Las claves
El Senado ha rechazado a la ministra Sara Aagesen debido a su manejo del apagón eléctrico ocurrido el 28 de abril de 2025 y a las sospechas de corrupción vinculadas a su gestión medioambiental.
La propuesta, respaldada por PP, Vox y UPN, solicita al presidente Pedro Sánchez la destitución inmediata de Aagesen por comprometer la integridad institucional y la transparencia pública.
La oposición censura la carencia de explicaciones claras por parte de la ministra, la ocultación de datos y la mala administración de la crisis energética en España.
Algunos grupos políticos, como Junts y PNV, han cuestionado el empleo partidista de la reprobación y su uso excesivo como herramienta política.
En la sesión plenaria del Senado celebrada este miércoles, se ha reprobado a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, por su actuación frente al apagón eléctrico del 28 de abril de 2025, así como por las «sospechas» de corrupción relacionadas con su política ambiental.
La moción de censura, impulsada por el PP y con un resultado de 144 votos a favor, 102 en contra y once abstenciones, ha contado con el respaldo de Vox y UPN. Además, reclama al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el «cese inmediato» de Aagesen debido a que habría puesto en riesgo la veracidad institucional, la transparencia en la gestión pública y la ejemplaridad que se exige a su cargo.
La senadora del PP, Carmen Ballester, aseguró que, a un año del apagón, la ministra «no ha logrado ofrecer una explicación clara» de los hechos y que su gestión se ha basado en «ocultar información» y «desviar el foco».
La también alcaldesa de Castellón afirmó que Aagesen es «una ministra incompetente en un Gobierno ineficaz», y criticó que, pese a tener cuatro años para solucionar la «fragilidad estructural conocida desde 2021» que originó el apagón -como concluyó la comisión de investigación del Senado-, no tomó medidas al respecto.
Añadió que la grave crisis energética actual que enfrenta España es consecuencia del «ecologismo de despacho practicado por el socialismo» y que su modelo de transición ecológica supone «legislar en contra del crecimiento empresarial y convertir la sostenibilidad en un negocio lucrativo para unos pocos».
En este sentido, mencionó reportajes periodísticos que señalan que la «empresa vinculada a su esposo habría duplicado sus ingresos durante el periodo del Gobierno en el que participa, presuntamente gracias a contratos y relaciones vinculadas al sector público y energético».
En línea con esto, la diputada de Vox, Paloma Gómez, acusó a la ministra de gestionar con «negligencia», de haber «comprometido la seguridad energética de los ciudadanos» y de operar con «falta de transparencia» e «ineficiencia».
Gómez sostuvo que el apagón «no fue un accidente inevitable, como trató de hacer creer la ministra, sino el resultado de un control deficiente sobre las infraestructuras críticas por parte de su departamento». Asimismo, mencionó la implicación de la ministra en los casos Villafuel y Forestalia, y criticó la «complicidad» del PP con la estrategia europea del Pacto Verde.
Abuso de la reprobación
Desde el grupo plural, María Teresa Payarés (Junts) coincidió en denunciar la «falta de transparencia» y las «explicaciones escasas y contradictorias» de la ministra, pero expresó su rechazo al «uso partidista y electoralista» que el PP hace del Senado con esta clase de mociones.
Para ella, el PP «no busca esclarecer los hechos ni mejorar el sistema energético, ni escucha a la ministra, sino que aprovecha una crisis grave para desarrollar una operación política de confrontación sin presentar propuestas estructurales para el país». Su grupo optó por abstenerse.
El portavoz de Izquierda Confederal, Fabián Chinea (Agrupación Socialista de Gomera), rechazó respaldar la reprobación argumentando que se trata de un «instrumento de gran severidad institucional que debería reservarse para situaciones excepcionales».
El PNV incluso decidió no participar en el debate como forma de protesta contra el «uso excesivo de las reprobaciones, que ha provocado una sobrecarga de esta herramienta y la pérdida de su significado».
Por último, el socialista José Francisco Hila declaró que el PP ha «reemplazado el análisis técnico por la acusación política» y que «no pretende aclarar lo sucedido, sino señalar a un culpable». También defendió que España es «un referente en la transición energética y que el Gobierno socialista administra mejor las crisis que los gobiernos autonómicos del PP».