El juez investiga una red de tráfico de influencias vinculada a ZP con conexiones en Dubái y Venezuela

El empresario 'Julito' Martínez Martínez y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, en un fotomontaje. Las claves

El juez José Luis Calama señala a José Luis Rodríguez Zapatero como cabecilla de una red organizada de tráfico de influencias con conexiones en Dubái y Venezuela.

La organización, denominada ‘finance boutique’, habría gestionado pagos ilegales para beneficiar a compañías como Plus Ultra, que recibió un rescate público por 53 millones de euros.

El despacho de Zapatero en la calle Ferraz de Madrid funcionaba como centro principal de coordinación de la red, manejando documentos, pagos y comunicaciones.

El juez indica que la red utilizó sociedades pantalla y empresas relacionadas con el entorno de Zapatero, incluyendo las gestionadas por sus hijas, para canalizar y redistribuir fondos.

El juez José Luis Calama identifica a José Luis Rodríguez Zapatero como «líder» de una «estructura organizada» de tráfico de influencias, ejercida «ante autoridades nacionales y extranjeras», favoreciendo a ciertas empresas a cambio de supuestas comisiones ilegales.

En la resolución que cita al expresidente para declarar el próximo 2 de junio, Calama denomina esta red como finance boutique.

Este nombre no proviene del juez. Fue la denominación empleada por algunos investigados para referirse al entramado internacional liderado por Zapatero, quien habría recibido pagos ilegales por gestionar principalmente que la aerolínea Plus Ultra obtuviera un rescate público de 53 millones de euros.

El magistrado, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, también considera clave para la red a María Gertrudis Alcázar Jiménez.

Esta mujer trabaja como secretaria en el despacho de Zapatero ubicado en la calle Ferraz de Madrid, a pocos metros de la sede nacional del PSOE.

De hecho, el juez la identifica como la “usuaria principal” de una cuenta de e-mail con dominio @presidentezapatero.com, a través de la cual se habría coordinado, elaborado y cubierto formalmente la documentación que respalda las actividades de la red.

Además, realiza gestiones para la “apariencia documental de los pagos” recibidos y efectuados por el entramado societario.

El despacho de Zapatero en Ferraz, según el auto, es el “centro de coordinación” de la organización. Allí se centralizaba la coordinación de la red, la elaboración de papeles, la gestión del correo electrónico y la comunicación con clientes y sociedades pantalla.

Por ese motivo, el juez Calama autorizó recientemente a la Policía Nacional a registrar este despacho. También permitió la entrada de agentes en las sedes de otras dos empresas.

El origen del dinero para los pagos a José Luis Rodríguez Zapatero y sus hijas

La primera empresa, Softgestor SL, se dedica a la asesoría jurídica, fiscal y administrativa. La segunda, Inteligencia Prospectiva SL (antes denominada Alaska Ilimitada), tiene su sede en el Paseo de la Habana, Madrid.

No obstante, la Policía no realizó finalmente el registro en esta última por motivos técnicos, ya que su sede está en obras; sólo solicitaron documentación.

Los administradores de Inteligencia Prospectiva SL son los hermanos Domingo Arnaldo Amaro Chacón y Guillermo Alfredo Amaro Chacón, hijos de un empresario venezolano de gran poder adquisitivo que fue investigado por la justicia de su país.

En su resolución, Calama indica que esta empresa «funciona como punto de entrada de fondos extranjeros» hacia la presunta red criminal, «disfrazados como ampliaciones de capital».

Posteriormente, estos fondos serían redistribuidos en tres direcciones, todas relacionadas con el entorno de Zapatero: primero, hacia la compañía Análisis Relevante SL, administrada por Julio Martínez Martínez (apodado Julito), amigo íntimo del ex político; segundo, hacia la agencia de marketing gestionada por sus dos hijas, What The Fav SL; y tercero, hacia el think tank prochino Gate Center.

Además, este martes, la Policía registró, por orden de la Audiencia Nacional, la sede de la empresa gestionada por Alba y Laura Rodríguez Espinosa.

Calama define esa empresa como un simple “centro de redistribución de flujos financieros”. De hecho, es el “principales proveedor” de Inteligencia Prospectiva SL, que pagó 561.440 euros a la agencia de marketing.

Por su parte, Análisis Relevante recibió de la empresa de los Amaro Chacón otros 380.208 euros. Posteriormente, la firma de Julito transfirió 490.780 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 239.755 euros a la empresa de sus hijas.

Estos movimientos, dice el juez, «demuestran un circuito circular de fondos entre clientes, sociedades de la red y beneficiarios finales». Además, «What The Fav recibe pagos de Pickashop, Agropecuaria Lucena, Danilo Alfonso Diazgranados Manglano, y también transferencias procedentes de Gate Center y Thinking Heads Group», añade el magistrado.

Todas estas son «entidades vinculadas asimismo a José Luis Rodríguez Zapatero». El presidente de la consultora Thinking Heads es el mismo que el de Gate Center, Daniel Romero-Abreu Kaup.

El expresidente del Gobierno fue presidente del Consejo Asesor del think tank y conferenciante habitual en Thinking Heads.

Calama también subraya en su resolución la «circunstancia de que [Zapatero] figure como autorizado en las cuentas bancarias de sus hijas, quienes recibieron cantidades significativas transferidas por What The Fav».

“Esto refuerza las pruebas de que la empresa actúa como canal financiero para la red, funcionando como centro de redistribución de flujos económicos y canalizando pagos hacia José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno», concluye el juez.

Por otro lado, el auto destaca que el Grupo Aldesa, perteneciente a un conglomerado chino en el sector de la construcción, pagó 127.050 euros a Análisis Relevante por contratos de asesoría.

Además, Calama señala que otro de los investigados, Roberto Roselli, CEO de Plus Ultra, mencionó la finance boutique en un chat de WhatsApp de mayo de 2020, identificándola como el instrumento para el cobro de comisiones ilegales, expresando: “Por ahí vendrá la mordida”.

Fuentes cercanas a la investigación confirman a EL ESPAÑOL que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha solicitado información a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Esta entidad, a través del FASEE (Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas), otorgó el millonario rescate a Plus Ultra en marzo de 2021, considerado el principal objetivo del Grupo Zapatero.

No obstante, no fue el único. El juez relata que la red liderada por el expresidente, bajo sus órdenes, creó una sociedad offshore en Dubái para cobrar el 1% del rescate total, es decir, 530.000 euros.

Esta empresa se denominaba Landside Dubai Fzco y era propiedad al 100% de Idella Consulenza Strategica, sociedad de Julito Martínez que firmó un contrato con Plus Ultra para recibir este porcentaje.

Idella también suscribió acuerdos con Grupo Aldesa, incluyendo uno fechado en octubre de 2021, orientado a la «búsqueda de oportunidades de negocio» y remunerado con un 3% del valor del negocio generado.

La expansión internacional de esta red no se limita a Dubái ni cesan sus gestiones a favor de Plus Ultra.

Según relata el juez Calama, existió una «segunda línea de influencia» destinada a intervenir ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela, país donde Zapatero mantiene relaciones de alto nivel.

Es conocida su estrecha relación con Delcy Rodríguez, actual presidenta de la República Bolivariana tras la detención de Nicolás Maduro.

La intervención ante la INAC buscaba garantizar la autorización de vuelos para Plus Ultra, aprovechando, según el juez, «la influencia que Julio Martínez Martínez ejercía sobre el presidente del Instituto, el Mayor General Juan Manuel Teixeira Díaz».

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