Anticorrupción rechaza la pretensión de la familia del ex president de convertir la causa en «un juicio político» vinculado a la ‘policía patriótica’
«Este proceso no está dirigido contra Cataluña, sino que busca justamente lo contrario: proteger a todos los ciudadanos catalanes, tanto a los que nacieron en Cataluña como a los que llegaron desde otras regiones […] Resulta especialmente contradictorio reclamar un discurso de agravio por la supuesta falta de recursos mientras se evita intencionadamente contribuir al sistema que genera dichos recursos». Con estas palabras comenzó el fiscal del caso Pujol su informe final, donde solicitó al tribunal la condena de los siete hijos del ex president de la Generalitat Jordi Pujol por apropiarse de fondos públicos valiéndose de su influencia política.
Al inicio de su intervención en la Audiencia Nacional, más centrada en el contexto político del caso que en aspectos estrictamente procesales, Fernando Bermejo recordó al tribunal una declaración de un testigo que le llamó la atención por afirmar que «en Cataluña era tradición familiar tener cuentas en Andorra». «Esa tradición podría aplicarse a algunas familias acomodadas y empresarios, pero no a la mayoría de los ciudadanos catalanes que nacieron en Cataluña o que llegaron por motivos laborales desde otras partes de España para contribuir al desarrollo de Cataluña».
El fiscal de Anticorrupción también criticó el éxito de las defensas en que testificaran en el juicio personas relacionadas con «la llamada policía patriótica», en referencia a testigos como el ex comisario José Manuel Villarejo. «Su testimonio fue inútil. No sirvió para intentar transformar este juicio en un proceso político ni en un ataque contra Cataluña. El análisis del caso Pujol obliga a contrastar el discurso público mantenido durante años, que afirmaba ‘España nos roba’, con las evidencias investigadas en este procedimiento».
También rechazó el argumento de la familia Pujol sobre que los fondos no provenían de comisiones por contratos públicos, sino del legado de su abuelo Florenci. Esa fue la explicación pública del ex president cuando en 2014 EL MUNDO destapó la existencia de sus cuentas ocultas en Andorra. «No existen documentos, testamento ni registros bancarios que respalden esa versión. El hecho de que todos los familiares mantengan el mismo relato, con idénticas vacilaciones, refleja una coordinación defensiva, y la carencia de pruebas en este caso indica falsedad», afirmó el representante del Ministerio Público.
Anticorrupción solicita 29 años de cárcel para el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, al cual definió como el elemento central de la asociación ilícita que conformaba la familia. «Sin él nada funciona; con él todo se mueve. Es responsable de los ingresos en efectivo, el organizador de transferencias, el coordinador con bancos andorranos y el creador de movimientos entre hermanos». Para el resto de los hijos del ex president, se solicitan penas que oscilan entre ocho y catorce años de prisión. La Fiscalía atribuye delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, fraude fiscal, falsedad documental y frustración de la ejecución.
Bermejo anunció al concluir la vista celebrada ayer que mantiene las penas inicialmente solicitadas, lo que supone oponerse a otra posible rebaja debido al retraso de la Justicia en llevar a juicio una causa abierta a finales de 2012. El fiscal sostuvo que las demoras son consecuencia de la complejidad del caso y, especialmente, de maniobras realizadas por las defensas. Mencionó denuncias presentadas en Andorra «para demorar» la entrega de documentos, así como peticiones sucesivas y coordinadas para eliminar de la documentación incautada aquello relativo a asuntos estrictamente personales.
Para cuando la causa se inició en la Audiencia Nacional, el sistema de «corrupción» llevaba operando más de veinte años, según expuso el representante de Anticorrupción. «En aquella época, esa Cataluña en auge podría llamarse un club: primero se abonaba la matrícula a los señores Pujol y después el 3%».
Bermejo situó entre 1990 y 1992 la decisión inicial del ex president de trasladar a Andorra los fondos obtenidos ilícitamente. Resaltó que coincidió con el aumento de inversión pública para los Juegos Olímpicos de Barcelona. El primer ingreso, medio millón de pesetas (3.000 euros), fue registrado el 21 de noviembre de 1990. «En ese momento no había presión administrativa ni investigación judicial», afirmó, para contradecir la tesis de los Pujol que sostienen que el temor a la persecución política llevó a ocultar fondos en el extranjero. «La decisión de operar en Andorra antecede a cualquier conflicto, lo que revela una planificación y no una reacción».
La última cifra ofrecida por el fiscal fue la estimación del dinero manejado de forma ilícita por los Pujol y ocultado a Hacienda, cifrada en 38 millones de euros. «No son episodios aislados, sino cantidades gestionadas durante años al margen del control fiscal. Todo ese dinero no se ha declarado y lo que no se declara no es inocuo». «Concluyo señalando», añadió, «lo que mencioné al inicio de este informe: esto representa una privación continuada de ingresos para la hacienda pública, tanto estatal como autonómica, causando un perjuicio que afecta a toda la sociedad, especialmente a Cataluña».
Tras las cuatro horas del informe fiscal, siguió el de la Abogacía del Estado, que en representación de Hacienda también pide condenas severas para los Pujol. Para mañana y pasado, está previsto que las defensas presenten sus informes finales y se cierre el juicio para sentencia.