La carrera fiscal vuelve a encontrarse en estado de ‘shock’ debido al escándalo relacionado con las reuniones mantenidas con la ‘fontanera’ del PSOE.
Aún cuando la carrera fiscal no se ha recuperado del impacto de ver a su máximo representante sentado como fiscal general del Estado en el banquillo del Tribunal Supremo hasta ser condenado, el sumario de las cloacas de Ferraz vuelve a sacudir a la institución. Nuevamente, Álvaro García Ortiz se encuentra bajo el foco, tras las conversaciones privadas de la reconocida fontanera del PSOE, Leire Díez, interceptadas por la Guardia Civil, en las que presumía de acudir a Fortuny y organizar encuentros con el entonces fiscal general.
Estos acontecimientos han generado conmoción en la mayor parte de la carrera fiscal ante la sospecha de que la cúpula de Fortuny podría estar coludida con una organización criminal cuyo propósito era encubrir la corrupción vinculada al PSOE, al Gobierno y a la familia del presidente del Ejecutivo.
Como informó EL MUNDO el pasado viernes, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que requiera a la Fiscalía General, actualmente dirigida por Teresa Peramato, datos sobre las reuniones ocurridas entre abril de 2024 y junio de 2025 en la sede de Fortuny con Díez, el abogado del comisario José Manuel Villarejo, Antonio Cabrera, el empresario imputado Javier Pérez Dolset y los abogados investigados por corrupción en esta causa, Jacobo Teijelo e Ismael Oliver.
Las fiscales encargadas del caso desean confirmar, en primer lugar, si dichas reuniones tuvieron lugar y, en segundo término, si figuran registradas en las visitas a Fortuny, junto con la fecha, hora y los participantes de las mismas. Esta investigación es completamente excepcional, ya que no es habitual que la Fiscalía que investiga el crimen organizado y la corrupción a gran escala solicite indagar en actuaciones de la Fiscalía General.
En este marco, fuentes consultadas señalan que el asunto ha generado inquietud en Peramato por el daño reputacional que supone para la institución. Voces cercanas a la fiscal general apuntan que la preocupación se centra más en las reuniones demandadas por Anticorrupción que en la actuación de las distintas Fiscalías frente a las intenciones de las cloacas del PSOE. Según los mensajes incautados por la Unidad Central Operativa (UCO) en posesión de Díez, en febrero de 2025, la fontanera le decía al abogado del comisario jubilado José Manuel Villarejo, Antonio Cabrera: «Te cuento. Te va a recibir el FGE. Ahora te digo lo que me ha dicho».
Asimismo, el sumario indica que días después Díez comunicaba al abogado Jacobo Teijelo que recibiría una llamada de la Fiscalía General, aparentemente para una reunión, y que ambos asistirían: «Te llamarán de la FGE. Iré yo contigo». La fontanera reportó esa reunión a su amigo cercano, el ex presidente de la Sepi Vicente Fernández, también imputado en la Audiencia Nacional. «Jacobo [refiriéndose a Jacobo Teijelo] comenta que debería acudir a todas las reuniones de Fiscalía porque complementa bien la parte jurídica. Si ahora actúan rápido como han anunciado, las cosas se acelerarán». Ante esto, Fernández preguntó si «te ves con el presidente?» y Leire respondió que «no, pero la reunión con Fiscalía General puede hacer que el presidente directamente me adore».
Boicot a causas judiciales
Por otra parte, la red encabezada por el ex número 2 del PSOE Santos Cerdán y Leire Díez intentó obstaculizar investigaciones judiciales como la que afecta al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos —actualmente en prisión y pendiente de sentencia— y la del hermano del presidente, David Sánchez Pérez-Castejón.
En efecto, entre la información requerida por la Fiscalía dirigida por el fiscal de Sala Alejandro Luzón está también solicitar a la Fiscalía General datos sobre «el total de las denuncias presentadas por el ex asesor de José Luis Ábalos, Koldo García, entre enero y junio de 2025″. En aquel periodo, la supuesta organización criminal decidió iniciar denuncias en la Fiscalía General de García Ortiz para intentar anular el caso Koldo. Sin embargo, fuentes fiscales consultadas aclaran que desde Fortuny esas denuncias fueron remitidas a Luzón, quien finalmente las archivó.
Por otra parte, en el intento por parte de las cloacas del PSOE de desacreditar a la magistrada que investigó al hermano de Pedro Sánchez, Beatriz Biedma, «se acordó con Luis Sáenz de Tejada [ex juez expulsado] que presentaría una denuncia en la Fiscalía General para denunciar casos de corrupción judicial en Badajoz que implican, entre otros, a la jueza responsable del caso de David Sánchez. Tras indicarle cómo debía hacerlo y presentar la denuncia, esta fue archivada a los dos días. Posteriormente, se volvió a presentar la misma denuncia con las modificaciones solicitadas, el 21-11-2024 al CGPJ». Así se refleja en una de las agendas incautadas a Leire Díez.
Por estas razones, Anticorrupción ha pedido a Pedraz que solicite a la Fiscalía Superior de Extremadura «información sobre el destino de la denuncia y, en su caso, copia íntegra de las diligencias iniciadas tras la denuncia presentada el 27.11.2024 por Luis José Sáenz de Tejada contra la magistrada Biedma, recibida en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado el 29.11.2024 y remitida a esa Fiscalía Superior de Extremadura».
En cuanto a la instrucción, el magistrado planea responder próximamente a la solicitud de diligencias formulada por Anticorrupción, según indican fuentes jurídicas.