Las claves
El juez José Luis Calama ha citado a declarar como investigado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por sospechas relacionadas con tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
Reconocido como un juez ‘antiestrella’, Calama destaca en la Audiencia Nacional por su naturaleza discreta, meticulosa, trabajadora y alejada del protagonismo mediático.
En 2011, el Gobierno de Zapatero concedió el indulto al hermano del juez, Miguel Ángel Calama, condenado por una demanda falsa mientras ocupaba un cargo directivo en Banesto.
El magistrado también envió a juicio a la hermana de Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero, aunque fue absuelta; además, ha gestionado casos como el espionaje con Pegasus.
La imagen tomada por el fotógrafo —algo inédito, dado que no existían fotos de José Luis Calama Teixeira— refleja con precisión su perfil. Gafas oscuras para preservar su anonimato, atuendo humilde, la carpeta con el trabajo que trae a casa, la mano en el bolsillo, demostrando tranquilidad.
Resulta difícil imaginar que solo unas horas antes, este veterano juez instructor había señalado como investigado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el primer jefe de Gobierno en la democracia llamado a declarar por presuntos delitos de corrupción.
En una resolución contundente de 85 páginas adelantada por EL ESPAÑOL el pasado martes, Calama acusa a Rodríguez Zapatero de liderar presuntamente una red de tráfico de influencias y de haber recibido fondos millonarios ilícitos que se habrían ‘lavado’ mediante una estructura societaria internacional. Esta noticia causó un gran impacto en el PSOE y en el Gobierno, quienes no esperaban un lenguaje judicial tan contundente.
«¡Hombre, el juez de moda!», le saludó una magistrada ese mismo martes en la Audiencia Nacional. Calama esbozó una sonrisa y respondió: «Bueno…». En un tribunal plagado de egos, el juez central de instrucción número 4 es conocido por ser «reservado, serio y riguroso», «alejado de ‘eventos’ y cónclaves», «muy dedicado al trabajo», según sus colegas.
Además, evita el contacto con los medios, convirtiéndose en un juez opuesto a la fama.
Su manera de ser puede explicarse por su trayectoria. Calama, quien cumplió 67 años el pasado miércoles, tenía 31 cuando asumió su segundo destino en la carrera judicial, en el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona.
Había ingresado en la Judicatura en 1988 tras superar la oposición en segunda convocatoria. El año anterior había fracasado, pero en la siguiente no solo aprobó, sino que logró una posición destacada: ganó el número 14 de una promoción de 208 jueces.
Entre sus compañeros estaban Fernando Grande-Marlaska, actual ministro de Interior; la jueza del caso ERE, Mercedes Alaya, y Eloy Velasco, magistrado de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional.
Calama inició su carrera en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Sigüenza (Guadalajara) y después se trasladó a Barcelona.
A comienzos de los años 90, el juez Luis Pascual Estevill acaparaba titulares con sus diligencias. De alguna forma, lograba que en su juzgado recayeran los casos económicos más importantes, convirtiéndose en un juez temido.
Calama y otro joven magistrado, Juan Pablo González, titular del Juzgado de Instrucción número 8, detectaron que algunos fiscales y abogados manipulaban la competencia de Estevill presentando denuncias o solicitando medidas cautelares mientras estaba de guardia.
Ambos promovieron una reforma en las normas de reparto para que la competencia por las actuaciones del juzgado de guardia no se extendiera automáticamente, estableciendo que los asuntos se turnaran equitativamente entre los Juzgados de Instrucción.
Con el tiempo, Estevill, quien llegó a ser vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propuesto por CiU, terminó en prisión tras ser condenado por cohecho, prevaricación y detención ilegal. Se probó que extorsionaba a empresarios investigados para obtener sobornos que evitaban su encarcelamiento o acortaban su estancia en prisión.
José Luis Calama ya no estaba en Barcelona, sino en el Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid cuando su hermano Miguel Ángel protagonizó el caso que derivó en su condena, relacionado con hechos en los que Estevill tuvo participación.
Miguel Ángel Calama fue director regional de Banesto para Cataluña desde 1992. Con la aprobación del entonces presidente del banco, Alfredo Sáenz, ordenó presentar una querella contra accionistas minoritarios del grupo Harry Walker, que en ese momento debía 639,6 millones de pesetas a Banesto.
La querella, presentada en julio de 1994, era una maniobra de presión para recuperar esos créditos a toda costa. En ella se imputaban falsamente a los querellados delitos de estafa y alzamiento de bienes, sabiendo que no eran responsables de las deudas del grupo.
Fue Estevill quien admitió la querella y ordenó la detención y prisión de tres querellados, además de embargarles bienes valorados en 750.000 millones de pesetas. Se archivó el caso con sobreseimiento libre seis meses después.
Alfredo Sáenz y Miguel Ángel Calama fueron condenados a tres meses de arresto y multa, y fueron indultados por el Gobierno presidido por Rodríguez Zapatero en noviembre de 2011.
La hermana de Gertrudis
Doce años más tarde, José Luis Calama está a punto de interrogar como investigado a quien indultó a su hermano. Zapatero está citado para el 2 de junio.
No es la única coincidencia llamativa. En marzo de 2022, Calama imputó por prevaricación administrativa a Antonia Alcázar Jiménez, hermana de Gertrudis, secretaria de Rodríguez Zapatero, también investigada en la supuesta red de tráfico de influencias y blanqueo del expresidente socialista.
Antonia fue alcaldesa de Velilla de San Antonio, municipio madrileño. Calama abrió juicio oral contra ella por el presunto pago irregular de facturas a una empresa encargada de recaudar tributos locales.
La hermana de Gertrudis se sentó en el banquillo junto a otras 14 personas. Las acusaciones de Calama fueron rechazadas: la Sección Penal Cuarta de la Audiencia Nacional absolvió a los 15 acusados en una sentencia emitida en diciembre de 2024.
Sin embargo, no parece que Calama se deje impresionar por la importancia, la influencia o el riesgo que implican las figuras que debe investigar.
Ha procesado a banqueros como Ángel Ron en el caso sobre la gestión del Banco Popular, en el que llamó a declarar como testigos a Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, y a Ana Patricia Botín, presidenta del Santander.
Incluso atribuyó la condición de investigada a esta última entidad, decisión que fue revocada por la Sala Penal de la Audiencia Nacional, que confirmó la participación del Santander en el proceso solo como posible responsable civil.
También sentó en el banquillo al consejo de administración del grupo cotizado Urbas. Los 14 acusados fueron absueltos en una sentencia dictada por la Sala Penal el 20 de abril pasado.
En octubre de 2019 inició una investigación contra el empresario ruso Mijail Fridman y el grupo Letterone, propietario de Dia, por supuestas maniobras para derribar el valor en bolsa de la cadena y poder adquirirla en términos más favorables. Calama archivó el caso en enero de 2021, desestimando los informes de la UDEF.
Ha abordado investigaciones sobre el apagón de abril de 2025, el espionaje a miembros del Gobierno mediante Pegasus, fraudes con criptomonedas y ciberataques. Rechazó la querella presentada por el Real Madrid contra la Liga Nacional de Fútbol y su presidente, Javier Tebas, por delitos societarios vinculados al reglamento audiovisual en agosto de 2023.
Ha investigado redes de narcotráfico y complejos entramados empresariales dedicados a la explotación de mujeres en clubes nocturnos, con defraudaciones fiscales millonarias.
Procesó a los miembros de la célula yihadista responsable de los atentados terroristas de 2017 en Barcelona y Cambrils, así como a etarras, miembros de Resistencia Galega y a quien envió cartas con explosivos al presidente Pedro Sánchez y a la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Un magistrado que conoce a Calama desde hace más de tres décadas sostiene que es «un instructor por naturaleza, nunca ha buscado un cargo colegiado, se implica a fondo en las investigaciones».
Compañeros de la Audiencia Nacional coinciden. «Es muy aplicado. Le interesan los delitos económicos, el blanqueo… Los casos de fraude fiscal en hidrocarburos, que para otros son muy complejos, él los domina con rapidez. Apasiona su trabajo», coinciden dos de ellos.
«Técnicamente es competente y, además, uno de los instructores más ágiles», señala un magistrado de la Sala.
Entre abogados hay críticas. Algunos opinan que «si está convencido de una teoría, aunque se le demuestre que es errónea y que complicará el proceso, la mantiene hasta el final. Entonces, o es revocada en apelación o, si sigue, las deficiencias se hacen evidentes en el juicio».
No obstante, la mayoría de los abogados consultados consideran que es uno de los mejores instructores de la Audiencia Nacional. «Aunque me ha ocasionado muchos problemas, tengo una buena opinión de Calama», declara un abogado reconocido que ha gestionado varios casos bajo su juzgado.
«Es un juez profesional, técnico e íntegro. Investiga hasta la extenuación, pero lo hace él mismo. Él es quien dirige la instrucción, no el fiscal, la UDEF o la UCO. Se lo trabaja de forma extraordinaria», añade.
‘Lawfare’
El juez Calama lleva casi 30 años investigando delitos, salvo los 10 años que pasó en el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial entre 2004 y 2014.
Este es un cargo discrecional. Para acceder a él, suele ser necesario contar con algún respaldo dentro del órgano de gobierno de los jueces, donde suele existir reparto de puestos entre los vocales ‘progresistas’ y ‘conservadores’.
Varios miembros del CGPJ de aquella época coinciden en que Calama contó no con uno, sino con dos apoyos. Ambas figuras, propuestas por el PP, fueron Enrique Míguez, destacado miembro de la conservadora Asociación Profesional, a quien conoció durante su etapa como juez en Valladolid (1993-1996), y Juan Pablo González, su compañero en Barcelona.
El CGPJ también confió a Calama actividades de cooperación internacional en Mozambique, aprovechando que habla portugués. Su madre tenía nacionalidad portuguesa, y su padre trabajó en banca. Educado en el colegio Calasanz de Salamanca, es un hombre muy familiar (casado y con hijos), aficionado a los toros y a la buena comida, sin ninguna afiliación política visible.
Aunque mantiene buenas relaciones con miembros de la APM, no forma parte de esta asociación. Es miembro de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, pero nunca ha participado activamente en la vida asociativa. La AJMFV es la segunda asociación más representativa de la carrera judicial y se le atribuye una posición ideológica centrista.
«Es la persona más neutral que he conocido en mi vida«, comenta una jueza de esta asociación que lo conoce bien, para quien las críticas iniciales a Calama por realizar ‘lawfare’ (persecución judicial con fines políticos) en el proceso contra Rodríguez Zapatero resultan «no solo infundadas, sino ridículas».
La trayectoria de Calama respalda la ausencia de sesgo político. Exoneró al esposo de Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid por Más Madrid, en un delito contra los derechos laborales. En ese período, como titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, archivó el ‘caso Mercamadrid’, en el que era investigada la ex delegada del Gobierno del PP, Concepción Dancausa.
En diciembre de 2024, remitió al Tribunal Supremo una exposición razonada al encontrar indicios suficientes para iniciar una investigación contra el eurodiputado de Se Acabó la Fiesta Luis Pérez, conocido como Alvise, por delitos electorales y financiación ilegal de partidos.
En la Audiencia Nacional ha rechazado varias solicitudes para prohibir manifestaciones convocadas en apoyo a presos de ETA, como Henry Parot, basado en la prevalencia de los derechos constitucionales de reunión y expresión, aunque ordenó que las fuerzas policiales vigilasen estos actos para detectar posible enaltecimiento del terrorismo.
En mayo de 2023, contraviniendo el criterio de la Fiscalía, concedió libertad provisional al general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa, implicado en el ‘caso Mediador’, la presunta trama corrupta dirigida por el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, ‘tito Berni’.
Tras conocer la resolución de Calama sobre Rodríguez Zapatero, el Gobierno y el PSOE abandonaron el discurso inicial del portavoz en el Congreso, Patxi López, quien sin conocer el contenido del auto judicial afirmó que «desde que se dijo eso de ‘quien pueda hacer, que haga’ se han hecho muchas cosas para atacar a los socialistas, y no nos van a dejar avasallar permanentemente“.
Una resolución sin «presunto»
La cantidad de indicios mencionados por el juez (conversaciones, mensajes, correos, documentos y, en especial, empresas y pagos) ha aconsejado prudencia en Moncloa y Ferraz.
Las críticas se centran ahora en el contraste entre la firmeza de los términos usados por Calama y su falta de especificidad respecto a los datos que demostrarían la posición de Zapatero como líder presunto de la trama, quiénes fueron los funcionarios afectados o cómo se estructuró la red societaria en el extranjero.
Magistrados de la Audiencia Nacional que revisan las decisiones de Calama coinciden en que «es cierto que faltan las fórmulas de cautela (términos como ‘presunto’ o ‘supuesto’, y los verbos condicionales) típicas de esta fase inicial de la investigación». En las 85 páginas de la resolución no aparece ni una sola vez la palabra «presunto».
Sin embargo, esto no es inusual en Calama, quien emplea este mismo estilo en otros procesos (como en el procesamiento de Pompeyo González, responsable de las cartas con explosivos a Sánchez y Robles).
En el auto sobre Zapatero, Calama refleja la provisionalidad de la investigación mediante expresiones como «las diligencias practicadas hasta la fecha…», «estos hechos pueden calificarse de forma inicial…» o «consta indiciariamente acreditado en esta fase embrionaria y conforme a los parámetros propios de este estadio procesal…».
De cualquier modo, jueces de instrucción y magistrados de la Audiencia Nacional confían en la capacidad de su compañero y advierten: «Antes de emitir juicio, es necesario conocer lo que ha investigado hasta ahora».