El órgano rector de los jueces deja atrás el simple reconocimiento médico para implementar un nuevo “marco capaz de proteger plenamente la salud física y psicológica” de estos profesionales. Este servicio cubrirá a 5.600 personas
Se dejan atrás los reconocimientos médicos básicos. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), máxima instancia de gobierno de los jueces, busca una empresa especializada que realice no solo controles médicos, sino también “evaluaciones de salud, pruebas específicas y valoraciones de situaciones y factores que puedan influir” en el desempeño de los magistrados. La finalidad es que estos profesionales puedan ejercer de forma “independiente, imparcial, íntegra y eficaz”. El contrato, recién licitado, tiene un valor estimado de 3.077.053 euros para cinco años, incluyendo todas las posibles prórrogas. Entre las pruebas previstas, habrá evaluaciones del estrés, cuyo coste individual será de 125 euros.
El servicio alcanzará a 5.603 miembros activos de la carrera judicial: 57 jueces que actúan como letrados en el gabinete técnico del Tribunal Supremo; 233 estudiantes de la escuela judicial; y hasta 950 magistrados suplentes. Todos ellos podrán realizarse revisiones médicas y otras pruebas médicas adicionales: oftalmológicas, relacionadas con patologías derivadas del estrés, ergometrías, ecocardiografías, exámenes ginecológicos, urológicos y densitometría, además de vacunación antigripal. Está previsto llevar a cabo aproximadamente 5.300 pruebas anuales en total. El examen médico completo representa el coste más elevado, con un máximo de 140 euros por revisión que está dispuesto a pagar el CGPJ.
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Le siguen en coste las pruebas ginecológicas (135 euros), ecocardiografías (130 euros), urológicas (125 euros), detección de síntomas de estrés (125 euros) y revisiones oftalmológicas (118 euros). La densitometría, destinada solo a profesionales mayores de 60 años, es la opción más económica (72 euros). Sin embargo, el Poder Judicial no se limitará exclusivamente a exámenes físicos. Además, busca que el futuro adjudicatario elabore “estudios, informes y recomendaciones sobre las situaciones y factores analizados que puedan impactar en la salud, y que sean solicitados por la Sección del Consejo responsable de Salud Judicial”, junto con la realización de acciones formativas relacionadas con la salud y bienestar judicial.
Hasta ahora, el Consejo General del Poder Judicial se había limitado a contratar reconocimientos médicos. En julio de 2023 adjudicó por 754.800 euros anuales estas revisiones a Quirón Prevención, filial del Grupo Quirón. La misma empresa había ganado el contrato anterior en julio de 2021, por 689.000 euros anuales.
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No obstante, en marzo de este año, el Pleno del CGPJ decidió iniciar el proceso para regular la protección de la salud de jueces y magistrados mediante la inclusión en el Reglamento de la Carrera Judicial de medidas como la creación de un servicio especializado en salud judicial, la definición de indicadores de rendimiento saludable y la habilitación de mecanismos específicos de formación.
Competencia no regulada
Desde la aprobación del Reglamento de la Carrera Judicial en 2011, el CGPJ asumió la responsabilidad sobre la protección de la salud de jueces y magistrados (por ello comenzaron a contratarse reconocimientos). Sin embargo, esta competencia no está expresamente regulada. La Ley Orgánica del Poder Judicial no incluye la protección de la salud de los jueces dentro de sus atribuciones, a diferencia de lo que ocurre con los funcionarios de la Administración de Justicia. Tampoco la ‘Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales’ contempla su aplicación a la Carrera Judicial.
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Por esta razón, un informe del Gabinete Técnico del Poder Judicial, aprobado en enero de 2024, señaló que aplicar la normativa general de prevención de riesgos laborales al Poder Judicial presenta obstáculos insalvables, “pues no resulta compatible con la independencia judicial ni encaja con las competencias del Consejo, que tiene prohibido constitucionalmente impartir instrucciones a los miembros de la Carrera Judicial”. En resumen, “el CGPJ no actúa ni puede actuar como ‘empleador’ de los jueces y magistrados, ni estos pueden considerarse en ningún caso sus ‘trabajadores o empleados’, ni siquiera en lo relacionado con la salud judicial”, explican a Infobae desde el Poder Judicial.
La joyería a la que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el 'caso Plus Ultra', solicitó una tasación ha valorado en 1,3 millones de euros las joyas que fueron intervenidas en una caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno José Luis Zapatero. (Fuente: Europa Press / Senado / UDEF)
Lo anterior no significa que la salud judicial quede fuera de la actuación del CGPJ. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó en octubre de 2025, tras una denuncia de un fiscal croata, que para considerar a un profesional como trabajador o empleado es imprescindible que exista una relación de “subordinación” con el empleador. Por lo tanto, es incompatible con el estatuto la idea de que los miembros de la Carrera Judicial mantengan una posición de dependencia o subordinación respecto al Consejo.
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Por consiguiente, el CGPJ debe llevar a cabo sus acciones en este ámbito desde una postura que respete plenamente la independencia judicial que garantiza, “lo que implica abandonar el enfoque de la prevención de riesgos laborales y adoptar un nuevo modelo basado en un principio aceptado por varios organismos internacionales: que el bienestar físico y psicológico de jueces y magistrados es un requisito indispensable para asegurar la independencia, imparcialidad y calidad jurisdiccional.”
Nuevo reglamento
De esta forma, el CCJE señala que la protección del bienestar judicial requiere un marco de gobernanza propio del Poder Judicial. La solución propuesta es “enfrentar la futura regulación de la salud judicial en el Reglamento de la Carrera Judicial: superar un modelo que no cumple con las exigencias constitucionales y adoptar un marco renovado que defienda plenamente la salud de jueces y magistrados conforme a las directrices internacionales más actuales”, señalan desde el CGPJ.
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El nuevo texto pretende incorporar 12 preceptos (actualmente solo existe uno) con una serie de medidas orientadas a preservar la salud de los profesionales de la Justicia.