El conflicto en Oriente Medio ha obligado a los países de la Unión Europea a destinar 14.500 millones de euros para atenuar las consecuencias sociales y económicas derivadas de los altos precios energéticos
La guerra en Oriente Medio ha provocado que los Estados miembros de la Unión Europea asignen 14.500 millones de euros para mitigar el impacto social y económico generado por los elevados costes de la energía a causa del conflicto. Esta cifra representa tan solo un 0,07% del PIB de la UE proyectado para 2026, aunque existen importantes diferencias en el gasto presupuestario entre países, siendo España el que encabeza el listado en términos de inversión.
De acuerdo con la Comisión Europea en su informe más reciente sobre las previsiones para la primavera de 2026, la mayoría de las medidas de apoyo implementadas recientemente no están enfocadas en hogares vulnerables ni en empresas con un consumo energético elevado. En cuanto a los hogares, Bruselas considera que estas ayudas son dirigidas solo si están focalizadas exclusivamente en grupos específicos y no en la mayoría de la población.
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En lo relativo a las empresas, la Comisión indica que una ayuda se define como focalizada cuando aplica solo a sectores industriales con grandes consumos energéticos. No obstante, alrededor del 75% del apoyo se está distribuyendo de manera general, por ejemplo, a través de reducciones en impuestos especiales o en otros tributos indirectos sobre los combustibles. Solo la cuarta parte restante del soporte parece estar orientada, incluyendo ayudas a hogares con bajos ingresos o subvenciones dirigidas al sector del transporte.
En esta línea, la Comisión resalta que la mayoría de las medidas adoptadas persiguen reducir directamente los precios de la energía, dividiéndolas en dos categorías: medidas sobre precios —cuando buscan incidir en el coste marginal del consumo energético— y medidas de ingresos —cuando proporcionan apoyo temporal a los ingresos de los hogares o compensaciones económicas—. Más del 66% del gasto presupuestario estimado corresponde a medidas sobre precios, tales como reducciones en los impuestos especiales y otros impuestos indirectos aplicados a los combustibles. El tercio restante está destinado a medidas de ingresos.
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este viernes que el Plan integral para responder a la crisis en Oriente Medio movilizará 5.000 millones de euros para “proteger a los ciudadanos, apoyar a las pymes, al sector primario y, por supuesto, a la industria”.
Qué presupuesto destina cada país de la UE
España, con una asignación de 5.000 millones de euros, encabeza la lista de países europeos que más recursos han destinado para mitigar las consecuencias del conflicto, seguida por Alemania, con 1.600 millones, Países Bajos, con 1.100 millones, e Italia, con 1.000 millones, según el informe “Crisis energética: respuestas inmediatas y contexto nacional”, elaborado por el Instituto Jacques Delors.
Suecia con 850 millones de euros, Grecia con 800 millones y Irlanda con 755 millones, completan el grupo siguiente, junto a Croacia (450 millones), Portugal (450 millones), Polonia (375 millones), Francia (330 millones) y Malta (250 millones). Por otro lado, países que no han adoptado medidas concretas frente al conflicto, como Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo y Eslovaquia, quedan excluidos del listado.
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Entre los países vecinos a España, Portugal ha destinado hasta ahora 450 millones de euros en iniciativas como un proyecto legislativo para limitar temporalmente el precio de la electricidad, reducción de impuestos sobre productos derivados del petróleo, subsidios para el diésel en transporte, agricultura, silvicultura y pesca e incluso una petición a la Comisión Europea para aplicar gravámenes sobre beneficios extraordinarios de las compañías energéticas.
Francia, con un presupuesto de 330 millones de euros, ha puesto en marcha medidas como la suspensión del impuesto especial sobre el diésel para agricultores (con un coste de 14 millones de euros), la supervisión de márgenes y la inspección en 500 estaciones de servicio, así como acciones dirigidas específicamente a sectores como transporte, agricultura y pesca.
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Italia, con 1.000 millones de euros asignados, ha lanzado iniciativas como la reducción del impuesto sobre combustibles, el fortalecimiento de mecanismos contra la especulación, medidas sectoriales para transporte, que incluyen subsidios para gastos extra, y para la pesca, cubriendo el 20% del gasto en combustible. También ha adoptado medidas para la seguridad del suministro energético, posponiendo la eliminación gradual del carbón hasta 2038 por “razones de seguridad energética”.