investiga las maniobras para obstaculizar las pesquisas referentes al Gobierno.
La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, junto con la fontanera Leire Díez, mantuvieron contacto la misma mañana en que se ordenó iniciar una investigación interna a la Unidad Central Operativa (UCO). Esto consta en el informe más reciente de esta unidad, remitido al juez de la Audiencia Nacional encargado de indagar las maniobras para sabotear las investigaciones que involucraban al Gobierno.
El documento fechado el pasado jueves realiza un análisis de las tres investigaciones de esta índole dirigidas contra la UCO bajo el liderazgo de Mercedes González en la Guardia Civil. La revisión se centra sobre todo en la apertura del 11 de mayo de 2025, posterior a la publicación por EL MUNDO de mensajes intercambiados entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ex ministro de Transporte y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.
La UCO identificó dos contactos por whatsapp entre ambas ese domingo a las 9:16h. El primero «es compatible con la eliminación de una conversación anterior y el inicio de una nueva», expone el informe. El segundo registro de la aplicación de mensajería «indica que en esa fecha y hora, desde la Directora General de la Guardia Civil, se activó en la conversación entre ambas el borrado automático de mensajes con un período de caducidad de 24 horas».
Los acontecimientos se aceleraron tras esos mensajes. Antes de las 11:30h, el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, ya había contactado con un general para convocarlo en la cafetería de la dirección general y encargarle la investigación interna. Aunque formalmente la decisión de iniciar la investigación fue tomada por Llamas, fuentes al tanto aseguran que se actuó siguiendo indicaciones de Mercedes González.
La UCO subraya en su informe la «excepcionalidad» de que entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025 se abrieran tres investigaciones contra la UCO. Como prueba, señala que la primera de ellas, aunque acordada a finales de año, tiene la numeración 1/2024. La tercera, en septiembre del año siguiente, también aparece como 1/2025.
La primera investigación se inició cinco días después de la publicación de una noticia que incluía el correo electrónico oficial de Begoña Gómez. La última se activó más de un mes tras otra publicación de EL MUNDO que generó incomodidad en el Ministerio del Interior. La investigación de mayo también fue motivada por una información de este diario, pero en este caso se puso en marcha la misma mañana en que la fontanera y la directora de la Guardia Civil intercambiaron mensajes.
La investigación de mayo, que centra mayormente el informe, no alcanzó a recibir número de registro porque fue paralizada por el juez del caso Koldo en el Tribunal Supremo. Este comunicó al general de la Guardia Civil que si procedía a iniciarla, abriría una causa penal contra su interlocutor y quienes hubieran dado la orden. El DAO ordenó entonces el archivo inmediato y no se realizaron diligencias posteriores.
Antes de relatar cronológicamente las diligencias derivadas de la noticia de EL MUNDO, la UCO señala que algunos de sus miembros «se convirtieron en ‘objetivos de interés'» de la organización investigada, al ser responsables de causas judiciales «relacionadas con el PSOE y, directa o indirectamente, con ciertos miembros del Gobierno o su Presidente».
«Se observa un interés sostenido en el tiempo por parte de la presunta organización criminal por cuestionar y desacreditar la labor de la Unidad Central Operativa», añade el informe. «Para lograrlo, habrían promovido varias acciones orientadas, por una parte, a comprometer ciertas causas en las que esta Unidad participaba como Policía Judicial, y por otra, a obtener información comprometedora sobre algunos de sus agentes, con la finalidad de minar su credibilidad».