Las claves
El Ayuntamiento de Carboneras pospone la votación para anular la licencia del hotel de El Algarrobico debido a la falta de informes sobre el efecto económico.
La iniciativa para aplazar la decisión fue propuesta por un concejal no adscrito y respaldada por el PSOE y una exconcejal del PP, argumentando la complejidad jurídica y económica del asunto.
El alcalde defendió la votación para anular la licencia basándose en sentencias y dictámenes previos, pero la mayoría decidió esperar la presentación de informes técnicos y legales adicionales.
Greenpeace ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ejecute directamente la sentencia para forzar la revisión de la licencia del controvertido hotel.
El Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha dejado esta miércoles pendiente, en un pleno extraordinario, la decisión sobre la revisión de oficio y anulación de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico, el controvertido complejo turístico levantado hace más de veinte años dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.
La votación, que debía representar el primer paso formal hacia el cumplimiento de las sentencias judiciales que declararon ilegal la construcción, ha quedado aplazada hasta una nueva sesión programada para el próximo 22, en medio de discrepancias acerca de las posibles repercusiones económicas que conllevaría la medida.
La reunión, que duró apenas 16 minutos, concluyó con siete votos a favor de aplazar la deliberación frente a cinco en contra, contando con la ausencia justificada del concejal Andrés Belmonte.
La propuesta de aplazamiento fue presentada por el concejal no adscrito Felipe Cayuela, quien recibió el apoyo del PSOE y de la exconcejal del PP Ángeles Carrillo, venciendo así la intención inicial del equipo de gobierno de aprobar la anulación de la licencia.
El acuerdo que se iba a votar este miércoles autorizaba al Ayuntamiento a revisar el permiso de obras otorgado en enero de 2003 a la empresa Azata del Sol, luego de que el Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) emitiera un informe que señalaba la nulidad de esa licencia por haber sido concedida sobre terrenos de especial protección y dentro de la zona de servidumbre de costas, a menos de cien metros de la línea de mar.
Cayuela defendió la necesidad de posponer la votación argumentando hasta siete razones, fundamentalmente basadas en la «complejidad jurídica, urbanística, patrimonial y económica excepcional» que conlleva el expediente y en el riesgo de posibles responsabilidades económicas para el Ayuntamiento.
El concejal enfatizó que la propia propuesta de resolución reconocía que el Ayuntamiento carece de recursos materiales y personal suficiente para evaluar detalladamente el impacto económico de una posible indemnización a la promotora, y solicitó nuevos informes técnicos, legales y económicos antes de tomar una decisión que calificó de «de gran trascendencia».
Según explicó Cayuela, en el expediente no consta ningún informe de la intervención municipal que analice el posible impacto presupuestario de la anulación ni la verdadera capacidad financiera del Consistorio para afrontar futuras responsabilidades, además de no existir un análisis sobre la posible participación de otras administraciones, aspecto que considera fundamental para defender los intereses del municipio.
Sin embargo, Cayuela insistió en que su propuesta no pone en duda ni las sentencias judiciales ni el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, sino que persigue que la corporación cuente con toda la información antes de emitir su voto.
El portavoz del PSOE, José Luis Amérigo, apoyó el aplazamiento al considerar que el expediente carece de datos esenciales sobre las consecuencias económicas que conllevaría la anulación de la licencia.
Previo a la decisión de posponer la votación, Amérigo ya había adelantado que su grupo se abstendría en la votación principal, aunque aclaró que el PSOE no se opone al cumplimiento de las resoluciones judiciales ni a la revisión de la licencia. «No contamos con suficientes elementos para emitir un voto favorable», resumió el edil socialista.
Por su parte, el alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (Ciudadanos), manifestó su desacuerdo con el resultado del pleno tras concluir la sesión. Consideró que lo procedente era aprobar ese día la anulación de la licencia amparándose en el dictamen obligatorio del Consejo Consultivo de Andalucía, sin necesidad de demorar la decisión.
El regidor reconoció que no esperaba este desenlace, pues su intención era que el pleno respaldara la propuesta conforme al mandato del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Hernández defendió que el acuerdo que estaba en votación ya contemplaba la apertura posterior de un expediente específico para analizar las reclamaciones patrimoniales una vez anulada la licencia y resueltos los recursos en los tribunales, por lo que enfatizó que no era necesario decidir esa jornada sobre el importe económico ni otros informes adicionales solicitados por la oposición.
El alcalde también admitió desconocer cuál será el futuro escenario ante el TSJA al no haberse cumplido aún la sentencia, aunque destacó la disposición del Ayuntamiento para acatar lo que determine la justicia «dentro de las capacidades materiales y humanas de un municipio de 8.000 habitantes».
Respecto a la decisión de otros concejales de aplazar la cuestión, se limitó a señalar que cada uno es responsable de sus actos.
Reacciones políticas
El conflicto también ha llegado al Parlamento andaluz, donde el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, criticó que el hotel siga en pie a pesar de los años transcurridos desde las primeras sentencias judiciales en su contra.
El dirigente atribuyó este bloqueo a lo que describió como la «peleíta corta» entre PSOE y PP, lamentando que un asunto de tal importancia siga condicionado por las disputas entre ambos partidos. García definió El Algarrobico como un «atentado medioambiental» y pidió que se corrija la situación, aunque sea «con décadas de retraso».
La organización ambiental Greenpeace decidió no esperar la nueva convocatoria del pleno y presentó ese mismo miércoles un escrito ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), solicitando que sea el propio tribunal quien aplique directamente la sentencia que ordenaba la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel.
El asunto queda ahora en manos de dos vías que avanzan simultáneamente. Por un lado, la sesión convocada para el 22 de este mes, en la que el pleno deberá retomar la votación sobre la revisión de oficio de la licencia, para lo cual el Ayuntamiento tendrá que reunir los informes económicos, jurídicos y patrimoniales exigidos por gran parte de la corporación.
Por otro lado, la vía judicial iniciada por Greenpeace, que plantea al TSJA la posibilidad de ejecutar directamente el fallo si el Consistorio sigue sin actuar. Por ahora, el hotel, dos décadas después de su construcción, continúa en pie.