Las claves
El auto judicial que imputa a Zapatero ha generado un distanciamiento entre Sumar, ERC, Podemos, PNV y Junts respecto al expresidente.
El Ejecutivo y el PSOE muestran crecientes dudas sobre la conducta de Zapatero tras analizar los detalles del auto del juez Calama.
El auto recoge indicios sólidos sobre la posible implicación de Zapatero en el rescate de Plus Ultra, comprometiendo su imagen como referente ético del partido.
Sumar plantea la creación de un estatuto para expresidentes que regule sus actividades de lobby, en respuesta a las nuevas dudas sobre el rol de Zapatero.
El trasatlántico requiere un amplio margen y tiempo para cambiar de rumbo. Todo se complica aún más cuando el giro afecta al principal símbolo vivo de los socialistas, mediador con los partidos a la izquierda del PSOE y negociador con los aliados independentistas que sostienen la investidura y el mandato de Pedro Sánchez.
Sin embargo, algo está cambiando, porque tras ver el auto del juez José Luis Calama que imputa a José Luis Rodríguez Zapatero, Sumar, ERC, Podemos, PNV y Junts han comenzado a distanciarse del expresidente.
Estos grupos han descartado la tesis de la persecución judicial (lawfare), dado que consideran que el escrito del magistrado presenta indicios sólidos sobre un escenario, unas empresas y conductas que ya no pueden respaldar.
«El auto no pinta bien«, afirmó de forma explícita la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. «El futuro de Zapatero está estrechamente ligado al porvenir del Gobierno y de su presidente”, añadió.
De forma paralela, pese a la defensa férrea que Sánchez hizo de Zapatero en el Pleno del Congreso, en el Gobierno crece el temor.
Algunos ministros ya incluyen matices como «salvo que aparezca algo más» o «hay que aguardar a la investigación«, algo que hasta días antes no era ni siquiera considerado en el apoyo cerrado promovido por Sánchez.
Esto no implica, sin embargo, que los aliados vayan a abandonar al Gobierno, ni que respalden una moción de censura, ni que Moncloa trate a Zapatero como descartado, como sucedió antes con José Luis Ábalos o Santos Cerdán. Logicamenete, la caída del expresidente arrastraría consecuencias demasiado graves.
Utilizando un símil de un veterano socialista, tras perder a los dos secretarios de Organización se fueron ofreciendo porciones del jamón, se agotó esa carta y ahora solo queda el hueso, sin más carne para aprovechar. Sánchez no puede permitirse perder el apoyo de más personas de su entorno.
Como agravante, la próxima semana está previsto el juicio al hermano del presidente del Gobierno en Badajoz, junto al exlíder del PSOE de Extremadura.
El Gobierno ya no defiende la postura de lawfare, una actitud que se conoce como «recogida de cable«. Oficialmente sostiene que en el auto no hay evidencias directas contra Zapatero, solo menciones indirectas de terceros acerca del expresidente.
También argumenta que el juez no detalla a qué altos cargos habría presionado Zapatero para facilitar el rescate de Plus Ultra, ni aporta pruebas que vinculen a Julio Martínez como testaferro del expresidente, como sugiere el magistrado en su escrito.
No obstante, varios socialistas destacados remarcaban que, más allá de la posible comisión de un delito, el auto describe al expresidente asociado con empresas «poco recomendables».
«Se ha producido una fractura, ya que siempre ha sido considerado la referencia ética y moral del partido, y resulta doloroso verlo implicado con esas relaciones», comenta uno de ellos. El mito empieza a tambalearse.
De Rufián a Pradales
Explican que uno de los argumentos que defiende el Gobierno —el que sostiene que Zapatero simplemente ejerció labores de lobby legales— acaba perjudicando al expresidente. Esto se debe a que él siempre ha afirmado no tener vínculo alguno con Plus Ultra y, por ende, no realizar gestiones para favorecer su rescate.
Por ello, para respaldar esa postura, Zapatero debería empezar por admitir que mintió en ese aspecto.
Fuentes de Sumar, ERC, PNV y Podemos reconocen que la tesis del lawfare no se sostiene en este caso y expresan una gran preocupación.
Tampoco les agrada el escenario que plantea el auto judicial, y les llama la atención la abundancia de referencias a correos o conversaciones relacionadas con la supuesta actividad de Zapatero.
En público, Gabriel Rufián expresó con claridad sus dudas en el Congreso: «Estoy jodido, lo reconozco«, afirmó.
El portavoz de ERC añadió que «si lo que dice el auto es cierto, es muy grave; pero si es falso, es aún peor».
Un día antes, antes de conocerse el auto, Rufián ya había dado por sentado que todo se trataba de una «cacería» judicial contra la izquierda.
Diputados de Sumar compartieron opiniones semejantes, basándose en la negación del lawfare y sus dudas sobre la conducta de Zapatero.
Sumar ha anunciado que propondrá elaborar un estatuto para expresidentes que regule su posible actividad de lobby, lo que en la práctica contradice la versión de Zapatero, que niega haber realizado gestiones.
Por su parte, el lehendakari, Imanol Pradales, considera prioritario que el expresidente Zapatero brinde «todas las explicaciones pertinentes», con «máxima rapidez y transparencia», acerca de su imputación.