La Sección Primera comenzará a deliberar próximamente sobre la solicitud de Anticorrupción, que exige imponer entre ocho y 29 años de prisión por asociación ilícita, blanqueo de capitales, fraude fiscal y falsedad documental.
Ninguno de los siete hijos del ex president de la Generalitat Jordi Pujol optó este jueves por ejercer su derecho a la última palabra. Así lo comunicaron individualmente Jordi, Josep, Oriol, Marta, Mireia, Pere y Oleguer, tras la exposición de los informes finales por parte de las defensas que solicitaban la absolución.
«Bueno, pues queda visto para sentencia», concluyó con una amplia sonrisa el presidente del tribunal, José Ricardo de Prada. De esta manera, finalizó una vista oral que inició en noviembre pasado, sumando casi seis meses de sesiones sin que cambiara la posición de acusación y defensa. La modificación más significativa fue la exclusión definitiva del ex president debido a que sus capacidades mentales no le permitían ejercer su defensa. Igual situación ocurrió durante la fase de investigación con su esposa, Marta Ferrusola, ya fallecida.
El pasado lunes, Anticorrupción confirmó las peticiones de condena que previamente había formulado al comienzo de la vista oral. El fiscal Fernando Bermejo reclama 29 años de prisión para Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del ex president y principal imputado. Se le atribuyen los delitos de liderazgo de una asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil, cinco fraudes fiscales y frustración de la ejecución (por haberse desprendido de bienes destinados a cumplir con la Justicia).
Los otros seis hijos de Jordi Pujol enfrentan penas que oscilan entre un mínimo de ocho y un máximo de 14 años. Para todos ellos, el Ministerio Público los considera miembros de la asociación ilícita, sumándose cargos por blanqueo y, en algunos casos, fraude fiscal. La ex mujer de Pujol Ferrusola, Mercè Gironès, enfrenta la segunda petición más alta: 17 años.
En cuanto a los nueve empresarios en el banquillo —un décimo falleció al inicio del proceso—, la solicitud del fiscal es de cinco años por delitos de blanqueo y falsedad documental. Al igual que los Pujol, han renunciado a pronunciar un último discurso ante el tribunal.
También la Abogacía del Estado, en representación del Ministerio de Hacienda, participa en la acusación y reclama penas severas para los 16 imputados.
Las defensas de los Pujol sostienen que la procedencia de los fondos ocultos en Andorra, revelados por EL MUNDO en 2014, corresponde a la herencia que dejó su abuelo Florenci, quien estaba «atemorizado» por la posible persecución política contra la familia. Agregan que no se ha demostrado irregularidad en ninguna de las operaciones comerciales donde presuntamente recibieron comisiones gracias a la influencia política del padre. Tampoco existe prueba de que se haya blanqueado dinero, pues la deixa del abuelo era opaca y permaneció así.
A esto suman que el caso se originó a partir de las informaciones de este diario, que habrían sido obtenidas de manera ilícita por una «policía patriótica», coaccionando a bancos andorranos, extremo que debería llevar a la nulidad completa de la investigación.