En la Cámara Alta se analizan posibles medidas legales ante la fuga reiterada del presidente y los ministros durante los plenos, mientras que en la Cámara Baja se registra una avalancha de preguntas que instan al Ejecutivo a explicar por qué no cumple con las decisiones adoptadas por la mayoría.
Los populares han decidido activarse tanto en el Congreso como en el Senado para intentar detener la deriva «antidemocrática» de un Ejecutivo que, según sostienen, pretende gobernar con o sin el Parlamento, al eludir reiterada y masivamente la obligación de sus miembros de rendir cuentas en las sesiones de control de la Cámara Alta, bloquear las iniciativas legislativas provenientes del Senado, ignorar las mociones y proposiciones no de ley aprobadas en el Congreso e incumplir el mandato constitucional de presentar anualmente a las Cámaras un proyecto de Presupuestos Generales del Estado.
El Grupo Popular, que cuenta con mayoría en el Senado, está ya valorando la posibilidad de emprender acciones «parlamentarias y judiciales» contra el Gobierno debido a las continuas ausencias del presidente y de los ministros en los plenos de control. Para ello, han encargado un informe jurídico con el fin de actuar frente a lo que califican de «fuga política» de ministros que evitan enfrentarse a una Cámara que les resulta hostil por no dominarla.
Sumando a los más de dos años de ausencia de Pedro Sánchez en las sesiones de la Cámara Alta, el PP denuncia ahora también las reiteradas y masivas ausencias de los ministros en las sesiones de control, calificándolas incluso de «niveles de récord antidemocrático». En las dos últimas sesiones, 11 y 13 ministros respectivamente faltaron, y para la próxima sesión, prevista para mañana martes, diez ministros no comparecerán.
El Senado aprobó una reforma de su Reglamento que obliga a los miembros del Gobierno a justificar sus ausencias. De esta manera, al comienzo de cada sesión de control, la secretaria de la Mesa informa sobre los ministros ausentes y comunica la razón que han dado para no asistir a la Cámara. A pesar de esta medida, el nivel de absentismo ministerial en los plenos del Senado no ha disminuido.
«Los ministros», denuncian fuentes del Grupo Popular, «eluden su responsabilidad mostrando una clara desatención en sus funciones. En una democracia parlamentaria, el Gobierno administra en despachos y rinde cuentas en las Cortes. Con el Gobierno de Sánchez, no sucede ni una cosa ni la otra. No gestionan ni enfrentan a los españoles«.
Desde el PP destacan como «curiosa coincidencia» que todos los ministros implicados en escándalos evitan sistemáticamente el Pleno. En su revisión sobre las ausencias ministeriales, sitúan en primer lugar al titular de Exteriores, José Manuel Albares, a quien acusan de haberse organizado un pleno a su medida en el Congreso con el propósito de no rendir cuentas por la pérdida de prestigio internacional. Esa sesión extraordinaria del Congreso tuvo lugar la semana pasada para que Albares informara sobre la flotilla interceptada por Israel y la detención de dos de sus miembros, uno de ellos español de origen palestino.
También señalan a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, a quien critican por no haber asistido a la Cámara Alta desde que la comisión de investigación sobre el apagón presentó sus conclusiones, y al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, a quien reprochan haber «asimilado la estrategia de su predecesora», María Jesús Montero, organizando reuniones ficticias con su equipo para evitar el control parlamentario. La excusa para su inasistencia mañana es una reunión con Correos.
De forma paralela, en el Congreso, el Grupo Popular ha presentado una serie de preguntas dirigidas al Gobierno para instarle a explicar por qué no cumple las medidas aprobadas en proposiciones no de ley, ratificadas mayoritariamente por la Cámara.
Entre las iniciativas respaldadas por la mayoría de los diputados se encuentran la «actualización de los parámetros del IRPF según la inflación» para mitigar los efectos de la guerra de Irán, aprobada el 26 de marzo; una auditoría integral, aprobada en octubre de 2025, sobre el sistema de control telemático de órdenes de alejamiento en casos de violencia de género y violencia sexual; la «garantía de la ejecución efectiva de las órdenes de expulsión de extranjeros nacionales de terceros países sin derecho a permanecer en España», aprobada el 26 de febrero; la reducción al 0% del IVA en alimentos básicos y al 4% en carnes, pescados y conservas, aprobada en diciembre; la derogación de la ley intervencionista sobre el derecho a la vivienda que genera inseguridad jurídica, encarecimiento y aumento de la ocupación; así como la recuperación de indemnizaciones a pasajeros por retrasos de Renfe, aprobada en octubre.