El programa NextGenerationEU avanza hacia su fase final con progresos notables en inversión y digitalización, aunque algunas reformas clave han sido recortadas o todavía esperan aprobación parlamentaria
Tras la presentación en 2021 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) por parte de España, se planteó un objetivo ambicioso: modernizar el sistema productivo, disminuir el desempleo estructural y acelerar la transición verde y digital gracias a los fondos europeos del programa NextGenerationEU. Cinco años después, el resultado es complejo: algunas reformas llegaron tarde y en versiones reducidas, otras siguen bloqueadas en el Congreso y solo el 54% de los hitos comprometidos han sido validados por Bruselas, según el Recovery and Resilience Scoreboard de la Comisión Europea.
Este porcentaje impacta directamente en los fondos. España dispone hasta el 31 de agosto de 2026 para demostrar el cumplimiento de los hitos restantes, ligados a 24.800 millones en transferencias y 6.500 millones en préstamos pendientes de desembolso. El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) condiciona la liberación de los recursos al cumplimiento de las reformas pactadas por cada país, transformando el acceso a la financiación europea en un incentivo para implantar los cambios estructurales pactados con Bruselas. Si la Comisión Europea da luz verde a la sexta solicitud de pago (presentada en marzo de 2026 por un valor de 7.256 millones de euros), el nivel de cumplimiento alcanzaría el 70%, posicionando a España como el país con mayor ejecución, según el Ministerio de Hacienda.
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El PRTR fue diseñado en torno a cuatro pilares (transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial, e igualdad de género), desplegados a través de diez políticas palanca y 31 componentes. En las áreas donde la ejecución dependía de inversión directa, el progreso ha sido más perceptible. Sin embargo, en los ámbitos que requieren reformas legislativas, la situación es más desigual.
Avances destacados: inversión, energía y digitalización
El impulso a las energías renovables ha sido uno de los elementos más activos del plan. El Real Decreto-ley 7/2026 (RDL 7/26), ratificado por el Congreso, incluye un paquete de medidas energéticas vinculadas a los Componentes 7 y 8 del PRTR que un reciente informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), a cargo del economista Ángel de la Fuente, valora de manera general como razonables. Entre estas medidas se encuentran la creación de zonas de aceleración renovable (ZAR) en áreas industriales y terrenos degradados, un fondo para la descarbonización industrial (FIDI) y deducciones fiscales que oscilan entre el 15% y el 60% en el IRPF destinadas a particulares que inviertan en eficiencia energética, vehículos eléctricos o sistemas de autoconsumo renovable, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.
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La transformación digital, otro elemento clave del plan, también muestra avances sustanciales. La digitalización de la administración pública, el apoyo a pequeñas y medianas empresas mediante iniciativas como el Kit Digital —que ha otorgado 860.000 ayudas a pymes y autónomos, comprometiendo 3.067 millones de euros— y la modernización del sistema educativo y de formación profesional han generado un impacto evidente.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este jueves la creación de un fondo soberano que sucederá a los fondos de recuperación europeos ‘Next Generation EU’ y que buscará movilizar 120.000 millones de euros en áreas como vivienda, energía, digitalización, inteligencia artificial, reindustrialización, economía circular, infraestructura, agua y saneamiento y seguridad. (Fuente: Europa Press)
En el ámbito industrial, el PERTE del vehículo eléctrico ha movilizado cerca de 2.500 millones de euros durante sus tres primeras convocatorias, beneficiando a alrededor de 300 empresas de la cadena de valor del automóvil, con una cuarta convocatoria lanzada en 2026 por 1.250 millones adicionales. El punto más débil es el PERTE de Microelectrónica y Semiconductores, para el que la Comisión Europea ha señalado problemas en la asignación de financiación pública.
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Reformas aprobadas con retrasos y recortes
Algunas normativas específicas previstas en el PRTR han logrado avanzar en la tramitación, aunque con demoras y versiones reducidas en comparación con sus borradores originales. La ley de movilidad sostenible, asociada al Componente 1 del Plan y con fecha límite para entrar en vigor en el cuarto trimestre de 2023, fue aprobada el 13 de noviembre de 2025, dos años después de lo previsto. El texto final eliminó el pago por uso en la red viaria de alta capacidad, que era la medida más significativa del anteproyecto y el mecanismo contemplado en el Plan para internalizar los costes externos del transporte. Según Fedea, la ley aprobada resulta “bien intencionada pero poco efectiva”.
La creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, prevista en el Componente 18, fue rechazada por el Congreso en marzo de 2025 a pesar del consenso post pandemia, y finalmente aprobada en un segundo intento el 22 de julio de 2025. La ley de servicios de atención a la clientela, por su parte, permaneció casi dos años en tramitación debido a desacuerdos sobre la obligación de atención en lenguas cooficiales, hasta su aprobación el 11 de diciembre de 2025.
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El Gobierno ha solicitado formalmente el sexto desembolso de los fondos europeos vinculados al Plan de Recuperación, por un monto aproximado de 6.500 millones de euros, de los cuales cerca de 5.500 millones corresponden a transferencias y aproximadamente 1.000 millones a préstamos. «Esta misma mañana se informó en la comisión del Plan de Recuperación, presidida por el presidente Pedro Sánchez, que se ha solicitado el sexto pago», comunicó la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. (Fuente: La Moncloa/Europa Press)
La aprobación del Real Decreto 65/2026, de 3 de febrero, que establece los estatutos de la nueva Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas (AE), cumple formalmente el hito establecido en el Componente 29 del PRTR sobre revisión y evaluación del gasto público. No obstante, el análisis de Fedea advierte que el organismo reproduce los problemas que causaron el fracaso de su predecesora, la antigua Agencia de Evaluación y Calidad (AEVAL): dificultades para contratar personal cualificado y falta de incentivos para realizar un análisis riguroso de las iniciativas del Gobierno.
Proyectos bloqueados: función pública, familias y desempleo
Por otro lado, tres reformas adicionales directamente vinculadas al PRTR continúan atascadas en comisiones parlamentarias sin claros indicios de aprobación. El proyecto de Ley de la Función Pública de la Administración del Estado, relacionado con el Componente 11 sobre modernización administrativa, fue presentado en julio de 2024 y permanece pendiente del informe de ponencia desde febrero de 2025. El proyecto de Ley de Familias, incluido en el Componente 22, se encuentra en fase de enmiendas desde marzo de 2024. El proyecto de ley para la mejora de la protección por desempleo, derivado del Componente 23, acumula más de un año también en comisión.
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De acuerdo con el boletín de Fedea, varios de estos proyectos “han permanecido más de un año en comisión y resulta poco probable que sean aprobados” durante la legislatura actual. Ante esta situación, el Gobierno negoció en diciembre de 2025 con Bruselas un séptimo addendum al Plan para transformar algunas reformas que necesitan aprobación parlamentaria en normas de rango inferior, tales como reales decretos u órdenes ministeriales. En este proceso, numerosos objetivos iniciales han sido descartados o modificados. No obstante, leyes como la de Industria o la de Transparencia aún requieren aprobación parlamentaria.