Las claves
El Consejo Consultivo de Andalucía ha revocado la licencia de construcción del hotel El Algarrobico, otorgada en 2003, tras más de veinte años de controversia.
La resolución se fundamenta en que la licencia contradecía el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de 1994 y la servidumbre de costas, al invadir el dominio público marítimo-terrestre.
El Ayuntamiento de Carboneras someterá la sentencia al Pleno y abrirá un proceso para determinar si la empresa Azata del Sol debe recibir indemnización, que asciende a 44,5 millones de euros según su reclamación.
Greenpeace ha valorado positivamente la decisión y solicita el inicio inmediato de la demolición del hotel, recordando que corresponde al Estado ejecutar el derribo y a la Junta de Andalucía llevar a cabo la restauración ambiental.
La licencia de obra para el hotel El Algarrobico, otorgada en 2003, queda revocada tras más de veinte años. El Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) ha respaldado la propuesta del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) para anular el convenio con Azata del Sol.
El órgano consultivo emitió el 22 de mayo una resolución vinculante que confirma la «nulidad de pleno derecho» planteada por el Ayuntamiento conforme a la sentencia del TSJA de julio de 2021.
El CCA reconoce que la licencia infringía el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de 1994, que prohíbe edificaciones en suelo no urbanizable protegido y afecta a la servidumbre de costas por invadir el margen mínimo de 100 metros del límite del dominio público marítimo-terrestre.
El Ayuntamiento de Carboneras someterá al Pleno la sentencia para declarar oficialmente la ilegalidad de la licencia. También se iniciará un procedimiento para valorar si la constructora tiene derecho a indemnización, ya que Azata del Sol demanda 44,5 millones de euros.
Greenpeace ha calificado esta resolución como una «victoria» y ha manifestado que «no hay más razones para retrasar la demolición de este edificio situado dentro del parque de Cabo de Gata». «Celebramos no solo la revocación del permiso de obras, sino también el fin de la impunidad en nuestros litorales», afirmó Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España.
Para Luis Berraquero, coordinador de Greenpeace Andalucía, «ha llegado el momento de poner en marcha las máquinas para que el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar recupere lo que nunca debería haber perdido. Esta resolución no es una recomendación, sino la sentencia definitiva que marca el fin legal del hotel».
La organización recuerda que el protocolo firmado en 2011 entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía establece que el Estado es responsable de la demolición del hotel, mientras que la Junta se encarga de la restauración ambiental y la gestión de los residuos.