Las claves
La Comisión Europea analizará si la invitación del Gobierno español a Delcy Rodríguez para la Cumbre Iberoamericana en Madrid incumple la política de sanciones de la UE contra Venezuela.
Desde 2018, Delcy Rodríguez tiene prohibida la entrada al espacio comunitario por violaciones de derechos humanos y el debilitamiento de la democracia.
El Partido Popular Europeo insta a la Comisión a aclarar si dicha invitación representa una excepción legal o un incumplimiento del marco europeo de sanciones.
El Parlamento Europeo mantiene las restricciones contra Venezuela hasta que se produzcan avances democráticos verificables, como una ley de amnistía efectiva y la liberación de presos políticos.
La invitación del Gobierno de Pedro Sánchez a Delcy Rodríguez para participar en la Cumbre Iberoamericana de Madrid en noviembre ha trascendido el ámbito político para situarse en el plano jurídico europeo. La Comisión debe decidir si esta acción del Ejecutivo español «viola la posición común» de la UE en materia de sanciones contra Venezuela.
El Ejecutivo de Ursula von der Leyen y la Alta Representante de Política Exterior, Kaja Kallas, tienen que responder por escrito a una pregunta presentada en el Parlamento Europeo por la vicepresidenta del Grupo Popular Europeo, Dolors Montserrat.
En la iniciativa, a la que ha tenido acceso este medio, la líder del PPE cuestiona abiertamente «si es compatible con el Derecho de la Unión extender una invitación a una persona con prohibición de ingreso en territorio comunitario».
El asunto involucra a la actual presidenta encargada de Venezuela, quien desde 2018 forma parte de la lista de altos funcionarios del régimen sometidos a sanciones individuales por violaciones de derechos humanos y por socavar la democracia y el Estado de Derecho.
El Gobierno español ha confirmado su intención de que represente a Caracas en el encuentro de noviembre en Madrid, a pesar de la restricción, que el propio Sánchez apoyó en su primer Consejo Europeo en julio de ese año.
El ataque del PPE se produce en medio del enfrentamiento entre la política del Ejecutivo español y la postura adoptada por la mayoría del Parlamento Europeo. Mientras José Manuel Albares aboga por levantar las sanciones a Delcy y promueve su invitación a la cumbre, el Parlamento Europeo ha votado mantenerlas hasta que se certifiquen avances «irreversibles» hacia una transición democrática auténtica en Venezuela.
En su comunicado, Montserrat recuerda que la Resolución, aprobada el 30 de abril, exige condiciones precisas para considerar cualquier flexibilización: la existencia de una «ley de amnistía auténtica», más allá de la suspendida por el gobierno de Rodríguez, la «liberación de todos los presos políticos» (alrededor de 470 aún permanecen en prisiones del régimen) y reformas que posibiliten «elecciones libres».
El texto señala que hasta ahora nada de esto se ha concretado.
Consecuencias para España
La eurodiputada del PPE destaca además que las sanciones vigentes desde 2017 incluyen «expresamente» la prohibición de ingreso en la UE y el congelamiento de activos para los altos cargos señalados, entre ellos Delcy. Por ello, pide a la Comisión que confirme si la invitación española podría considerarse «una violación de la posición común» o si existen excepciones.
En su consulta, Montserrat solicita que la Comisión especifique qué consecuencias acarrearía para España ignorar el marco europeo. Pregunta si el Ejecutivo comunitario ha recibido «alguna solicitud formal de excepción o derogación» de Madrid y qué impacto tendría que el Gobierno permitiera la presencia de Delcy en la cumbre sin esa aprobación previa.
El trasfondo político es claro. Mientras Albares defiende que España «actúa correctamente, invitando a quien ostenta la representación internacional» de cada país, el principal grupo del Parlamento Europeo acusa a Sánchez de «sobrepasar los límites» del sistema de sanciones por motivos ideológicos y económicos: el PPE habla abiertamente de un «desafío a Bruselas».
En declaraciones a este medio, Montserrat critica con dureza tanto a la presidenta encargada venezolana como al Gobierno español. Define a Delcy Rodríguez como «la mano derecha de dos narcodictadores como Hugo Chávez y Nicolás Maduro» y acusa a Sánchez de legitimar al régimen chavista al invitarla a Madrid mientras continúa la tortura en las cárceles y ella permanece sancionada por toda la UE.
Blanquear el chavismo
La eurodiputada vincula esta invitación con la reciente decisión de Rodríguez de anular la Ley de Amnistía que Albares había utilizado como argumento para pedir el levantamiento de las sanciones. Recordó que esa reversión fue duramente criticada por el Parlamento Europeo porque mantiene condenados a centenares de opositores y cuestiona la sinceridad del proceso de transición.
«Europa demanda avances democráticos verificables antes de suspender cualquier sanción», insiste Montserrat. Añade que la postura de la Eurocámara ha sido «unánime» respecto a Sánchez, Albares y José Luis Rodríguez Zapatero, a quienes acusa de liderar una maniobra política para rehabilitar internacionalmente al chavismo.
En este contexto, la pregunta presentada en Bruselas busca forzar a la Comisión a establecer un criterio definido sobre las invitaciones a líderes sancionados.
No solo respecto al caso particular de Delcy, sino sobre el margen que tienen los gobiernos nacionales para permitir excepciones diplomáticas sin anular las sanciones decididas por el Consejo.
El debate coincide con una práctica conocida: autorizar de manera puntual la presencia en territorio de la UE de personas sancionadas cuando representan oficialmente a su país en cumbres internacionales. Esa excepción se ha aplicado en ocasiones anteriores, incluso con Delcy en una cumbre UE-Celac en Bruselas.
La respuesta que la Comisión ofrezca a la consulta de Montserrat será crucial para determinar si Bruselas considera la invitación a Delcy una excepción jurídicamente viable o una infracción de la posición común.
Mientras tanto, el Gobierno español permanecerá en el punto de mira de la principal familia política europea, que ya ha manifestado que no aceptará abrir la puerta a dictadores ni «por totalitarismo ni por acuerdos relacionados con hidrocarburos».