Mañueco, en cumplimiento del acuerdo alcanzado con el partido situado a su derecha, reorganiza la mayoría de las carteras de su gobierno y cede a los ‘populares’ la responsabilidad sobre asuntos con una amplia asignación presupuestaria
El organigrama de la Junta de Castilla y León, configurado ayer por Alfonso Fernández Mañueco, se compone de una decena de consejerías, cuyas responsabilidades acompañarán al líder en esta tercera legislatura. De estas diez carteras, solo una mantendrá las mismas competencias que tenía en la etapa anterior: la de Cultura, Turismo y Deporte, asignada a Vox. En las otras nueve, ambos partidos de derecha han ajustado las atribuciones para satisfacer sus intereses; así, Santiago Abascal asume áreas prioritarias como inmigración, medioambiente y campo, mientras que el PP retiene el control sobre los temas más relevantes.
El ejemplo más evidente de esta redistribución de funciones, que reduce la carga administrativa de Vox, se encuentra en la consejería de Familia. Previamente denominada Familia e Igualdad de Oportunidades, ahora se llama Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. Mañueco detalló que esta gestión, en manos de Vox, abarcará asuntos vinculados con juventud, infancia, atención a la diversidad, drogodependencia, inclusión social e inmigración. Aunque estas áreas ya correspondían a esta consejería en la legislatura anterior, entonces también incluía atención a personas mayores, discapacidad e igualdad de oportunidades. Actualmente, estas últimas competencias han sido retiradas y permanecerán bajo la tutela del PP.
No son temas secundarios, especialmente en una comunidad donde el 27,2% de la población supera los 65 años, comparado con el 20,7% a nivel nacional. En el presupuesto aprobada para Castilla y León en 2024, la consejería de Familia fue la tercera mejor dotada económicamente, después de Sanidad y Educación. De los 1.368 millones de euros asignados, más de 500 millones se destinaron a la atención de personas mayores -300 millones- y con discapacidad -200 millones-. Estos recursos dejarán de estar bajo la responsabilidad de Vox, permaneciendo con el PP dentro de la consejería de Sanidad, que ampliará su ámbito de competencias.
Por su parte, Carlos Pollán, líder de Vox en Castilla y León, que ocupará el cargo de vicepresidente primero y consejero de Familia, sumará a su cargo facultades en materia de «desregulación» —entendida como simplificación administrativa, uno de los pilares del partido— y cooperación al desarrollo. No obstante, esta última área tendrá una asignación presupuestaria menor, dado que la derecha radical busca reducir los fondos destinados a esta causa, como ya ha hecho en Extremadura. Por lo tanto, conforme a la reestructuración pactada en la Junta, Vox podrá implementar su programa migratorio, aunque el PP retiene el control mayoritario en las políticas sociales.
Una situación parecida se da en las competencias ambientales, otra pieza fundamental para Abascal y motivo de su reivindicación durante las negociaciones —logró parte en Aragón, pero no en Extremadura—. En Castilla y León, la Política Ambiental queda bajo el control de Vox, dentro de la cartera de Agricultura, lo que permitirá al partido gestionar la «prevención, inspección y control ambiental». Sin embargo, el PP mantendrá la mayoría de las responsabilidades en medioambiente a través de otra consejería que, según Mañueco, incluirá también la gestión forestal y la respuesta ante incendios, un asunto crítico que, a pesar del interés de Vox en temas rurales y ambientales en las tres comunidades, solo posee en Aragón.