El Ejecutivo proyecta financiar promociones sociales, obras en barrios vulnerables, abonos reducidos y ayudas para renovar flotas entre 2026 y 2032
El Gobierno ha puesto a consulta pública el Plan Social para el Clima, un proyecto con un presupuesto de 9.099 millones de euros hasta 2032 destinado a proteger a hogares y microempresas en situación vulnerable frente al aumento y la inestabilidad de los precios de los combustibles fósiles. Este plan, cofinanciado por el Fondo Social para el Clima de la Unión Europea, focalizará sus acciones en los sectores de vivienda y transporte, prestando especial atención a familias de bajos ingresos, áreas vulnerables y colectivos con movilidad limitada.
La mayor inversión se destinará al sector de la edificación. En total, el Ejecutivo planea movilizar 4.723 millones de euros para fomentar la rehabilitación energética, mejorar el confort térmico de los hogares y promover el acceso a vivienda asequible. Otros 4.376 millones se asignarán al transporte, con programas destinados a abaratar el acceso a la movilidad sostenible, renovar flotas, fortalecer el transporte público y favorecer alternativas al vehículo privado, con especial énfasis en las zonas rurales.
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Incremento de vivienda asequible y rehabilitación energética
La rehabilitación de edificios constituirá el eje central del plan. La iniciativa con mayor asignación será la promoción de vivienda asequible, dotada con 1.813 millones de euros. Este programa financiará la construcción de nueva vivienda social y la rehabilitación de edificios actualmente no residenciales, manteniendo altos niveles de eficiencia energética.
Además, el Gobierno tiene previsto invertir 1.220 millones en la renovación de barrios y entornos urbanos con alta vulnerabilidad. Estas intervenciones se enfocarán en áreas con índices elevados de precariedad e incluirán trabajos de aislamiento, climatización renovable y redes de calor y frío. Asimismo, se destinarán 923 millones a la rehabilitación de edificios residenciales habitados por hogares vulnerables y 278 millones para mejoras en viviendas individuales.
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El propósito es disminuir el consumo energético en los hogares, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y mejorar la habitabilidad ante situaciones de calor, frío intenso o incrementos en el coste de la energía. El plan también contempla 300 millones para el desarrollo de comunidades energéticas y autoconsumo colectivo, que deberán destinar gratuitamente al menos el 10% de la energía generada o ahorrada a consumidores vulnerables en su entorno.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, presenta el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 como una herramienta clave para formar un parque público de viviendas y afrontar la crisis vigente.
Abono social, transporte rural y ayudas para vehículos eléctricos
En cuanto al transporte, el Ejecutivo proyecta destinar 4.376 millones a iniciativas de movilidad sostenible. La partida principal, de 2.269,6 millones, estará destinada a la descarbonización del transporte por carretera, incluyendo fondos para renovar flotas de microempresas vulnerables, sustituir vehículos pesados por eléctricos, respaldar la adquisición de vehículos eléctricos ligeros para autónomos y desplegar puntos de recarga.
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El plan contempla también 964,8 millones para un transporte público accesible y asequible. De esta cifra, 740,5 millones se asignarán al denominado Abono Único Social, exclusivo para colectivos vulnerables como perceptores del Ingreso Mínimo Vital, ofreciendo viajes ilimitados y tarifas reducidas.
Otra línea destacada es la movilidad rural bajo demanda y compartida, con una inversión de 702 millones. El objetivo es reducir la dependencia del coche privado en municipios con escasas alternativas de transporte, mediante plataformas digitales, flotas de cero emisiones y servicios compartidos.
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Consulta pública hasta el 29 de junio
El Plan Social para el Clima permanecerá en consulta pública hasta el 29 de junio. Posteriormente, el Gobierno prevé remitirlo a la Comisión Europea antes de finalizar 2026 para su aprobación definitiva. El Ejecutivo sostiene que este programa debe permitir la transición desde medidas temporales como los escudos sociales hacia inversiones estructurales que disminuyan de manera permanente la factura energética y la dependencia de combustibles fósiles.
El diseño del plan considerará criterios de vulnerabilidad socioeconómica, como ingresos, composición familiar, presencia de personas dependientes o situación de víctimas de violencia de género. Según el Gobierno, las mujeres, especialmente aquellas que lideran familias monoparentales o asumen el cuidado no compartido, resultan más afectadas por la pobreza energética y la movilidad.
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