El Tribunal Supremo ha desestimado los argumentos expuestos este viernes por la Comunidad de Madrid y Vox, y ha rechazado que Hazte Oír y otras dos asociaciones puedan impugnar el real decreto.
La regularización masiva de inmigrantes continuará sin interrupciones. Así lo decidió este viernes el Tribunal Supremo, apenas horas después de escuchar las razones para solicitar la suspensión cautelar del real decreto vigente desde el 14 de abril.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha rechazado la petición formulada por la Comunidad de Madrid y Vox. Por ahora, solo se ha hecho pública la decisión, mientras que las resoluciones con los fundamentos serán notificadas en los próximos días.
En cuanto a las alegaciones de otros tres recurrentes, la Sala no las ha valorado, considerando que carecían de legitimación para impugnar la resolución del Gobierno. «Por tanto, no procede resolver sobre su solicitud de suspensión cautelar del Real Decreto cuestionado», concluyó el tribunal con respecto a Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y la Asociación Libertad y Justicia.
Durante la vista de esta mañana, la Abogacía del Estado, representando al Gobierno, defendió que “no se cumplen los requisitos” para conceder la suspensión, señalando además que esta medida afectaría directamente a los derechos de las personas extranjeras implicadas y, en consecuencia, al interés general. Según Europa Press, también afirmó que “en ningún caso” los beneficiarios del proceso podrán participar en las próximas elecciones.
Por su parte, el abogado de Vox apoyó ante el Tribunal Supremo la suspensión cautelar del decreto de regularización, alegando que la medida podría modificar el equilibrio político, electoral y administrativo del país a causa del volumen de inmigrantes que podrían obtener residencia legal.
Además, el representante legal de Hazte Oír insistió en la suspensión del real decreto de regularización, que, según su opinión, carece de cualquier garantía jurídica. También afirmó que el real decreto no puede contradecir la Ley de Extranjería, ya que, explicó, no asegura el control de los antecedentes penales.
En la audiencia, el abogado del Estado informó que un total de 549.596 migrantes ya han presentado su solicitud al proceso extraordinario de regularización, el cual comenzó el 16 de abril y finalizará el próximo 30 de junio.
Este procedimiento surge tras años de debate político y social, y se basa en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por entidades sociales, organizaciones de derechos humanos y colectivos ciudadanos que pedían una regularización extraordinaria para personas extranjeras que ya residían en el país. Dicha propuesta obtuvo un amplio apoyo inicial en el Congreso, aunque su tramitación se prolongó hasta desembocar en el actual proceso aprobado por el Ejecutivo.