El Departamento de Elma Saiz rechaza cualquier irregularidad en este aspecto del rescate, a pesar de las dudas expresadas por el juez.
El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social niega la existencia de irregularidades y respalda el certificado que autorizó a Plus Ultra a optar por el rescate, pese a las reservas del juez instructor, José Luis Calama. La aerolínea obtuvo de la Tesorería General de la Seguridad Social un certificado que acreditaba estar al día con el pago, aunque en realidad mantenía una deuda a la que se le había concedido un aplazamiento, lo que ha generado sospechas en el juez de la Audiencia Nacional. Según el auto, «Plus Ultra obtiene el 20 de agosto de 2020 un certificado de estar al corriente de deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social, a pesar de que, en la información obtenida a tenor de requerimiento judicial dirigido a la TGSS, esta informa de la existencia de una deuda«.
No obstante, el Ministerio niega contradicción alguna: «Es posible estar al corriente de pago y a la vez contar con un aplazamiento reconocido de deuda», aseguran fuentes del Ministerio de Inclusión, liderado por Elma Saiz.
«Plus Ultra presentó la solicitud para acceder a la ayuda pública el 1 de septiembre de 2020, acompañando dos certificados que acreditaban estar al día en sus obligaciones con la Seguridad Social», detalla el juez en su auto sobre el escándalo que involucra al ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a quien señala como cabeza de una red que recibió comisiones de, entre otros, Plus Ultra.
El magistrado enfatiza que la aerolínea poseía deudas pendientes con la Tesorería de la Seguridad Social cercanas a los 452.000 euros: «Esta deuda, con un importe de 451.954,79 euros, abarcaba desde julio de 2017 hasta mayo de 2020». Además, subraya que en octubre de ese mismo año consiguió un nuevo aplazamiento mientras formalizaba la solicitud de rescate, amparándose en el certificado obtenido un mes antes.
Según las fuentes consultadas del Ministerio, esta situación está dentro de lo esperado y resaltan que 2020 fue un año excepcional debido a la pandemia. «La Tesorería General de la Seguridad Social es responsable de tramitar los aplazamientos, que se realizan con estricto cumplimiento legal y sin favorecer ni perjudicar a ninguna empresa en particular. La TGSS opera bajo criterios exclusivamente técnicos».
Añaden que «el aplazamiento de cuotas a la Seguridad Social es una práctica común solicitada por muchas empresas en momentos puntuales, y durante la pandemia de COVID su uso fue mucho más frecuente, gracias a que el Gobierno ofreció diversos mecanismos para mejorar la liquidez del tejido empresarial en un periodo tan complejo. Por ejemplo, en 2020 se concedieron más de 137.000 aplazamientos (el doble que en 2019)».
Por último, insisten en que para aprobar un aplazamiento de deuda «se considera si se han cumplido aplazamientos anteriores, que se hayan abonado dentro del plazo establecido y que la documentación presentada acredite la viabilidad«. Por lo tanto, antes de que Plus Ultra recibiera el rescate, el Ministerio ya la valoró como viable, a pesar de su situación económica complicada.
El juez da relevancia a los funcionarios que firmaron el certificado, pero el Ministerio los exonera: «Los certificados de estar al corriente con la Seguridad Social se emiten automáticamente (de modo similar al certificado de vida laboral), sin que sea necesaria la intervención directa de un funcionario específico». El pasado martes, Saiz se mostró muy elogiosa con la figura de Zapatero tras el Consejo de Ministros y solicitó la presunción de inocencia.
Escrivá toma distancia
El auto salpica al antecesor de Elma Saiz, actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. Durante la negociación para lograr un nuevo aplazamiento de deuda luego de obtener el certificado de estar al corriente, el entonces ministro tuvo un almuerzo con Zapatero. Sin embargo, fuentes cercanas al gobernador niegan cualquier conexión con el caso.
Escrivá reconoce que pidió una reunión con el ex presidente para discutir medidas contra la pandemia, pero no en relación con esta aerolínea. «Escrivá nunca abordó con nadie temas relacionados con Plus Ultra ni su posible rescate. Además, esta materia no formaba parte de sus competencias mientras fue ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Tampoco tuvo conocimiento ni participación en la aprobación de aplazamientos de deuda con la Seguridad Social u otras medidas de liquidez, ni en la emisión de certificados de estar al corriente de pago por parte de la Seguridad Social respecto a ninguna empresa o entidad. Todas estas acciones de carácter técnico las realiza exclusivamente la Tesorería General de la Seguridad Social, sin que haya habido intervención o conocimiento de las compañías beneficiadas por parte del ministro», aseguran.