Las claves
El Congreso ha aprobado iniciar la tramitación de una reforma destinada a facilitar la implementación efectiva de la eutanasia y disminuir las trabas judiciales.
La propuesta fue aceptada con 178 votos a favor frente a 169 en contra, principalmente respaldados por PP y Vox.
La reforma pretende que los recursos judiciales se resuelvan en menos de un mes para evitar que quienes la solicitan sufran prolongadamente.
Este debate se produce tan solo tres días tras el discurso del Papa en el Congreso, donde defendió la vida desde la concepción hasta su final natural.
En el Congreso aún resuenan las palabras de León XIV: «Toda vida humana debe ser reconocida y protegida desde su concepción hasta su final natural».
Tres días después de la intervención del Sumo Pontífice, que permanece en España, la Cámara Baja ha aprobado admitir a trámite una reforma que busca precisamente agilizar la aplicación efectiva de la eutanasia y reducir los impedimentos judiciales que, según sus promotores, prolongan innecesariamente el sufrimiento de quienes han solicitado morir dignamente. La propuesta fue aprobada con 178 votos a favor y 169 en contra, principalmente del PP y Vox.
El objetivo consiste en que entre la decisión de la comisión de garantías, un organismo independiente en cada comunidad autónoma que supervisa los expedientes, y la resolución definitiva no transcurran más de 25 días.
Con ello se busca frenar los recursos judiciales que pueden presentarse ante la comisión de garantías y que suelen retrasar la eutanasia durante meses.
El mensaje, pronunciado apenas 72 horas antes del debate, influyó en buena parte de la discusión parlamentaria. «Intentó cuestionar derechos que no están en discusión y cuya consecución costó mucho esfuerzo», señaló la diputada de Sumar, Julia Boada.
Desde el PP, Antonio Román recordó que «su Santidad nos llamó a reflexionar a todos» y afirmó que «una sociedad humana se mide por cómo cuida a los que más sufren, a los enfermos y a quienes protegen a los vulnerables».
La proposición de ley proviene del Parlamento catalán e implica modificar tanto la regulación de la eutanasia como la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa para acelerar la resolución de recursos judiciales contra las decisiones de las comisiones de garantías y evaluación.
Los impulsores denuncian que ciertos procedimientos se extienden durante meses e incluso años, como el caso de Noelia Castillo, mientras la persona solicitante espera una resolución definitiva. La reforma plantea que esos litigios se resuelvan en un plazo inferior a un mes.
Desde el PSC, Sara Jaurrieta reivindicó el sentido de la norma recordando que “eutanasia significa etimológicamente buena muerte”. Durante su intervención defendió también la autonomía personal como pilar de la legislación: “La última palabra corresponde a quien ha expresado su deseo”.
En términos similares se expresó el diputado de Junts, Juli Fernández, quien rechazó que la iniciativa contradiga las convicciones religiosas de parte de la sociedad. “Pocas cosas son más cristianas que respetar la libertad y dignidad personal en los momentos más difíciles. No obliga a nadie”, aseguró desde la tribuna.
El parlamentario independentista sintetizó uno de los argumentos más reiterados en la sesión: “Mientras la justicia demora, el sufrimiento se prolonga”.
La reforma se sustenta en casos concretos que han provocado gran controversia pública. El portavoz del PNV, Mikel Legarda, criticó que en algunos expedientes, como el de Noelia Castillo, se hayan presentado hasta quince recursos judiciales, y exigió que los procedimientos “no se extiendan más allá de lo imprescindible”.
Desde Vox, María Solís mencionó el mismo caso para señalizar que la joven «requiere cuidados y protección» y pidió mayor atención a la salud mental, argumentando que «nadie desea morir» y que la eutanasia representa «el peor de los fracasos».
Desde Podemos, Javier Sánchez Serna defendió la necesidad de modificar la legislación vigente al considerar que la propuesta “viene a poner orden en este desorden”.
Desde ERC, Pilar Valluguera recordó que el debate fundamental quedó cerrado políticamente en la pasada legislatura con la aprobación de la ley de eutanasia. Para ella, la discusión actual se centra en su aplicación efectiva. “La eutanasia ya se aprobó en la legislatura anterior. Ahora se trata de que su ejercicio sea real y viable”, afirmó.
Así, mientras las palabras del Papa siguen resonando en el Congreso, la mayoría que apoyó la ley de eutanasia vuelve a movilizarse para asegurar su implementación práctica. Ahora, comenzará su tramitación formal en el Congreso tras su admisión.