Las claves
El Congreso ha aceptado a trámite la nueva ‘ley antiokupas’ presentada por el PP, tras más de dos años de bloqueo de la versión anterior debido a la Mesa encabezada por Armengol.
La propuesta del PP fue aprobada gracias al respaldo de PP, Vox, UPN y Coalición Canaria, junto con la abstención de Junts y PNV, a pesar de la resistencia de PSOE, Sumar, ERC y Bildu.
La legislación actualizada aumenta las sanciones penales y procesales frente a la ocupación ilegal, facilitando desalojos rápidos y dando mayor autoridad a propietarios y comunidades de vecinos para actuar ante estas situaciones.
El texto también garantiza la posibilidad de cortar suministros en viviendas okupadas, restringe la inscripción en el padrón de ocupantes ilegales y eleva las penas para quienes promuevan la okupación.
El PP consiguió este martes que el Congreso iniciara el trámite de su nueva ley antiokupas, después de que la Mesa presidida por Francina Armengol haya bloqueado por más de dos años la propuesta que provenía del Senado.
El pleno de la Cámara Baja dio luz verde a la consideración de una versión “actualizada” de esa iniciativa orgánica con los votos de PP, Vox, UPN y Coalición Canaria. Fundamental fue también la abstención de Junts y PNV, socios de investidura de Pedro Sánchez.
Esta maniobra representa un doble revés para la presidenta del Congreso y para el Ejecutivo, que mantuvieron la ley original «congelada», proveniente del Senado, mediante 86 prórrogas consecutivas del plazo para presentar enmiendas.
Gracias a esta acción, el PP ha reabierto el debate sobre una iniciativa aprobada en el Senado en febrero de 2024, que desde entonces permanecía archivada en la Mesa del Congreso, dominada por PSOE y Sumar.
La primera ley no llegó siquiera a debatirse en el Pleno por decisión de Armengol, “ordenada por Sánchez”, según fuentes del PP, «porque existían suficientes votos para aprobarla y legislar sin depender del Ejecutivo».
Actualmente, el Grupo Popular ha optado por un nuevo camino: presentar en el Congreso un texto muy parecido pero más riguroso en puntos clave, que la mayoría parlamentaria no ha querido volver a bloquear.
Política y sociedad
La toma en consideración fue aprobada con 171 votos a favor y 11 abstenciones, pese a la negativa de los aliados habituales del Gobierno, excepto los independentistas catalanes y los nacionalistas vascos, que facilitaron la tramitación de la propuesta en contra del Ejecutivo.
El PP sumó así una victoria parlamentaria con un fuerte significado simbólico, con la que busca marcar la distancia del Ejecutivo en un momento de preocupación social por la vivienda y la inseguridad relacionada con la okupación.
Los partidos que apoyan a Sánchez en La Moncloa perdieron terreno en un asunto especialmente sensible para la opinión pública: la respuesta ante la ocupación ilegal. El rechazo fue encabezado por PSOE y Sumar, junto a ERC, Bildu y otros grupos del llamado bloque plurinacional.
Todos ellos defendieron que la norma implica un endurecimiento “ideológico” en el enfoque penal de la okupación y alertaron del posible impacto sobre las personas en situación de vulnerabilidad habitacional.
El TC ya lo condenó
El PP insiste en que la presidenta del Congreso ha usado la Mesa como barrera para evitar «derrotas parlamentarias contundentes» al Gobierno, bloqueando no solo esta ley, sino muchas otras iniciativas provenientes del Senado o la oposición. La abstención de Junts y PNV, en esta ocasión, rompió ese bloqueo.
La ley antiokupación del Senado se ha convertido en un símbolo de una práctica parlamentaria que el Tribunal Constitucional ha criticado con dureza.
La Mesa del Congreso prorrogó hasta en 86 ocasiones el plazo para presentar enmiendas a esa propuesta, la última vez la semana pasada, sin ofrecer una justificación más allá de la aritmética política interna.
En abril, el Constitucional emitió un fallo unánime que amparó al PP al declarar que prorrogar repetidamente los plazos para enmiendas, sin motivo, «obstruye el proceso legislativo».
Los magistrados respaldaron a diputados del PP frente a una resolución de la Mesa de 2020 y destacaron que esa práctica vacía de sentido el derecho a la participación parlamentaria.
Desde el PP señalan además que «ni siquiera este TC, claramente politizado a su favor», ha podido ignorar el «filibusterismo sostenido del sanchismo».
Recuerdan que «actualmente más de 130 iniciativas legislativas siguen congeladas» mediante esta misma estrategia de extender plazos para enmiendas, semana a semana, «con mayoría de PSOE y Sumar en la Mesa». A su juicio, la votación de este martes demuestra que, cuando las propuestas llegan al Pleno, «el Gobierno pierde la mayoría en temas cruciales».
Ley más dura
En cuanto al contenido, la nueva ley antiokupas que inicia su trámite en el Congreso endurece el marco penal y procesal frente a la ocupación ilegal de inmuebles.
El PP ha incluido en su proposición la modificación del artículo 172.1 del Código Penal para proteger el corte de suministros como herramienta de presión de los dueños: interrumpir el agua o la electricidad en una vivienda okupada nunca será considerado delito de coacciones. Además, se aumentan las penas cuando la coacción busque impedir el uso legítimo del inmueble.
La ley también refuerza el artículo 245 del Código Penal, que tipifica la usurpación de bienes inmuebles. Si alguien ocupa sin permiso inmuebles que no sean domicilio, solo se prevén penas alternativas si el ocupante desaloja voluntariamente en las 24 horas posteriores al requerimiento, frente a las 48 horas que establecía la versión anterior aprobada en el Senado.
Uno de los puntos más estrictos del proyecto apunta a quienes promueven las ocupaciones, es decir, aquellos que identifican pisos, distribuyen manuales o elaboran guías para ocupar inmuebles.
La sanción penal por estas conductas pasa a formar parte de la figura general de participación en el delito, lo que permite imponer castigos mayores. Los populares subrayan que su objetivo es perseguir a las mafias de la okupación más que a personas en exclusión social.
En el ámbito procesal, la ley establece un procedimiento de desalojo exprés. El juez podrá ordenar a la Policía que requiera a los ocupantes para demostrar en 24 horas la titularidad legal sobre el inmueble y, si no lo hacen, ordenar el lanzamiento cautelar, especialmente cuidando situaciones con menores o personas vulnerables.
La iniciativa también fortalece la capacidad de las comunidades de propietarios frente a la okupación. Amplía su facultad para acudir a los tribunales y pedir el lanzamiento inmediato de ocupantes ilegales que realicen actividades molestas, insalubres o ilícitas.
Se les reconoce expresamente el derecho a adoptar medidas preventivas como el sellado de puertas y ventanas o la instalación de sistemas antiocupación en viviendas deshabitadas. De este modo, el PP intenta vincular la norma no solo a la protección de la propiedad, sino también a la convivencia vecinal y la seguridad en los barrios.
En el ámbito administrativo, la propuesta refuerza la prohibición de usar la okupación como vía para obtener derechos.
La inscripción en el padrón municipal de una persona que ocupe ilegalmente será nula de pleno derecho y «no generará ningún efecto», por lo que no podrá emplearse para demostrar residencia ni para acceder a beneficios sociales.
El mensaje político que quiere transmitir el PP es que «la okupación no puede ser premiada», manteniendo al mismo tiempo la protección reforzada para deudores vulnerables en otras normas. Por el contrario, el Gobierno sostiene que esta postura introduce un sesgo punitivo que puede generar un desamparo social.