Las claves
El PP ha llevado al Congreso la campaña institucional del Ministerio de Vivienda que atribuye a las CCAA la responsabilidad del colapso en la vivienda, acusándolas de «deslealtad institucional».
La campaña del Ejecutivo, financiada con fondos públicos, indica que la aplicación de la Ley de Vivienda corresponde a cada comunidad autónoma, lo que el PP considera cuestionable desde el punto de vista legal.
El PP solicita aclaraciones acerca del coste, los recursos empleados y los informes técnicos que respaldan la campaña, además de requerir que se determine si se infringe la Ley 29/2005 de Publicidad Institucional.
El Ministerio de Vivienda defiende que esta campaña es una acción divulgativa sobre una normativa estatal y afirma que su intención no es confrontar, sino informar acerca de las competencias en materia de vivienda.
El Partido Popular ha optado por presentar ante el Congreso de los Diputados la última campaña institucional promovida por el Ministerio de Vivienda, encabezado por Isabel Rodríguez, para impulsar la ley homónima aprobada en mayo de 2023.
Esta acción parlamentaria surge tras la publicación por parte de EL ESPAÑOL sobre las incertidumbres legales que genera la nueva estrategia publicitaria del Gobierno, que atribuye la falta de implementación de la norma a las comunidades autónomas, en su mayoría gobernadas por el PP.
La campaña, financiada con recursos públicos y difundida en televisión, radio, prensa y publicidad exterior, presenta consignas como «La aplicación de la Ley de Vivienda depende de tu comunidad autónoma«.
Este lema polémico forma parte de una campaña institucional más amplia —#UnaLeyParaVivir: vivienda para vivir, no para especular— y, según fuentes jurídicas consultadas por este medio, presenta dudas legales por dos aspectos: posible publicidad engañosa por omisión y finalidad propagandística.
En la documentación presentada en la Cámara Baja, el PP resalta que esta estrategia debe examinarse conforme a la Ley 29/2005 de Publicidad y Comunicación Institucional.
En particular, se recuerda que la ley establece que las campañas institucionales sólo pueden realizarse «cuando existan razones de interés público» y deben cumplir con «principios tales como el interés general, la lealtad institucional, la veracidad, transparencia, eficacia, responsabilidad, eficiencia y austeridad en el gasto».
Asimismo, se subraya que el artículo 4 de esta ley prohíbe promover o contratar campañas institucionales que tengan como objetivo resaltar logros de gestión.
No serán válidas tampoco aquellas que «manifiestamente perjudiquen, obstaculicen o perturben las políticas públicas de cualquier actuación legítimamente realizada por otro poder público en el ejercicio de sus competencias».
En el documento con preguntas, el Grupo Popular requiere detalles sobre las plataformas y medios donde se ha difundido la campaña, su «coste exacto» y la cantidad de recursos asignados a cada canal.
El PP también pide informes técnicos, económicos o de oportunidad que justifiquen la necesidad de la puesta en marcha de esta iniciativa por parte del Ministerio de Vivienda.
Además, solicita que el Gobierno explique cómo considera que la campaña no infringe las prohibiciones establecidas en el artículo 4 de la Ley 29/2005, especialmente en lo relacionado con el uso de fondos públicos para defender la gestión del Ejecutivo o destacar sus acciones.
Esta petición representa la primera acción formal de la oposición tras la emisión de la campaña y obligará al Gobierno a brindar una respuesta oficial por escrito.
Ante las preguntas de EL ESPAÑOL, fuentes del Ministerio de Vivienda se negaron a informar sobre la inversión destinada a esta polémica campaña o los medios utilizados para su difusión, remitiendo a la Plataforma de Contratación del Estado y al Plan de Publicidad Institucional.
Desde el Ministerio de Vivienda aseguran que la campaña «no contiene falsedades», que «el propósito no es confrontar, sino señalar que esta cuestión [la solución a la crisis de la vivienda] depende de todos» y que se trata de una iniciativa de «difusión sobre una norma estatal».
Asimismo, desde el departamento de Isabel Rodríguez, que este mismo lunes fue escenario de una protesta del Sindicato de Inquilinas, afirman que la exclusión de EL ESPAÑOL de esta campaña —una práctica frecuente en los últimos tiempos por parte de varios ministerios— podría haber sido un error y garantizan que este medio será considerado para futuras oleadas.
El Gobierno planea destinar 155.601.788 euros a campañas institucionales, según el Plan 2026 de Publicidad y Comunicación Institucional. De ese total, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana cuenta con una asignación precisa de 5.516.819 euros, equivalente al 3,55% del presupuesto global.