Las claves
Por septuagésima primera ocasión, el PSOE y Sumar han bloqueado la tramitación de la ley que establece a Guardia Civil y Policía Nacional como profesiones de riesgo.
Esta paralización llega apenas días después del fallecimiento de dos guardias civiles en Huelva durante una persecución de una narcolancha.
El Gobierno impide que la propuesta del PP avance a debate y votación en el Congreso, manteniéndola indefinidamente en la etapa de enmiendas.
Las declaraciones de María Jesús Montero, que describieron las muertes como «accidente laboral», y la ausencia de miembros del Ejecutivo en el funeral, han suscitado críticas y descontento.
Este miércoles, la Mesa del Congreso volvió a aplazar la tramitación de la proposición de ley que reconoce a Policía Nacional y Guardia Civil como profesiones de riesgo.
Es la septuagésima primera vez que PSOE y Sumar combinan sus votos para detener una norma promovida por el PP, la cual el Senado ratificó hace casi dos años, en junio de 2024.
Actualmente, la iniciativa queda suspendida nuevamente durante 15 días, periodo que probablemente será extendido para seguir dilatando su procesamiento.
Esta determinación de dejar la norma «congelada» fue tomada sin explicaciones. Fuentes del PP aseguran que Francina Armengol comunicó la medida sin ofrecer detalles.
El bloqueo se produce sólo cinco días después del fallecimiento de dos guardias civiles en las costas onubenses durante una persecución de una narcolancha.
El capitán Jerónimo Jiménez Molero y el agente Germán Pérez González murieron cuando dos patrulleras del Servicio Marítimo colisionaron a 80 millas de la costa, entre Punta Umbría y Mazagón.
La proposición del PP permanece paralizada desde el final del plazo ordinario de enmiendas, el 3 de septiembre de 2024. Desde entonces, la Mesa ha ido extendiendo reiteradamente los plazos para impedir que la norma sea sometida a votación en la Comisión de Trabajo.
El Ejecutivo teme perder la votación. Voces socialistas reconocen que algunos socios parlamentarios podrían apoyar la medida y que, en cualquier caso, el PSOE no puede permitirse votar en contra de un texto con tanta sensibilidad social.
De este modo, la táctica aplicada a casi 40 iniciativas del PP se repite: mantener la proposición eternamente en la fase de enmiendas. Así, no accede ni a debate ni a votación en comisión, y menos aún al Pleno del Congreso.
Montero y el «accidente»
Este veto acontece en medio de la campaña electoral andaluza. Las elecciones autonómicas tendrán lugar el domingo 17 de mayo, y el narcotráfico ha pasado a ser eje principal del debate político tras la tragedia en Huelva.
El viernes 8 de mayo, el capitán Jerónimo y el agente Germán perdieron la vida en acto de servicio. Otros dos guardias civiles resultaron heridos durante esta situación ocurrida en una persecución nocturna a alta velocidad contra un barco cargado con droga.
Ni el presidente Pedro Sánchez ni algún ministro asistieron al funeral. La justificación oficial fue la crisis sanitaria por hantavirus, aunque esta ausencia causó profundo malestar dentro del Cuerpo y entre sus asociaciones.
La candidata socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, agravó la controversia en el debate electoral del lunes 12 de mayo en Canal Sur al referirse repetidamente a las muertes como «accidente laboral» en lugar de reconocerlas como muertes en acto de servicio.
«Mis condolencias a las familias de Jerónimo y Germán. Los accidentes laborales deben ser una prioridad», declaró Montero ante las cámaras, empleando la expresión en múltiples ocasiones durante su intervención.
Las asociaciones de guardias civiles exigieron una rectificación inmediata. Juanma Moreno acusó a Montero de «minimizar el dolor de las familias» y describió el suceso como «asesinato», no como un accidente.
Alberto Núñez Feijóo fue aún más crítico. El líder del PP condenó la «falta de sensibilidad» de Montero y confesó que tuvo que visionar la intervención «varias veces» porque la consideró «exagerada».
En el PSOE se percibe preocupación. Fuentes del partido reconocen que el error de Montero y la ausencia ministerial en el funeral podrían perjudicar electoralmente este domingo. Consideran que el Ejecutivo debía haber calificado desde el inicio la tragedia como «acto de servicio».
Montero realizó una rectificación parcial el martes 13 de mayo, publicando en la red social X un mensaje en que definió las muertes como «muerte en acto de servicio», aunque no llegó a pedir disculpas formales.
El miércoles 14 de mayo, Fernando Grande-Marlaska fue recibido con abucheos durante una ceremonia de jura de bandera en la Academia de Guardias Civiles de Baeza, Jaén. Los silbidos duraron cerca de ocho segundos cuando el ministro de Interior intentaba expresar su «rabia» por lo sucedido.
Marlaska quiso subsanar la confusión causada por Montero: «Está claro que se trata de una muerte en acto de servicio». Sin embargo, su discurso fue respondido con una protesta audible por parte de familiares y agentes presentes.
La tragedia de Huelva remite inevitablemente a la de Barbate. El 9 de febrero de 2024, hace poco más de dos años, traficantes a bordo de una planeadora causaron la muerte de dos agentes de la Guardia Civil e hirieron a otros dos al arrollar voluntariamente la patrullera.
Ese suceso también ocurrió en aguas andaluzas durante una persecución contra el narcotráfico. Los delincuentes navegaban en una embarcación mucho mejor equipada que las patrulleras oficiales y embistieron deliberadamente a los guardias.