El sector critica que la norma permita trayectos urbanos durante dos años y elimine los 15 minutos de precontratación
Les Corts ratifican este miércoles el decreto ley del Consell que ajusta la regulación de los vehículos de transporte con conductor, conocidos como VTC, y del taxi en la Comunidad Valenciana. La legislación establece de manera provisional que las VTC registradas en la autonomía puedan realizar trayectos urbanos durante un máximo de dos años, lo cual ha reavivado el conflicto entre el sector del taxi y plataformas como Uber y Cabify.
El conflicto principal reside en que estos vehículos podrán competir en desplazamientos dentro de una misma ciudad, hasta ahora mayormente reservados al taxi: traslados a hospitales, salidas de estaciones o aeropuertos, ocio nocturno o servicios solicitados a través de aplicaciones móviles. El sector denuncia que el decreto acerca en la práctica la operativa de las VTC a la del taxi, pero sin exigirles las mismas obligaciones de servicio público.
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Las asociaciones representativas del taxi han convocado una manifestación frente a Les Corts para exigir la retirada del decreto. En un comunicado conjunto, critican que la norma autorice el servicio urbano para 2.004 VTC, elimine los 15 minutos mínimos de precontratación y postergue el estudio técnico que, a su juicio, debía haberse efectuado antes de permitir esa actividad.
Qué cambia con el nuevo decreto
El cambio principal es que las VTC podrán efectuar transporte urbano de pasajeros en la Comunidad Valenciana hasta que la Generalitat desarrolle un estudio técnico sobre oferta, demanda, movilidad, tráfico, espacio público y sostenibilidad. En cualquier caso, dicha autorización no podrá exceder los dos años desde la vigencia del decreto.
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Hasta ahora, una de las líneas divisorias entre taxi y VTC era la contratación previa. En la Comunidad Valenciana se requería un tiempo mínimo de 15 minutos desde la reserva hasta la prestación del servicio. Esta espera diferenciaba a las VTC del taxi, que puede ser solicitado instantáneamente, captado en paradas o en la vía pública.
El decreto elimina esa restricción temporal. Aunque mantiene la prohibición de captar clientes en la vía pública, buscar pasajeros en circulación o estacionar en zonas de alta demanda para atraer usuarios, el sector del taxi considera que suprimir los 15 minutos permitirá a las VTC operar “de facto con inmediatez”.
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VTC invadiendo el carril taxi-bus en la Plaza de España
El reglamento distingue entre las VTC ya existentes y las que están pendientes de autorización. Las 2.004 autorizaciones concedidas podrán operar en ciudad de forma provisional, mientras que las más de 4.000 solicitudes nuevas quedan suspendidas hasta evaluar el impacto de la medida.
Esta paralización también rige para el taxi: no se otorgarán nuevas licencias en áreas de prestación conjunta, excepto para vehículos adaptados. El Consell presenta esta pausa como un mecanismo para ordenar el sector y analizar el equilibrio entre ambos modelos.
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Por qué protestan los taxistas
El sector del taxi rechaza el decreto tanto por sus procedimientos como por su contenido. Las asociaciones afirman que no han sido consultadas en la elaboración de la norma y critican que el Consell permita a las VTC ingresar en el mercado urbano antes de evaluar sus efectos sobre el tráfico, contaminación, espacio público y la sostenibilidad económica del taxi.
La queja más significativa para los usuarios se centra en la precontratación. Para los taxistas, esos 15 minutos significaban una separación clara entre dos modelos diferentes. Sin esa espera, sostienen, las plataformas podrán competir por la demanda inmediata sin cumplir las mismas condiciones que el taxi, tales como tarifas reguladas, licencias municipales, turnos u obligaciones de prestación.
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El comunicado del sector también critica que no se establezca un límite al número de VTC que pueden operar simultáneamente en cada municipio, área de prestación o provincia. El temor radica en que los vehículos de plataforma se concentren en las zonas y franjas horarias más rentables, mientras el taxi mantiene responsabilidades vinculadas al servicio público.
Las asociaciones advierten además que la norma abre un “futuro incierto” para las 9.216 familias que, según sus estadísticas, viven del taxi en la Comunidad Valenciana. Esta cifra contempla al conjunto de personas que dependen directa o indirectamente de esta actividad.
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Más oferta para el usuario, más presión para los trabajadores
Para los ciudadanos, la consecuencia más inmediata podría ser una mayor disponibilidad de vehículos para desplazarse por la ciudad, especialmente en momentos de alta demanda. Contar con más VTC autorizadas para trayectos urbanos puede traducirse en mayores opciones en las aplicaciones y menor tiempo de espera en determinados servicios.
El problema, según el sector del taxi, se presenta a medio plazo. Consideran que una mayor presencia de plataformas privadas puede debilitar un servicio regulado con tarifas y obligaciones públicas.
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El Consell sostiene que el decreto busca ordenar la convivencia entre ambos sectores, adaptar la normativa autonómica al marco jurídico vigente y brindar seguridad a una actividad que ha estado marcada durante años por recursos, restricciones y cambios regulatorios. Además, la norma contempla sanciones para las VTC que operen fuera de las condiciones permitidas, capturen clientes sin contratación previa o circulen en busca de viajeros.