Las claves
A un día de vigencia, España no ha implementado 8 de las 9 disposiciones contempladas en el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA).
La única obligación cumplida por España es la petición de fondos europeos, mientras que la nueva Ley de Asilo aún no ha sido presentada al Congreso.
La insuficiencia tanto legislativa como infraestructural genera dudas legales y riesgo de sanciones por incumplimiento de los reglamentos comunitarios.
Antes de que el PEMA entrara en vigor, España regularizó a cientos de miles de inmigrantes, causando críticas y tensiones diplomáticas con otros países de la Unión Europea.
Este viernes 12 de junio se activa el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA). Sin embargo, a solo 24 horas del inicio, España incumple 8 de las 9 medidas que el propio Gobierno había prometido implementar antes de esta fecha.
El incumplimiento es incuestionable y está respaldado por el Plan Nacional de Implementación (PNI) enviado a Bruselas en diciembre de 2024. Este plan contemplaba una serie de metas a 6, 12 y 18 meses, pero 18 meses después, en junio de 2026, casi ninguna de ellas se ha alcanzado.
El PEMA representa el cambio más significativo en la política migratoria europea desde la crisis de 2015.
Regula el cribado biométrico en frontera, los procedimientos acelerados de asilo, el retorno de quienes no tienen derecho a permanecer y la distribución solidaria de responsabilidades entre los Veintisiete Estados miembros. Su aplicación es obligatoria para todos desde este mismo viernes, sin posibilidad de retrasos.
Durante un año y medio, el Gobierno de Pedro Sánchez ha sostenido que España fue el primer país de la UE en entregar a la Comisión Europea su Plan Nacional de Implementación, en diciembre de 2024.
«España está al frente en la elaboración del Plan de Implementación del Pacto», aseguró Moncloa en marzo de 2025. La ministra Elma Saiz ratificó esa idea afirmando: «La implementación del Pacto de Migración y Asilo debe ser una prioridad para España».
No obstante, ese liderazgo se restringía únicamente a haber presentado el documento el primero. El contenido del plan, que organizaba la implementación en nueve pilares, demuestra que casi ninguno de esos aspectos se ha llevado a cabo.
La contradicción es mayor si se tiene en cuenta que el propio Pacto europeo se negoció y cerró en la segunda mitad de 2023, bajo la Presidencia española del Consejo de la UE.
Sánchez lo vendió como un triunfo de su diplomacia europea: un acuerdo «humanista» que ponía fin a décadas de negociaciones frustradas. El Gobierno español fue corresponsable en la redacción de cada artículo del texto.
De coautor a disidente
Lo que sucedió después desmiente esa versión. El giro conservador del Parlamento Europeo tras las elecciones de junio de 2024 endureció la regulación del Pacto más allá de lo pactado por España. Así, el Gobierno de Sánchez pasó de coautor a disidente.
El episodio más claro tuvo lugar en el Consejo de Ministros de Interior de la UE del 8 de diciembre de 2025, cuando España fue el único país de los Veintisiete en votar en contra de la orientación general del nuevo Reglamento de Retornos.
Desde el Grupo Popular Europeo, la respuesta fue contundente.
«Es lamentable que los socialistas en el Parlamento Europeo no respalden un enfoque equilibrado y pragmático sobre los retornos, más aún cuando sus propios gobiernos ya habían dado su visto bueno a esas medidas», indican documentos internos del PPE consultados por este diario. «Europa demanda responsabilidad, no maniobras políticas.»
El eurodiputado Javier Zarzalejos, presidente de la comisión LIBE del Parlamento Europeo, formuló el diagnóstico más certero: «Cuando solo se ejecutan 20 de cada 100 órdenes de retorno o expulsión, algo falla. Y en España ese porcentaje es aún menor, no alcanza el 10%».
El dato exacto reportado por EL ESPAÑOL indica que en España se cumple el 9,7% de las órdenes de retorno, comparado con un promedio europeo del 20%.
La conclusión resulta desconcertante: el mismo Gobierno que negoció el Pacto, lo proclamó liderazgo y firmó como un logro, es hoy el único que votó en contra de uno de sus reglamentos y llega al día de su activación con ocho de sus nueve pilares sin ejecutar.
Los nueve pilares
- 1. Nueva Ley de Asilo: NO
La nueva Ley de Asilo no ha sido aprobada. El Plan Nacional de Implementación establecía que a los 12 meses estaría aprobada en Consejo de Ministros y presentada a las Cortes.
A los 18 meses debería haberlo hecho el Parlamento. Pero a 11 de junio de 2026, no está ni siquiera enviada al Congreso; el Gobierno continúa operando bajo la Ley 12/2009, un marco de hace 17 años que no incorpora reglamentos del PEMA.
- 2. Reforma Ley de Extranjería y Reglamento: PARCIAL
El nuevo Reglamento de Extranjería (Real Decreto 1155/2024) entró en vigor el 20 de mayo de 2025, siendo la única medida que puede considerarse ejecutada.
No obstante, este reglamento no adapta la Ley de Extranjería al PEMA en aspectos de asilo, cribado o retorno; esos cambios dependen de la inexistente nueva Ley de Asilo.
- 3. Coordinación Interior-Inclusión: NO
El PNI requería que a los 12 meses se redactaran protocolos operativos entre la Dirección General de Acogida y la Dirección General de Protección Internacional.
No se registra publicación oficial ni nota que confirme su aprobación.
- 4. Adaptación capacidades de acogida: NO
El sistema estatal de acogida recibió a más de 124.000 personas en 2025, pero no está ajustado a los nuevos procedimientos del Pacto.
No existe nueva infraestructura habilitada para la llamada «ficción de no entrada», que obliga a los Estados miembros a no considerar «llegada a territorio europeo» a los irregulares hasta superar siete días de cribado legal.
Tampoco hay instalaciones para el procedimiento fronterizo acelerado en las costas canarias, puertos andaluces ni aeropuertos.
- 5. Planificación de plazas de acogida: NO
El Gobierno aprobó una financiación mediante el Fondo de Contingencia —286,7 millones en marzo de 2026— y emitió una resolución para la planificación general.
Sin embargo, la orden se dio hace apenas dos meses, dejando escaso margen para su cumplimiento. Además, no existe un plan específico vinculado a las nuevas plazas necesarias según los procedimientos fronterizos del PEMA.
- 6. Plan de contingencia de acogida: NO
El PNI establecía su aprobación a los 12 meses. Transcurridos seis meses adicionales, el resumen ejecutivo reconoce que los planes de contingencia «se encuentran en elaboración». No hay una aprobación formal y gobiernos regionales, como el vasco, han expresado quejas por su ausencia esta misma semana.
- 7. Contratación de personal: NO
Interior ha lanzado en 2026 la mayor Oferta Pública de Empleo de su historia: 2.854 plazas para Policía Nacional y 3.240 para Guardia Civil. Pero ninguna está ligada explícitamente al PEMA o a las nuevas unidades de cribado fronterizo.
La Oficina de Asilo y Refugio no cuenta con convocatoria específica publicada para el 12 de junio.
- 8. Designación de representantes: NO CONSTA
El PNI estipulaba que hace un año se debió nombrar al personal representante en Foros de solidaridad de la UE. No se ha comunicado oficialmente esa designación ni a nivel español ni comunitario conforme al nuevo marco PEMA.
- 9. Solicitud de cofinanciación europea: SÍ
Es el único pilar cumplido sin reservas. España mantiene activo su programa nacional del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), con una asignación de 482,3 millones de euros para el ciclo 2021-2027.
Consecuencias políticas
La disparidad entre el discurso oficial y la realidad se manifiesta en tres ámbitos que se influyen mutuamente.
Primero, el ámbito legislativo. Sin una nueva Ley de Asilo, los operadores emplearán desde este viernes una norma de 2009 junto a reglamentos europeos de 2024, de aplicación obligatoria pues tienen rango de derecho nacional.
Las lagunas se deberán cubrir mediante interpretación directa del derecho europeo, lo que requiere formación urgente de funcionarios y jueces, formación que tampoco parece haber sido completada.
En segundo lugar, las infraestructuras. El PEMA introduce la «ficción de no entrada»: durante el cribado y procedimiento fronterizo, la persona no tiene derecho legal a entrar en territorio europeo.
Para esto, se necesitan instalaciones específicas que no existen en aeropuertos, CATE de Canarias ni puertos del sur peninsular.
Por último, la dimensión política, la más compleja de resolver.
El Gobierno llevó a cabo simultáneamente —y de forma deliberada— una regularización masiva de cientos de miles de personas en situación irregular justo antes de que entrara en vigor el Pacto que exige acelerar su retorno.
Esta acción provocó una respuesta diplomática sin precedentes: el grupo del ECR de Giorgia Meloni envió una carta directa a Ursula von der Leyen advirtiendo que la regularización «socava la credibilidad del control migratorio europeo» y se convertirá «en una desventaja permanente para todos los Estados miembros».
En febrero, el comisario de Migración, Magnus Brunner, emitió una advertencia pública insólita desde Bruselas hacia un Gobierno europeo: «Los inmigrantes irregulares deben salir de la Unión Europea; si no, las reglas no serán creíbles».
Doble agenda
La consecuencia es una doble agenda conflictiva. Mientras la Policía Nacional debe preparar protocolos de cribado y biometría que Bruselas exige desde este viernes, el Gobierno utiliza esos procedimientos para tramitar 1,2 millones de solicitudes de regularización que Bruselas califica como «masiva y prácticamente indiscriminada».
El Real Instituto Elcano identifica a España como «la excepción más evidente» en el giro restrictivo europeo.
Las consecuencias jurídicas del incumplimiento son tangibles y próximas: por un lado, posibles procedimientos ante el TJUE por aplicación defectuosa de reglamentos directamente aplicables; por otro, litigios internos de solicitantes atrapados entre la legislación española de 2009 y la europea de 2026.
Finalmente, existe una tensión constitucional entre las garantías procesales españolas y los plazos de 14 días impuestos por la Orden de Retorno Europea.
España negoció el Pacto, lo firmó, lo celebró como un logro y luego regularizó a cientos de miles justo antes de que el mismo Pacto exigiera su salida. Este viernes 12 de junio podría inaugurar una nueva crisis migratoria, esta vez de carácter político y administrativo, tras un año y medio con un Plan de Implementación que apenas ha dejado papel impreso.