La Guardia Civil sostiene que la sociedad Transforma TSC cesó su actividad tras iniciarse la investigación penal.
La Unidad Central Operativa (UCO) ha entregado al juez que lleva la causa contra Begoña Gómez un informe nuevo que desmonta ciertos argumentos de defensa de la esposa del ex presidente del Gobierno. Este documento se suma a las evidencias existentes que ya motivaron al juez Juan Carlos Peinado a plantear la celebración de un juicio con jurado.
PAGOS A SU EMPRESA
Begoña Gómez empezó a facturar a través de la empresa de la cual era única administradora y que compartía el nombre con la cátedra de la Complutense que ella dirigía. Uno de los argumentos de defensa era que la sociedad unipersonal Transforma TSC SL, registrada a su nombre en 2023, «no desarrolló ninguna actividad». Así, se sostenía que nunca actuó con intención de obtener beneficios económicos como responsable de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva (TSC), evitando así el cargo de apropiación indebida.
«Aunque la mercantil tuvo una vida breve, más allá de las intenciones o los propósitos comerciales que motivaron su creación y que aparentemente se frustraron pronto, se confirma que efectivamente alcanzó a sostener una actividad comercial». Acompaña esta conclusión con dos facturas que suman 6.687,85 euros emitidas a una pyme.
No se identificaron otros ingresos, aunque la UCO señala que la sociedad dejó de operar en el momento en que se abrió la investigación penal en la Plaza 41 de Madrid, en abril de 2024.
UN ‘SOFTWARE’ TERMINADO
En este procedimiento, el juez Peinado ha examinado la actuación de Gómez en la cátedra, prestando especial atención a la plataforma digital creada en dicho ámbito, diseñada para evaluar el impacto social de las pymes. A través de esa web, las empresas podían registrarse y, según las facturas presentadas por la UCO, abonar los servicios. El propietario de la sociedad que efectuó los dos pagos se había registrado recientemente en el portal.
La unidad especializada de la Guardia Civil rechaza el argumento de Begoña Gómez de que el software nunca llegó a funcionar. Esta afirmación se refuta en el apartado titulado «acciones que contravienen las pautas marcadas por la UCM sobre propiedad intelectual».
Según la UCO, «el desarrollo de la Plataforma fue concluido». «Finalmente, la herramienta se puso a disposición de grupos de pymes mediante talleres promocionales y del público general a través del sitio web transformatsc.org, tal como se había planeado desde el inicio», se detalla.
SIN PROTECCIÓN
Los investigadores indican que la Complutense «no habría podido administrar adecuadamente» los derechos de propiedad sobre la plataforma «debido a la falta de comunicación previa por parte de la unidad responsable del proyecto, en este caso la Cátedra». En lugar de proteger esta propiedad, se registraron acciones contrarias: «Por el contrario, desde la Cátedra, como responsables del proyecto, no solo no se siguió el procedimiento establecido por la titular de los derechos, la UCM, sino que además se llevaron a cabo acciones de divulgación que afectaron la propiedad intelectual de la Plataforma», refiriéndose al tour promocional que Begoña Gómez realizó para dar a conocer la plataforma.
Otra sección del informe analiza las «vinculaciones y similitudes de la plataforma con el ámbito privado-empresarial de Begoña Gómez». Un aspecto del caso intenta esclarecer si tras su trabajo en la UCM existía la intención de obtener ganancias personales, aprovechando elementos que, como la plataforma digital, deberían pertenecer al centro universitario.
La UCO concluye que «debido a las analogías en denominación, finalidad y presencia visible de [Begoña Gómez] en ambas entidades, sumado a la ausencia de un aviso legal en la página web que identifique claramente a los responsables detrás de la Plataforma, existen dudas razonables sobre si Transforma TSC SL forma parte de ellas».
A esa confusión entre lo privado y lo público se añade otro dato en el informe. Gómez alegó haber pagado el registro de la marca y el dominio de internet pertenecientes a la cátedra para evitar que terceros los usaran. No obstante, afrontó ambos pagos con recursos privados propios, no con fondos de la cátedra, a diferencia de otros gastos vinculados a su labor en la UCM.
Por ejemplo, la inscripción de la marca le costó 206,57 euros, abonados desde una cuenta «de titularidad conjunta de Begoña Gómez y su esposo». También cubrió 118,58 euros por el dominio www.transformatsc.org.
«Estos pagos difieren de lo observado en otros gastos de importe similar o superior vinculados a asuntos diversos de la Cátedra o la Plataforma que, en cambio, fueron cubiertos con fondos de la UCM».
CONTRATOS AMAÑADOS
En relación al desarrollo tecnológico del software, el informe resalta irregularidades en las adjudicaciones financiadas con fondos de la Complutense. Las concesiones a Deloitte «fueron planeadas con anterioridad». De hecho, la consultora inició sus servicios «antes de la adjudicación formal del primer contrato». Se sospecha la existencia de «ofertas simuladas o presentadas en condiciones que limitaron la competencia para favorecer a Deloitte». La propia UCM había detectado irregularidades previas en un contrato con otra empresa.
LA ASESORA, «INTEGRADA»
El juez Peinado imputa a Begoña Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación. Esta última acusación está relacionada con la dedicación de su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, en tareas privadas vinculadas al trabajo profesional de la esposa del presidente, especialmente en la gestión de la cátedra y su máster. Gómez declaró que estas asistencias fueron esporádicas, pero la UCO señala que su labor «corresponde enteramente a funciones de gestión y apoyo a la Dirección de la Cátedra de la UCM». «A pesar de no existir un vínculo formal con la Universidad, a efectos prácticos se considera a Cristina Álvarez parte del equipo de la Cátedra».
APELACIONES
El juez Peinado estima que existen indicios suficientes para llevar a juicio a la esposa del presidente, proponiendo que la vista oral se realice ante un jurado. La celebración del juicio depende ahora de la resolución de la Audiencia de Madrid sobre los recursos de apelación. Tanto las defensas como la Fiscalía solicitan el archivo de la causa. En cambio, las acusaciones populares, coordinadas por Hazte Oír, piden para la esposa del presidente una pena de 24 años de prisión.