Las claves
La Abogacía del Estado ha defendido ante el Supremo la regularización masiva de migrantes, destacando su contribución positiva a la cohesión social y al PIB.
Cerca de 550.000 migrantes han solicitado acogerse a la regularización, de los cuales 91.000 ya cuentan con un permiso temporal para trabajar.
Diversas organizaciones y partidos, entre ellos Vox y la Comunidad de Madrid, han impugnado la medida alegando posibles repercusiones en el gasto social y la gestión de servicios públicos.
El Gobierno señala que los beneficiarios de la regularización residían en España antes del 1 de enero de 2026 y no tendrán derecho a votar en las próximas elecciones generales.
La Abogacía del Estado, representando al Gobierno, defendió este viernes ante el Tribunal Supremo la regularización masiva de migrantes aprobada por el Ejecutivo central.
Para respaldar su postura, apeló a la «cohesión social», al «interés general», a los «desafíos del mercado laboral», al «crecimiento constante del PIB [Producto Interior Bruto]» y a la «doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea». Además, descartó que la medida contradiga el Pacto Migratorio.
Así lo expresó el abogado del Estado durante la vista de medidas cautelares celebrada este viernes en el Supremo, que deberá decidir si suspende esta medida o, por el contrario, la mantiene, como sostiene el Gobierno.
Hasta la fecha, 549.595 migrantes han solicitado acogerse a la regularización, aún con más de un mes restante para presentar solicitudes.
De estas solicitudes, alrededor de 91.000 ya han sido procesadas y sus titulares han recibido un permiso temporal para trabajar.
«Se está difundiendo la idea de que [la regularización de migrantes] facilitará la entrada en España… Sin embargo, se trata de personas en situación irregular que, a fecha del 1 de enero de 2026, ya residían aquí y pueden demostrar residencia durante al menos cinco meses previos», enfatizó la Abogacía del Estado.
«En ningún caso podrán votar en las próximas elecciones [generales]», recalcó el representante del Ejecutivo central, quien solicitó «no marginar» a los potenciales beneficiarios de la medida.
Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, la organización Libertad y Justicia, la Comunidad de Madrid (CAM) y el partido Vox han recurrido la decisión y pedido su suspensión cautelar, asunto que será examinado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
Por ello, desde las diez de la mañana de este viernes, los abogados de estas cinco entidades han presentado sus argumentos ante la Sala Tercera, los cuales han sido refutados por la Abogacía del Estado.
El primero en intervenir fue Javier María Pérez Roldán (Hazte Oír), quien destacó que la Ley de Extranjería prevé la regularización en «situaciones excepcionales» y no de forma masiva.
Además, criticó que la medida gubernamental, implementada vía real decreto, cuente con una «memoria económica insuficiente».
Finalmente, Pérez Roldán advirtió que, si la regularización no se detiene de inmediato, surgirán desigualdades entre los inmigrantes que accedan a ella y aquellos que, si el Supremo la anula, queden excluidos.
¿Daños irreparables?
En defensa, la Abogacía del Estado afirmó que la regularización implica la integración en España de personas con arraigo. Subrayó que el «daño derivado de suspender» la medida «supera el supuesto interés alegado» por las cinco entidades recurrentes.
De hecho, sostuvo que ninguna de estas organizaciones posee legitimación activa para impugnar la decisión del Gobierno.
«Dicha legitimación no se basa en los Estatutos [de la organización] ni en la invocación general de la defensa de la legalidad, sino en un interés legítimo, calificado y específico, no genérico o abstracto», aclaró el abogado del Estado.
«En este contexto, no se cumplen los criterios establecidos por el Tribunal Supremo para la suspensión; no se demuestra irreversibilidad en los daños«, añadió.
«Existe un interés en los derechos de terceros que podrían verse afectados si se aplica la suspensión», advirtió la Abogacía del Estado.
El segundo recurrente en exponer fue la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, representada por el abogado Francisco Zaragoza.
Esta misma organización solicitó previamente que el Valle de los Caídos, renombrado por el Gobierno de Pedro Sánchez como Valle de Cuelgamuros, fuese declarado Bien de Interés Cultural.
El letrado manifestó que dicha Asociación «no se opone a la inmigración, sino que defiende que se realice conforme a la legalidad».
Zaragoza entregó al tribunal un «documento modelo, facilitado por el Ayuntamiento de Barcelona, que mediante la selección de una casilla otorga [al migrante] un certificado de vulnerabilidad».
Además, defendió que la regularización masiva «no persigue la integración efectiva de quienes ya residen aquí», y calculó que solo «un 10% de los solicitantes podrán presentar un contrato de trabajo».
Como réplica, la Coordinadora de Barrios, una de las entidades co-demandadas, afirmó que entre los beneficiarios existen «personas que ya trabajan, pero lo hacen en condiciones de inseguridad, riesgos y sin contrato».
La abogada de esta organización, que se dedica a la integración de personas extranjeras, señaló que «147.000 niños y niñas» viven ilegalmente en España, por lo que podrían beneficiarse de esta regularización masiva.
En tercer lugar, el representante legal de Libertad y Justicia criticó que «un real decreto se utilice como vía para modificar la Ley de Extranjería».
Considera que una medida como esta «debería haberse debatido en el Parlamento». Reprochó la «arrogancia y el afán de la Administración estatal por ignorar la soberanía popular, que reside en las Cortes».
«No es cuestión de que esta medida sustituya a ciudadanos españoles por otros, como algunos han dicho; es un asunto legal», defendió el letrado, advirtiendo que la regularización masiva permitiría a los beneficiarios «desplazarse por la Unión Europea gracias a un mecanismo especial».
Por su parte, Vox —representado por el eurodiputado Jorge Buxadé y la abogada Marta Castro— sostuvo que los partidos políticos tienen legitimación para impugnar judicialmente una decisión basada en un «interés específico» propio.
Esta formación señaló que la «incorporación de un millón de residentes legales, bajo un criterio territorial no definido», afectará «el derecho al sufragio, tanto activo como pasivo», y modificará la composición de «todos los Parlamentos regionales».
«Nuestro partido ha hecho de la lucha contra la inmigración ilegal un pilar central de su programa; es un compromiso asumido», afirmó Buxadé.
El eurodiputado también mencionó el «aumento significativo del gasto social» que, según él, provocará la regularización. «Una vez adquirida la residencia legal, se accede a las mismas prestaciones sanitarias que un ciudadano español. El Gobierno no ha realizado esfuerzo alguno para cuantificar este impacto; lleva sin presupuestos tres años», criticó.
Buxadé puso de manifiesto el «déficit de 700.000 viviendas que existe actualmente en España». «Si se regulariza un millón de personas, ¿cuánto aumentará ese déficit?», cuestionó. «La urgencia de esta medida busca eludir el Pacto Europeo de Migración», alertó.
Sobrecarga en la Administración
A su vez, el abogado de la Comunidad de Madrid destacó que la regularización masiva «carece de precedente» en comparación con cualquier otra norma española o europea. «Por ejemplo, en Alemania se requería una estancia mínima de cinco años…», ejemplificó el letrado de la CAM, el último en intervenir.
«Una vez se conceda la residencia, una posible sentencia futura no podrá revertir los efectos ya producidos», advirtió. También alertó sobre el impacto de la medida en la adaptación y ajuste presupuestario de los servicios sanitarios y sociales.
«Los servicios públicos deben planificarse considerando que, en la CAM, se regularizarían al menos 255.000 personas…«, lamentó el letrado poco después de la una y media de la tarde.
«Se prevé que 90.000 personas requieran ayuda para empleo», advirtió, solicitando «esperar a que la Justicia evalúe el plan gubernamental». Si no se suspende la regularización masiva, la CAM anticipa un «colapso» en la Administración.
Calificó de «desproporcionada» la estimación del Ejecutivo central, que indica que la regularización tendría un impacto presupuestario mínimo en las Comunidades Autónomas.
«La CAM no busca perjudicar a estas personas [beneficiarias de la regularización], sino que reclama certeza jurídica», concluyó el representante legal de la Comunidad de Madrid.
Aunque varios de los argumentos expuestos por los recurrentes son similares o coinciden, el Supremo decidió organizar una vista para cada uno de ellos. Se realizarán cinco audiencias consecutivas, breves y medidas, ya que Lesmes ha limitado a diez minutos el turno de palabra de los abogados y ha evitado repeticiones en las respuestas de la Abogacía del Estado.