Fuente de la imagen, Vatican News
Información del artículo
-
- Autor,
- Título del autor, BBC News Mundo
- Fecha de publicación 10 junio 2026
- Tiempo de lectura: 10 min
De rodillas. Con este acto poco habitual, representantes de la iglesia católica solicitaron perdón el sábado 23 de mayo a las comunidades campesinas descendientes del pueblo indígena Tallán en Perú.
Durante años estas comunidades denunciaron el despojo de sus tierras y la persecución ejercida por empresas vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana, la organización religiosa ultraconservadora fundada en 1971 por Fernando Figari y suprimida por orden del papa Francisco en abril de 2025.
La decisión tomada por el pontífice fallecido fue consecuencia de la investigación sobre las acusaciones de abusos sexuales y corrupción que enfrentaba el Sodalicio en Perú.
"Estamos aquí para pedir perdón en nombre de la iglesia. Hemos llegado tarde, debimos hacerlo hace 20 años, y realmente lo lamentamos", expresó monseñor Jordi Bertomeu, enviado especial del Vaticano para la etapa de disolución del Sodalicio en Perú, durante la misa celebrada en Catacaos, en el noroeste del país.
Fuente de la imagen, Cortesía de los comuneros de Catacaos
En diálogo con BBC Mundo, Bertomeu definió el momento como emotivo, sintiendo el peso histórico que esa acción representaba.
"Era conmovedor ver a una representación de las autoridades eclesiales de Perú arrodilladas ante personas tan humildes, que nunca han contado con respaldo institucional", señaló.
"Sentí tristeza por haber llegado con dos décadas de retraso y, sobre todo, vergüenza por lo que algunos integrantes de la iglesia han hecho y rehusado reconocer. El Sodalicio fue una estructura abusiva que Francisco decidió suprimir para proteger a las víctimas. León XIV quiere que aprendamos de este error para que no se repita", añadió.
Con flores blancas en las manos, miembros de la comunidad San Juan Bautista de Catacaos presenciaron un gesto que consideraron un acto de justicia.
"Son ángeles enviados por Dios para escuchar a nuestros comuneros, quienes hemos clamado justicia y auxilio a gritos", declaró Percy Maza, comunero que denuncia haber sido perseguido y criminalizado por defender sus tierras.
"Han hecho lo que quisieron con nosotros porque somos pobres, campesinos y desconocemos las leyes", expresó Paula Sandoval, madre de Percy Maza y con 58 años.
"Que los sacerdotes hayan venido desde tan lejos a pedirnos perdón nos conmovió. Gracias a Dios, ha llegado la justicia divina", añadió en conversación con BBC Mundo.
Fuente de la imagen, Cortesía de los comuneros de Catacaos.
Una transferencia cuestionable
Comuneros, abogados y periodistas que han examinado el caso relatan a BBC Mundo que el presunto despojo de las tierras de San Juan Bautista de Catacaos tiene su origen en 1998.
Según sus reclamos, sus derechos territoriales se fundamentan en reconocimientos comunales desde la época del Virreinato del Perú y datos precoloniales.
Afirman que esas tierras les pertenecían colectivamente como herederos de los Tallán, uno de los pueblos originarios más antiguos del norte peruano.
Al no contar con títulos de propiedad individuales, el 18 de diciembre de 1998 fue registrada en los registros públicos una transferencia de terrenos que consideran fraudulenta.
Los comuneros denunciaron que, mediante una supuesta asamblea, la comunidad presuntamente acordó transferir cerca de 10.000 hectáreas a 100 comuneros.
Lo sorprendente —indican— fue que muchos campesinos ignoraban la realización de esa reunión.
Fuente de la imagen, Cortesía de los comuneros de Catacaos
Tras acceder a los registros y analizarlos, encontraron que algunos comuneros supuestamente presentes en esa asamblea ya habían fallecido o aseguran no haber firmado el acta.
Posteriormente, esos 100 comuneros transfirieron los terrenos como aporte capital a la empresa Pampa Loma Vega, que a su vez los traspasó a otras compañías, entre ellas la Asociación Civil San Juan Bautista, vinculada al Sodalicio de Vida Cristiana.
"En esa época, nadie relacionaba las actividades en Piura con el Sodalicio. No era conocido el vínculo tan estrecho entre el poder económico y religioso", afirmó a BBC Mundo la periodista Paola Ugaz, quien lleva años investigando las conexiones económicas de esta organización en Perú.
La Asociación Civil San Juan Bautista fue fundada por José Antonio Eguren, uno de los líderes históricos del Sodalicio en Perú y exarzobispo de Piura, quien fue expulsado de la organización por el Vaticano.
Aunque Eguren renunció al directorio de la empresa tras asumir sus funciones eclesiásticas, personas familiarizadas con la forma de operar de la compañía sostienen que el movimiento religioso siguió influyendo considerablemente en sus decisiones.
En 2024, Eguren negó ser "parte de una red de tráfico de tierras en Piura".
Después de la disculpa del Vaticano, la Asociación Civil San Juan Bautista (ACSJB) rechazó cualquier participación en transferencias ilegales de tierras.
"Las compras de terrenos en Catacaos ocurrieron en 2012 mediante procesos de compraventa a propietarios registrados como legítimos en Registros Públicos, conforme a las leyes vigentes en Perú".
"Estas transacciones se realizaron dentro del marco legal, con trazabilidad registral, representando etapas de transferencias previas entre particulares", declaró el portavoz y abogado Percy García Cavero.
"La ACSJB rechaza rotundamente las acusaciones de despojo. En torno a este caso se ha establecido una narrativa que intenta atribuir responsabilidades a la ACSJB sin base legal ni verificación de hechos".
"Esa narrativa ha sido promovida públicamente por Jordi Bertomeu, aun cuando la ACSJB ha respondido documentadamente a tales acusaciones desde 2024", añadió la entidad.
El momento clave
La transferencia de las tierras en 1998 no generó un efecto inmediato en las comunidades.
Sin embargo, la situación cambió en diciembre de 2011.
Ese mes, los comuneros relatan que se sorprendieron al observar a diversos grupos de desconocidos instalando cercos en parcelas que consideraban propias.
Carlos Rodríguez, asesor legal de Catacaos desde la Coordinadora de Derechos Humanos, indicó que ante esto "los comuneros se unieron y derribaron las cercas".
Los intrusos las volvieron a colocar. "Cuando los grupos los enfrentaron, la reacción fue dispararles", agregó Rodríguez.
En ese evento, se reportó la muerte del comunero Guadalupe Zapata Sosa.
Su esposa asistió a la misa del 23 de mayo en Catacaos, acompañada de sus dos hijos.
El Vaticano reconoció a Zapata como uno de los "líderes indígenas fallecidos tras oponerse activamente al tráfico de tierras vinculado a empresas del Sodalicio", según el comunicado oficial tras la homilía.
Hasta ahora no existen sentencias firmes que confirmen esta situación.
Fuente de la imagen, Cortesía de los comuneros de Catacaos.
"No permitieran que les arrebaten la tierra"
La reciente disculpa arrodillada continúa el mensaje que el papa Francisco dirigió a Catacaos en abril de 2024.
"Sé lo que les aconteció. Defiendan sus tierras, no permitan que se las roben", expresó el pontífice en esa oportunidad.
Un año antes, la comunidad había denunciado ante Bertomeu la persecución por parte de empresas relacionadas con el Sodalicio.
La decisión del Vaticano de disolver el Sodalicio de Vida Cristiana en 2025 se basó, entre otras causas, en presuntos abusos en la gestión de bienes eclesiásticos, abuso de autoridad y encubrimiento de delitos.
Bertomeu sostiene que, tras dos años de investigación, "en el Vaticano surgió la sospecha, a partir del análisis de documentos económicos proporcionados por el mismo Sodalicio, de que el grupo habría operado a través de una fachada jurídica, tomando decisiones financieras mediante intermediarios o testaferros".
La periodista Paula Ugaz describe que, según sus pesquisas, el Sodalicio utilizó un complejo sistema para lucrar en Perú.
"Funcionan como un gran holding que incluye empresas con fines de lucro como inmobiliarias, constructoras y agroexportadoras, junto con entidades sin fines de lucro como universidades, colegios y cementerios. Sin embargo, entre ellas realizan negocios internos", explicó.
Agregó que el movimiento religioso aprovechó el concordato que lo eximía del pago de impuestos para incrementar sus ganancias mediante operaciones de triangulación. Esta acusación ha sido negada por las empresas vinculadas al Sodalicio.
Fuente de la imagen, Cortesía comuneros de Catacaos
La faceta judicial
Según la Coordinadora de Derechos Humanos, en 2022 fueron archivadas todas las causas contra los comuneros de Catacaos relacionadas con la recuperación de las tierras.
Sin embargo, en mayo reciente las comunidades enfrentaron una derrota judicial.
El sistema de justicia peruano rechazó un recurso de amparo constitucional que pretendía, entre otras acciones, la devolución de las casi 10.000 hectáreas supuestamente despojadas.
En su fallo, el Quinto Juzgado Civil de Piura declaró improcedente la demanda, negándose a tramitarla. Esta resolución fue apelada, pero la Segunda Sala Civil de Piura ratificó la decisión.
La defensa de los comuneros sostiene que la Sala fundamentó su resolución en que el caso involucra un "presunto actuar ilícito de comuneros coludidos con una empresa privada", considerándolo un asunto de "relevancia legal y no constitucional".
Rodríguez afirma que la vía civil no es adecuada, pues los presuntos delitos en esa esfera podrían estar prescritos.
"El argumento del amparo es que esta es una comunidad indígena, por lo que cuenta con protección constitucional y del convenio 169 de la OIT, que obliga a consultar a los pueblos indígenas sobre la transferencia de sus territorios", añadió.
Recientemente, la Comunidad San Juan Bautista de Catacaos fue registrada en la Base de Datos de Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura de Perú.
Fuente de la imagen, Getty Images
Ahora, según los comuneros, la única opción pendiente es acudir al Tribunal Constitucional del país, aunque no albergan muchas esperanzas.
Para Ugaz —quien fue demandada por la cúpula del Sodalicio tras publicar junto a Pedro Salinas el libro que expone abusos de poder y sexuales cometidos por sus miembros, Mitad monjes, mitad soldados—, la justicia peruana ha fallado en contra de las víctimas en este caso.
"El poder comercial, económico y político del Sodalicio sigue intacto, a pesar de que la iglesia Católica lo haya suprimido", afirmó.
Bertomeu coincidió en que la justicia del país debe actuar con mayor firmeza.
"Se ha identificado una crisis institucional profunda que permite que las denuncias de los comuneros de Catacaos y otros pueblos originarios tengan fundamento. La vulnerabilidad de estas comunidades frente a la codicia de algunos empresarios debería ser atendida con mayor seriedad por las autoridades políticas y judiciales del Perú", expresó.
BBC Mundo intentó obtener una declaración tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial de Perú sobre las acusaciones de las comunidades, pero hasta el momento no han respondido.
Sin un fallo favorable en las instancias internas restantes, las familias evalúan acudir a organismos internacionales.
Por ahora, se conforman con la disculpa del Vaticano y aguardan una posible visita del papa León XIV a Perú a finales de este año.
Fuente de la imagen, EPA/Shutterstock
El Vaticano ha prometido un camino de reparación que no solo sea simbólico, sino también material.
Bertomeu explicó que aún está pendiente la liquidación de los activos que el Sodalicio poseía, con el objetivo de compensar a las víctimas que han presentado sus reclamos.
"Los bienes del Sodalicio deben usarse para reparar a sus víctimas, ya que ellos son los responsables del daño causado", concluyó.